A pesar de las amenazas y el hostigamiento el OVP continúa haciendo su trabajo a favor de la dignidad de las personas privadas de libertad en Venezuela

La Junta Nacional de Amnistía Internacional Venezuela, en una ceremonia llevada a cabo durante la última Asamblea General Ordinaria de la organización, otorgó el premio “Activismo Destacado 2017” al Observatorio Venezolano de Prisiones en “reconocimiento por su contribución, esfuerzo y valentía a favor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. En el evento estuvieron presentes no solo activistas de Amnistía Internacional Venezuela que se movilizan a lo largo del territorio nacional sino representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil de diferentes estados y personalidades invitadas

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) es la organización no gubernamental que tiene mayor trayectoria especializada en Venezuela en el trabajo por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.  Sus ejes de acción son la documentación, trabajando directamente en las cárceles venezolanas y en centros de reclusión preventiva de los cuerpos de seguridad locales, publicaciones, eventos y denuncia.

Defensorxs en peligro

Su director y fundador, Humberto Prado Sifontes (1 de septiembre de 1976), luego de ocho años privado de libertad se graduó como abogado y es ahora una referencia destacada, de alto perfil, en el ámbito de las defensoras y de los defensores de derechos humanos, corriendo su vida grave peligro tras una campaña de intimidación y amenazas de muerte emprendida contra él tras los violentos disturbios que estallaron el 12 de junio en la prisión de El Rodeo, estado Miranda. En aquella oportunidad Amnistía Internacional España lo tuvo que acoger por un tiempo. El Defensor Humberto Prado es beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 y reiteradas en el 2011, que requieren al Estado Venezolano “que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del Sr. Humberto Prado”, sin embargo, estas medidas se limita a que, de forma muy puntual, grupos de policías pasen por la oficina de la OVP y le pidan firmar un listado que acredita la visita.

Asimismo, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): expresó su rechazo ante información sobre descalificaciones contra el destacado defensor de derechos humanos Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, en relación a su trabajo de monitoreo del sistema penitenciario de Venezuela.

Sin embargo no solo Humberto Prado ha sufrido intimidación y amenazas debido a su labor en el OVP. Amnistía Internacional a nivel global lanzó una acción urgente a favor de Marianela Sánchez Ortiz en 2013, quien recibió una carta en la que le advertían que dejara de trabajar con el OVP y que ella y su familia estaban siendo vigiladas.

Necesidad del trabajo del OVP: Sobre las condiciones de reclusión

De acuerdo al último informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional en su capítulo dedicado a Venezuela, las cárceles del país seguían teniendo graves problemas de hacinamiento, y las condiciones de vida de la población reclusa —incluido el acceso a alimentos y la salud— empeoraron, a pesar del anuncio sobre nuevos centros de detención. La presencia de armas en posesión de los reclusos seguía siendo un problema que las autoridades no controlaron. Según el OVP, durante el primer semestre del año la población reclusa superaba en un 190% la capacidad máxima de los centros penitenciarios. Varias ONG locales también denunciaron la situación crítica en los centros de detención preventiva.

En marzo, 57 personas resultaron heridas en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, entre ellas cuatro reclusos, un funcionario de prisiones y el director de la cárcel. En agosto, siete personas murieron y varias resultaron heridas por la explosión de granadas durante un motín en el Centro Penitenciario de Aragua. En octubre, varios reclusos fueron desalojados de la Penitenciaría General de Venezuela tras semanas de enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana que, presuntamente, hizo uso excesivo de la fuerza.

Según el informe anual presentado por la Defensoría ante el Parlamento, 22.759 personas se hallaban detenidas en espera de juicio en dependencias policiales, lo que provocaba hacinamiento y la propagación de enfermedades y violencia.