Mientras se celebraba en todo el planeta el día mundial de los refugiados, apareció la acostumbrada noticia de que al menos 120 personas se habían ahogado frente a la costa libia. Con ellas, el  número total de personas muertas desde principios de año al intentar cruzar el Mediterráneo central asciende a más de 1.800

Mientras se celebraba en todo el planeta el día mundial de los refugiados, apareció la acostumbrada noticia de que al menos 120 personas se habían ahogado frente a la costa libia. Con ellas, el  número total de personas muertas desde principios de año al intentar cruzar el Mediterráneo central asciende a más de 1.800.

En este luctuoso contexto, los líderes europeos se reúnen hoy en Bruselas para hablar de migración. Cada uno de ellos lamentará, sin duda, estas últimas muertes. Pero a pesar de sus retóricas lamentaciones, el debate no estará centrado en la importancia de salvar vidas.  Tratará más bien de cómo reducir el número de personas que llegan a Europa reforzando la cooperación con los países africanos para que contengan la migración irregular.

Esta estrategia no sólo exacerba la disparidad existente entre los países desarrollados y en desarrollo en lo que respecta al número de personas refugiadas que aceptan, sino que también menoscaba la credibilidad de la UE cuando se declara abanderada de los derechos humanos.

Además, se está aplicando por medio de políticas equivocadas.

En vez de ofrecer a las personas refugiadas y migrantes oportunidades para no tener que cruzar las fronteras de manera irregular, como la creación de rutas legales y sin riesgos hacia Europa,  y en vez de mejorar las condiciones en los campos de refugiados y establecer sistemas de asilo viables, se ha centrado la atención en intensificar el control de fronteras y las devoluciones.

No importa cuánto dinero inviertan los gobiernos europeos en proyectos internacionales de ayuda humanitaria dirigidos supuestamente a abordar las causas básicas del desplazamiento, porque lo cierto es que, hasta ahora, los líderes de la UE han favorecido en gran medida proyectos que crean barreras a la migración y se han servido de la ayuda internacional humanitaria para conseguir que los gobiernos africanos cooperen en su aplicación. Actualmente, su método preferido parece ser la “externalización”. Consiste en convencer a los países de origen o de tránsito de personas refugiadas y migrantes de que endurezcan los controles fronterizos o en delegar la responsabilidad de protección en otros países.

Las políticas de externalización aumentan las probabilidades de que se cometan violaciones de derechos humanos. Eso es lo que ocurre, en particular, cuando se fomenta políticamente (incluso aprovechando la ayuda humanitaria) y se facilita técnicamente (por medio de formación y material) la adopción de medidas para endurecer el control de fronteras en países con trayectorias problemáticas en materia de derechos humanos.

Las políticas de externalización pueden fomentar o facilitar la devoluciones (refoulement), las expulsiones colectivas, las detenciones arbitrarias, los malos tratos y otras violaciones graves de derechos humanos. Invertir en tales medidas podría incluso no producir el resultado deseado de reducir las llegadas irregulares. A falta de alternativas al peligroso viaje irregular por mar, las personas que huyen de situaciones de conflicto, persecución y pobreza tendrán todavía que escapar de la única manera que pueden hacerlo y pondrán sus vidas en manos de contrabandistas sin escrúpulos.

Un vergonzoso ejemplo de cómo se aplica este método en la práctica es la cooperación de Europa con Libia. A pesar de las advertencias en contra de ella porque hará que continúen e incluso aumenten las violaciones de derechos humanos, los líderes europeos han seguido afianzando la cooperación con la guardia costera libia, proporcionándole formación e incluso barcos, con la esperanza de que detenga los intentos de cruzar el mar. Ahora están considerando la posibilidad de ayudar a mejorar la capacidad libia de control de fronteras en el sur del país.

Esta cooperación se está produciendo sin que exista un plan concreto para mejorar la protección de los derechos humanos en Libia, en particular la situación de las personas refugiadas y migrantes en el país. Se detiene automáticamente a estas personas, y las que necesitan protección internacional no tiene posibilidad de solicitar asilo, pues Libia carece del marco jurídico necesario. De hecho, al capacitar a la guardia costera libia para que intercepte a las personas refugiadas y migrantes en el mar y las lleve de regreso a Libia, la política de la UE deja a miles de personas expuestas a sufrir indescriptibles abusos en los centros de detención donde las envían al desembarcar. Son centros donde permanecen recluidas indefinidamente, sometidas a tortura, palizas, violaciones y explotación por los guardias.

Como hemos visto en múltiples interceptaciones llevadas a cabo en el mar en los últimos meses, los guardacostas libios no aplican los protocolos básicos de seguridad ni las normas internacionales, llegando incluso a disparar durante operaciones de socorro en el mar. Se pone a las personas refugiadas y migrantes en peligro y la UE mira a otro lado. Mientras tanto, el número de travesías irregulares y de muertes en el mar continúa aumentando.

Este hecho quizá sea el ejemplo más preocupante de cómo la cooperación puede tener consecuencias no deseadas pero predecibles, pero no es en absoluto el único. En su afán de encontrar soluciones rápidas para reducir la migración, los gobiernos europeos están adoptando además medidas –como calificar determinados países de “seguros” para los retornos– que aumentan el riesgo de violaciones de derechos humanos. Tal es su desesperación por lograr el objetivo de reducir las llegadas que están dispuestos a pisotear los derechos de las personas –hombres, mujeres, niñas y niños– que buscan seguridad en Europa.

Los líderes de la UE tienen la oportunidad de invertir este curso de acción. Como mínimo, deben renunciar a toda forma de cooperación que pueda suponer dejar a las personas refugiadas y migrantes atrapadas en países donde están expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos, como Libia y Sudán. Deben hacer seguimiento y abordar los riesgos que pueda comportar para los derechos humanos toda forma de cooperación.

Hace falta un plan audaz para mejorar la protección de los derechos humanos y facilitar rutas seguras a tanto a las personas refugiadas como a las migrantes potenciales

Matteo de Bellis.

Pero se necesita un cambio mucho más radical. Cuando revisen hoy y mañana sus políticas migratorias externas, los líderes europeos deben dejar de centrarse en el objetivo a corto plazo de reducir las llegadas irregulares por mar mediante políticas de externalización. En vez de ello es necesario elaborar un plan para mejorar la protección de los derechos humanos en los países de origen y de tránsito y crear rutas seguras tanto para las personas refugiadas como para las migrantes potenciales. Tales medidas ofrecerían una alternativa más segura y ordenada a las peligrosas travesías irregulares, con lo que las personas refugiadas y migrantes se alejarían de la redes delictivas que se aprovechan de su desgracia. Sólo entonces la tragedia de las vidas perdidas en el mar será cosa del pasado y los derechos de estos hombres, mujeres, niñas y niños vulnerables estarán verdaderamente protegidos.