Sola y con nueve hijos que alimentar, Joyce decidió marcharse, huir de la violencia que asolaba su tierra natal. Así que se sumó los centenares de miles de personas que huían hacia el sur para pasar a Uganda.

A sus 37 años Joyce lo ha visto ya todo. Se asomó al abismo de la crueldad humana y vivió para contarlo. En septiembre de 2016, unos soldados irrumpieron en su casa, en Kajo Keji, Sudán del Sur, donde vivía con su esposo y sus hijos. Ataron a su esposo las manos a la espalda y le asestaron múltiples puñaladas, hasta que cayó muerto.

Sola y con nueve hijos que alimentar, Joyce decidió marcharse, huir de la violencia que asolaba su tierra natal. Así que se sumó los centenares de miles de personas que huían hacia el sur para pasar a Uganda.

Pero, aunque tras la marcha a pie hasta Uganda, corre menos riesgo de que los soldados o los rebeldes la maten de un tiro o la violen, su vida es todavía una penosa lucha diaria. Carece aún de lo más básico, incluidos alimentos, agua y cobijo.

Y no está sola: miles y miles de personas refugiadas sursudanesas –casi dos tercios de ellas niños y niñas– viven en condiciones lamentables debido la vergonzosa falta de financiación de la comunidad internacional a las iniciativas en favor de los refugiados de Uganda, país que ha continuado acogiéndolos a pesar de sus militados recursos.

Los países más ricos del mundo no hacen nada para ayudar a estas personas.

Los fondos aportados en respuesta a los llamamientos de la ONU para atender a las comunidades refugiadas son totalmente insuficientes, así que millones de personas refugiadas viven en condiciones de miseria, y son poquísimas las plazas de reasentamiento que se ofrecen, pese a que los Estados tienen la obligación internacional de compartir la responsabilidad.

Con más de 900.000 personas refugiadas sursudanesas ya en su territorio y miles más llegando cada día, Uganda se enfrenta a una de las mayores crisis de refugiados del mundo.

Conocida y elogiada por su progresista política sobre refugiados, Uganda les ha abierto sus puertas a pesar de las dificultades económicas, pero se está empezando a resentir debido a la presión y a la necesidad de apoyo internacional.

Con esta política, a las personas refugiadas se les ofrece terreno para vivir y cultivar y tienen el mismo acceso que la ciudadanía a los servicios básicos, incluidas la atención de la salud y la educación. También tienen derecho a trabajar ya montar a tener un negocio propio.

Las autoridades pretenden que en el plazo de cinco años sean autosuficientes y no tengan que depender ya de los organismos de ayuda humanitaria.

Sin embargo, la comunidad internacional no ha prestado aún a  Uganda y a su población refugiada el apoyo necesario. En mayo de 2017 sólo se habían aportado el 15% de los fondos solicitados para el Plan de Respuesta Regional para los Refugiados de Sudán del Sur. En 2016 se aportaron el 51,4%.

Esta falta de fondos no sólo pone en peligro la sostenibilidad de la progresista política de Uganda sobre refugiados, sino que tiene también devastadores efectos directos en la vida de las personas refugiadas.

En el marco de un reciente informe, Amnistía Internacional habló con más de 80 personas refugiadas sursudanesas en asentamientos de cuatro distritos del norte de Uganda, y todas ellas ofrecieron terribles testimonios de los abusos contra los derechos humanos de que habían huido, como homicidios, violaciones y tortura. Algunas, como Joyce, habían visto matar a sus seres queridos.

Pero en vez de recibir pleno apoyo para vivir con dignidad en Uganda, tenían que luchar para salir adelante por sí solas. Incluso las personas más vulnerables, como las víctimas de traumas con necesidades urgentes en materia de salud mental estaban desatendidas.

Más del 64 por ciento de las personas refugiadas de Sudán del Sur de Uganda tienen menos de 18 años. Muchas están en situación de riesgo y necesitan apoyo urgente.

Sin embargo, los llamamientos del gobierno ugandés, las Naciones Unidas y los organismos de ayuda humanitaria no han recibido respuesta.

Pero no es demasiado tarde.

Los países donantes, en especial Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros, Australia, Canadá, China y Japón, tienen mañana la oportunidad de cambiar esta situación en la Cumbre de Solidaridad con los Refugiados de Kampala. La comunidad internacional debe intensificar y mostrar su apoyo a Uganda y a las personas refugiadas que tan acogedora bienvenida ha recibido allí. Sus vidas dependen de ello.

Khairunissa Dhala es investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las opiniones expresadas en este artículo son de la autora y no reflejan necesariamente la política editorial de Al Yazira.