La policía detuvo y golpeó duramente al líder de facto de las protestas sociales en curso en la región del Rif, en Marruecos, han declarado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional, basándose en lo que el líder de las protestas ha contado a su abogado. Las autoridades están investigando a Nasser Zefzafi, líder de las protestas, por cargos graves, incluido uno que acarrea la pena de muerte y otros que parecen ser de naturaleza política

La policía detuvo y golpeó duramente al líder de facto de las protestas sociales en curso en la región del Rif, en Marruecos, han declarado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional, basándose en lo que el líder de las protestas ha contado a su abogado. Las autoridades están investigando a Nasser Zefzafi, líder de las protestas, por cargos graves, incluido uno que acarrea la pena de muerte y otros que parecen ser de naturaleza política.

Zefzafi, de 38 años, es el más conocido de los al menos 127 manifestantes y activistas encarcelados durante la represión policial de las manifestaciones mayoritariamente pacíficas en el norte de Marruecos que comenzaron a finales de mayo de 2017. En su comparecencia ante el fiscal el 5 de junio, Zefzafi solicitó un examen médico para que se documentaran los abusos sufridos. No obstante, la solicitud todavía no ha sido aceptada, según ha afirmado Abdelaziz Nouaydi, uno de los abogados de Zefzafi, lo que suscita preocupación por el incumplimiento por parte del tribunal de su deber de investigar las denuncias de violencia policial.

“Las autoridades marroquíes deberían investigar las denuncias creíbles de violencia policial contra Zefzafi y abstenerse de presentar cualquier cargo relacionado con la expresión o protesta pacíficas”, ha afirmado Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África Septentrional de Human Rights Watch. “En esta fase, parece que el caso consiste más bien en castigar duramente al líder de las protestas que en sancionar un conducta delictiva.”

La policía arrestó a Zefzafi el 29 de mayo en el pueblo de Douar Lahrech, a unos 50 kilómetros de Alhucemas, la principal ciudad del Rif. Su detención se produjo tres días después de que Zefzafi interrumpiera el sermón del viernes en una mezquita de Alhucemas para defender el movimiento de protesta en el Rif a raíz de que el imán, que es funcionario del Estado, lo criticara en su sermón.

Aproximadamente a las 6.30 de la mañana del 29 de mayo, unos diez policías de la Brigada Nacional de la Policía Judicial echaron abajo la puerta de la casa donde estaban Zefzafi y otros dos activistas, Fahim Ghattas y Mohamed Haki, según contó Zefzafi a Nouaydi el 12 de junio en la prisión de Oukacha, en Casablanca. La policía rompió muebles y ventanas y agredió a los tres hombres aunque éstos no ofrecieron resistencia, declaró Zefzafi. Dijo que tenía un corte de 1,5 centímetros en el cuero cabelludo, otro debajo del ojo izquierdo y hematomas en la espalda. 

Según el relato de Zefzafi, la policía insultó groseramente a los tres hombres, los presionó para que gritaran “¡Larga vida al rey!” y los llamó “separatistas”. La policía los llevó a Alhucemas y luego los trasladó en avión a Casablanca encapuchados y esposados. Allí, la policía llevó a Zefzafi a recibir atención médica, incluidos puntos de sutura en el cuero cabelludo, y se le dio ropa limpia para que se quitara la que estaba manchada de sangre.

Nouaydi contó a Human Rights Watch que el 12 de junio mantuvo otra entrevista con Ghattas, cuyo relato sobre la detención confirmaba el de Zefzafi.

Zefzafi permaneció en prisión preventiva desde el 29 de mayo hasta el 5 de junio, cuando él y los demás detenidos fueron llevados ante el fiscal general de la Corona en el Tribunal de Apelaciones de Casablanca. El Código de Procedimiento Penal permite ampliar la prisión preventiva a un máximo de ocho días en los casos relativos a delitos contra la seguridad del Estado. Nouaydi, que formaba parte de la representación letrada de los acusados en la vista judicial, dijo que Zefzafi había detallado al fiscal la conducta de la policía durante la operación de arresto y había solicitado un examen médico.

Salvo contadas excepciones, el Código de Procedimiento Penal de Marruecos obliga al fiscal y al juez instructor a ordenar que se realice un examen médico a un detenido cuando éste lo solicite o cuando el fiscal o el juez vean señales de violencia en el detenido.

La tarde de la vista, el fiscal general de la Corona derivó a los acusados al juez instructor. Según el documento de derivación del fiscal, con fecha 14 de junio y publicado en el sitio web de noticias badil.info, entre los cargos que pedía al juez que investigase se incluía uno que acarrea la pena de muerte: “participar en actos que perjudiquen la seguridad interna del Estado mediante un ataque cuya finalidad sea causar destrucción, homicidios y robos en más de una región”.

El fiscal también recomendó los cargos de “participar en actos violentos contra las fuerzas de seguridad del Estado que ocasionen derramamiento de sangre”; “conspirar para perjudicar la seguridad interna del Estado”; “dañar la seguridad interna del Estado recibiendo sumas de dinero […] para financiar actividades y propaganda que perjudiquen la unidad y soberanía del Reino de Marruecos y socaven la confianza de los ciudadanos en el Estado y las instituciones del pueblo marroquí”; “organizar manifestaciones sin autorización y celebrar concentraciones públicas sin permiso y participar en concentración armada”; “insultar a las instituciones del Estado y a los agentes de seguridad pública”, e “incitar públicamente contra la integridad territorial del reino”.

Aunque los cargos recomendados incluyen actos de violencia que son delitos reconocibles, muchos de los demás cargos bien vulneran, por su propia naturaleza, derechos básicos (como “insultar a las instituciones del Estado”), bien son tan vagos e imprecisos que las autoridades pueden emplearlos fácilmente para castigar a oponentes políticos por expresarse o protestar pacíficamente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —ratificado por Marruecos en 1979— y la Constitución de Marruecos de 2011 garantizan el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.

El juez instructor dictó prisión preventiva contra Zefzafi. Las pruebas contra él todavía no están disponibles. El gobierno no ha respondido a las peticiones de información sobre el caso realizadas por Human Rights Watch.

El Rif se ha visto sacudido por protestas desde octubre de 2016, después de que el pescadero Mohsen Fikri muriera aplastado en un camión de basura al que había trepado para recuperar una gran cantidad de pez espada que las autoridades le habían confiscado aduciendo que se había pescado de manera ilegal. Zefzafi, un hombre desempleado, cobró prestigio en el Rif por sus encendidos discursos sobre justicia social, que podían verse en las redes sociales. Finalmente, se convirtió en el principal líder de las protestas callejeras contra lo que se percibe como la marginación del Rif por parte del Estado, y a favor de más puestos de trabajo y mejores servicios sociales en la región.

A pesar de que las manifestaciones eran mayoritariamente pacíficas, se produjeron incidentes en los que personas descritas como manifestantes por la policía lanzaron piedras y prendieron fuego a viviendas y vehículos policiales. La policía comenzó a detener a activistas el 26 de mayo. Desde entonces, al menos 83 han sido enjuiciados en Alhucemas, de los que 32 han sido condenados a entre 2 y 18 meses de cárcel. Otro grupo de al menos 45 personas, entre las que se hallaba Zefzafi, fue trasladado a Casablanca y están actualmente en espera de juicio, ha afirmado Driss Ouaali de Rabat, otro abogado defensor del grupo. Unos pocos fueron puestos en libertad en espera de juicio y otros permanecen bajo custodia.

Los abogados defensores dijeron que Zefzafi deberá comparecer ante el juez instructor el 10 de julio para seguir siendo interrogado.

Nouaydi, su abogado defensor, es miembro del Comité Asesor de la Sección para  Medio Oriente y el África Septentrional de Human Rights Watch.

“Además de Zefzafi y Ghattas, muchos otros manifestantes y activistas del Rif han denunciado la brutalidad policial tras las detenciones”, ha afirmado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África. “Para luchar contra la impunidad y garantizar juicios justos, los tribunales de Casablanca y Alhucemas deben garantizar la realización sin demora de exámenes médicos a los acusados y la preservación de toda prueba física pertinente.”

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