La represión y la violencia en las manifestaciones no son una novedad en Venezuela. En 2014 murieron más de 40 personas, 650 resultaron heridas y hubo más de dos mil detenidos.

Por Mariela Belski,

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina 

La represión y la violencia en las manifestaciones no son una novedad en Venezuela. En 2014 murieron más de 40 personas, 650 resultaron heridas y hubo más de dos mil detenidos.

Este panorama fue en aumento como también fue en alza la crisis y la impunidad.  Hoy en Venezuela no se vive, se sobrevive. La población está acostumbrada a las interminables estrategias para conseguir dos kilos de arroz,  medicamentos anticonvulsivos o  para tratar la hipertensión arterial. Todos se las arreglan con lo que hay.

La gente debe enfrentarse también al terror de salir a la calle. Viejos y jóvenes temen poner un pie fuera de sus casas, participar en manifestaciones pacíficas o quejarse sobre las políticas del gobierno.

Los venezolanos que salen  a la calle para ejercer su derecho humano a expresarse pueden ser atacados con gases lacrimógenos, golpeados, encerrados durante años en prisión sin el debido proceso o incluso pueden ser alcanzados por disparos de grupos paramilitares que, aunque no están reconocidos oficialmente  por las autoridades,  actúan sin control en todo el país. Las autoridades venezolanas se están valiendo del sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y sanción de quienes piensan de manera diferente.

El trágico contraste entre la Venezuela que describen las autoridades y aquella en la que realmente viven los venezolanos está profundamente marcado. El presidente Nicolás Maduro habla de un país en paz, donde la gente recibe alimentos y los hospitales están perfectamente abastecidos. Esto es pura ficción. Venezuela es un laberinto donde acceder a derechos básicos es una misión imposible.

En este contexto, Amnistía Internacional denunció las detenciones arbitrarias  llevadas a cabo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) sin orden judicial, procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y uso injustificado de la prisión preventiva y de campañas de difamación en los medios de comunicación contra miembros de la oposición política.

Amnistía Internacional documentó también casos de personas detenidas a las que se les restringió  el contacto con sus familias y sus abogados defensores, lo que hace que corran un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, en especial tortura y otros malos tratos.

Desde Amnistía Internacional exigimos que las autoridades venezolanas pongan fin a la práctica de detenciones arbitrarias y garanticen que quienes expresen opiniones disidentes no terminen en prisión. El derecho a la libertad de expresión, no es un derecho más, sino el más  importante de toda la estructura democrática.

Foto por sebastorg