La organización pide a la autoridades sudafricanas que garanticen que se lleva a juicio a quienes pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por los homicidios del 16 de agosto de 2012 y se ofrece reparación, incluida indemnización adecuada, a las víctimas y a sus familias.

Las víctimas de la sangrienta tragedia de Marikana, en la que 34 personas murieron y al menos 70 resultaron heridas a manos del Servicio de Policía de Sudáfrica durante una huelga de minería, siguen esperando justicia cinco años después, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La organización pide a la autoridades sudafricanas que garanticen que se lleva a juicio a quienes pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por los homicidios del 16 de agosto de 2012 y se ofrece reparación, incluida indemnización adecuada, a las víctimas y a sus familias.

“La tragedia de los homicidios de Marikana se ve agravada por el escandaloso hecho que no se haya obligado aún a rendir cuentas a ninguno de los responsables”, ha señalado Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica.

“Si el gobierno sudafricano quiere demostrar que está comprometido con la verdad y los derechos humanos, debe garantizar que los engranajes de la justicia comienzan a girar mucho más rápido que en los últimos cinco años.”

En junio de 2015, la comisión Farlam, establecida por el gobierno para examinar las circunstancias de los homicidios, recomendó llevar a cabo una investigación completa, auspiciada por el director de la Fiscalía, con miras a determinar la responsabilidad penal de los miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica  implicados en los sucesos de Marikana.

En diciembre de 2016, el presidente Jacob Zuma anunció que se iban a presentar cargos penales contra altos cargos de la policía implicados en los homicidios

En marzo de 2017, el órgano de vigilancia de la policía, la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía, identificó a 72 agentes susceptibles de procesamiento por su papel en los homicidios de Marikana. La lista de casos se presentó a la Fiscalía Nacional en mayo.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha procesado a ninguno de los agentes implicados.

Justicia demorada: hablan las víctimas cinco años después
En julio de 2017, Amnistía Internacional se reunió con algunas de las víctimas de los disparos y con sus familias en el asentamiento informal de Nkaneng, cerca del pozo Roland de Lonmin, donde continúan habitando en precarias condiciones en viviendas inadecuadas.

En el informe de 2016 Smoke and mirrors: Lonmin’s failure to address housing conditions at Marikana, Amnistía Internacional reveló que la empresa propietaria de la mina, Lonmin Plc, radicada en Reino Unido, se había comprometido a tener construidas 5.500 casas para los trabajadores en 2011 en el marco de su Plan Social y Laboral 2006.

Las pésimas condiciones de vivienda de los empleados de Lonmin, junto con las reclamaciones por los bajos salarios, fueron una de las principales causas de la huelga.

Muchas de las personas con las que Amnistía Internacional habló expresaron su enojo y su decepción por lo poco que había cambiado la situación en los cinco años transcurridos desde los homicidios.

*Johannes Khwedu, ex empleado de Lonmin a quien habían matado a un amigo de la infancia en Marikana, dijo que no se había tomado ninguna medida contra la policía que disparó contra la manifestación de mineros delante de las cámaras de las cadenas internacionales de televisión.

“¿Cómo pueden matar a tanta gente sin consecuencias? El gobierno tiene que detener a quienes lo hicieron”, dijo a Amnistía Internacional.

*Justin Kolobe, operario de perforadora de la mina de Lonmin que sobrevivió a los disparos, pero con parálisis permanente, está todavía esperando justicia y reparación. Culpa por completo al gobierno sudafricano de la falta de avances.

“No les va a pasar nada a quienes nos dispararon. Es por el gobierno. Si no quieren que pase nada, no pasará nada.” Que se olvide”, dijo.

*Sarafina Jobe perdió a su esposo, empleado de Marikana, como consecuencia de los disparos y a duras penas puede alimentar y mantener a su familia sin los 2.850 rands (215 dólares estadounidenses) que llevaba a casa al mes.

Contó a Amnistía Internacional: “Siendo verdadero dolor a veces cuando pienso que se ha ido. El corazón me late muy rápido, me duele el pecho y me da dolor de cabeza por las noches cuando lo pienso. Queremos una indemnización y queremos saber cómo murieron nuestros esposos, quiénes los mataron y por qué. Es la única forma de reconocer que hemos perdido a una persona y que él nunca podrá ser reemplazado.

*La identidad real de estas personas se ha modificado para protegerlas de posibles represalias.

Información complementaria

El 16 de agosto de 2012, el Servicio de Policía de Sudáfrica mató por disparos a 34 hombres en Marikana. Más de 70 sufrieron heridas graves. Los hombres eran empleados de Lonmin y participaban en una huelga para protestar por el salario y las condiciones de trabajo en la mina.

Peritos antropólogos del Estado e independientes que practicaron la autopsia a los cadáveres de los 34 hombres muertos el 16 de agosto determinaron que 30 de ellos habían muerto por lesiones causadas por munición policial de alta velocidad disparada con fusiles de asalto R5. En otros tres casos, las heridas mortales habían sido causadas por balas de pistola, y en el último caso, por munición de escopeta.

Los homicidios del 16 de agosto se cometieron en una atmósfera de creciente tensión, acumulada durante los días en que se fue gestando la huelga.

El 13 de agosto, la policía había matado a tres mineros que se habían declarado en huelga, y entre el 12 y el 14, personas que estaban, presuntamente, en el grupo de huelguistas habían matado a dos miembros del personal de seguridad de Lonmin, a dos agentes de policía y a tres mineros no participantes en la huelga.

En agosto de 2017, la Fiscalía Nacional aplazó indefinidamente el juicio de 17 líderes de los huelguistas, relacionados con los homicidios cometidos entre el 12 y el 14 de agosto de 2012.

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