Un proyecto de ley dirigido a despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias específicas en Chile podría ser modificado en términos que restringirían aún más el acceso a aborto legal y servicios sexuales y reproductivos relacionados para mujeres y niñas, poniendo sus vidas y su bienestar en riesgo.

Un proyecto de ley dirigido a despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias específicas en Chile podría ser modificado en términos que restringirían aún más el acceso a aborto legal y servicios sexuales y reproductivos relacionados para mujeres y niñas, poniendo sus vidas y su bienestar en riesgo.

El proyecto de “Ley que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales”, proyecto que establecería la despenalización y el acceso a un aborto cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no puede sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo es el resultado de una violación, fue aprobado por la Cámara de Diputados Chilena en marzo de 2016 y está actualmente discutida en la Comisión de Constitución del Senado para revisión. Sin embargo, actualmente se han propuesto una serie de enmiendas que establecerían mayores restricciones y barreras para acceder a servicios de aborto.

La primera enmienda preocupante permitiría que cualquier miembro del equipo médico, e incluso instituciones de salud, puedan negarse a ejecutar un aborto bajo el principio de la “objeción de conciencia”. Esto podría limitar gravemente el acceso de las mujeres y las niñas a abortos seguros, y podría ser una violación al derecho internacional que regula la objeción de conciencia en casos cuando la vida de la mujer o niña está en peligro. La segunda enmienda más preocupante establecería requerimientos adicionales para “probar” una violación, de manera tal que víctimas de violación tengan acceso a un aborto legal, posiblemente exigiéndoles interponer una denuncia formal de la violación para que las autoridades investiguen dicho delito. Si estos dos cambios al proyecto de ley se aprobaran, debilitarían considerablemente el alcance de la ley y podrían restringir severamente el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto legales y seguros. Estas enmiendas también pueden disuadir a las mujeres y niñas de solicitar servicios seguros de aborto en caso de violación, posiblemente arriesgando criminalización por realizarse un aborto sin cumplir con todos los requisitos legales, debido a exigencias de denuncia onerosas e intrusivas.

Información complementaria

En 1989, el régimen de Pinochet derogó el artículo 119 del Código Sanitario, prohibiendo todo tipo de aborto, con lo cual se convirtió en delito sin excepciones. Durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se aprobó una ley sobre Regulación de la Fertilidad, que incluyó anticoncepción oral de emergencia, también conocida como la “píldora del día después”.

El 31 de enero de 2015, durante su segundo gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley al Congreso para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no puede sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo es el resultado de una violación. También establecía que los/las profesionales de la salud tenían la obligación de mantener la confidencialidad respecto de cualquier aborto del que tomen conocimiento, incluso si estaba fuera de las tres causales legales.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en marzo de 2016, pero se le introdujeron diversas modificaciones al proyecto de ley original. La versión aprobada no contiene la garantía de confidencialidad. También incluye una obligación de los/las profesionales de la salud de informar a la Fiscalía Nacional si una mujer solicita servicios de aborto debido a una violación.

El proyecto de ley está actualmente siendo discutido en la Comisión de Constitución del Senado, y debe luego ser revisado por la Comisión de Hacienda para luego ser votado en la Sala del Senado y posteriormente la Sala de la Cámara de Diputados. Se espera que estas revisiones concluyan a mediados o fines de julio de este año.