Unas 400 personas de la Guatemala rural permanecen varadas en la frontera entre México y Guatemala en refugios temporales y tiendas, sin acceso adecuado a agua, comida o suministros médicos, después de que se haya ejecutado la orden de desalojo dictada contra ellas por un tribunal guatemalteco. Bebés, niños, niñas y personas ancianas sufren problemas de salud tales como diarrea y fiebre, y apenas hay acceso a ayuda humanitaria

Unas 400 personas de la Guatemala rural permanecen varadas en la frontera entre México y Guatemala en refugios temporales y tiendas, sin acceso adecuado a agua, comida o suministros médicos, después de que se haya ejecutado la orden de desalojo dictada contra ellas por un tribunal guatemalteco. Bebés, niños, niñas y personas ancianas sufren problemas de salud tales como diarrea y fiebre, y apenas hay acceso a ayuda humanitaria.

El 2 de junio, aproximadamente 400 personas (unas 70 familias con muchos niños y niñas de corta edad) de la comunidad de Laguna Larga, departamento de El Petén, Guatemala, llegaron a la frontera entre México y Guatemala. Habían abandonado las tierras en las que vivían, unas horas antes de que más de un millar de efectivos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas llevaran a cabo un desalojo masivo en esas tierras, tras una orden judicial dictada por un juez de San Andrés, El Petén. Los miembros de la comunidad viajaron a pie hasta el cercano México, atravesando un remoto territorio de jungla. Llegaron allí el 2 de junio y establecieron un campamento improvisado en el lado mexicano de la frontera con Guatemala, cerca de La Candelaria, estado de Campeche. La zona fronteriza está muy patrullada por el ejército, y en la región operan una serie de redes de tráfico de drogas y de seres humanos. Al lugar de acampada llegaron autoridades mexicanas del Instituto Nacional de Migración (INM) y proporcionaron suministros básicos, pero aún no han respondido adecuadamente a la crisis.

La orden de desalojo se dictó en el contexto de una larga disputa por la tenencia de tierras en el Parque Nacional Laguna del Tigre, que afecta a varias comunidades. Amnistía Internacional recibió información sobre otro desalojo inminente previsto en la comunidad cercana de Sacrificio El Reloj, que afectaría a aproximadamente 200 personas, así como otro en La Mestiza de la Laguna del Tigre, previsto para el 14 de junio. Este último podría dar lugar al desalojo de decenas de familias más y a su posible llegada, en las próximas semanas, a los campamentos improvisados en la frontera. Recientemente se ha establecido una mesa de diálogo entre las autoridades guatemaltecas y las comunidades afectadas pero, según los miembros de la comunidad y sus representantes, sus propuestas para resolver el problema no se tuvieron en cuenta. El diálogo está actualmente en un punto muerto.