El ejército estadounidense no ha supervisado debidamente transferencias de armas y otro material militar a Irak y Kuwait por valor de más de mil millones de dólares, según una auditoría del Departamento de Defensa que acaba de ser desclasificada que Amnistía Internacional ha obtenido en respuesta a sus solicitudes en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información.

 

La auditoría del gobierno, de septiembre de 2016, revela que el Departamento de Defensa “no llevó un registro preciso y actualizado de la cantidad y la situación” de ingentes cantidades de materiales transferidos a Irak y Kuwait para aprovisionar al ejército iraquí.

 

“Esta auditoría ofrece una visión preocupante del sistema defectuoso —y potencialmente peligroso— del ejército estadounidense para controlar transferencias de armas por valor de millones de dólares a una región tremendamente inestable”, ha dicho Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Control de Armas y Derechos Humanos.

“Sobre todo, da que pensar en vista del largo historial de desvío de armas estadounidenses a múltiples grupos armados que cometen atrocidades en Irak, entre ellos el grupo autodenominado Estado Islámico.”

 

Las transferencias militares se hicieron a través del Fondo de Adiestramiento y Pertrechos para Irak (Iraq Train and Equip Fund, ITEF), pieza fundamental de la cooperación de Estados Unidos e Irak en materia de seguridad. En 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó destinar 1.600 millones de dólares al programa para combatir el avance del autodenominado Estado Islámico.

 

El material transferido, que incluía decenas de miles de fusiles de asalto (por valor de 28 millones de dólares), cientos de proyectiles de mortero y cientos de vehículos blindados Humvee, iba destinado al uso del ejército iraquí en el centro del país, incluidas las Unidades de Movilización Popular, predominantemente chiíes, y las fuerzas armadas kurdas (peshmerga).

En su auditoría, el Departamento de Defensa constató graves deficiencias en el registro y la supervisión del material por parte del ITEF a partir del punto de suministro, entre ellas:

 

Registro fragmentario del material en depósitos de armas de Irak y Kuwait Registro de la información en múltiples hojas de cálculo, bases de datos e incluso recibos escritos a mano

Introducción manual de datos sobre grandes cantidades de materiales en múltiples hojas de cálculo, lo que incrementa el riesgo de error humano

Registros incompletos, lo que significa que los responsables del material no pudieron determinar su situación o condición

 

Además, en la auditoría se afirmaba que el Departamento de Defensa no tenía la obligación de rastrear las transferencias del ITEF inmediatamente después de la entrega de los materiales a las autoridades iraquíes, a pesar de que el programa “Golden Sentry” (Centinela de Oro) del Departamento tiene el cometido de realizar controles posteriores a la entrega.

 

Una auditoría anterior del Departamento de Defensa, de 2015, señalaba unos procedimientos de supervisión de los arsenales aun más relajados por parte de las fuerzas armadas iraquíes. En algunos casos, el ejército iraquí desconocía lo que había almacenado en sus propios depósitos, mientras que en otros, material militar sin estrenar ni inventariar se acumulaba en contenedores de carga a la intemperie.

 

“La necesidad de realizar controles posteriores a la entrega es vital. Cualquier debilidad en la cadena de transferencia incrementa enormemente el riesgo de que se desvíen armas a alguna región donde los grupos armados causan estragos y un inmenso sufrimiento humano”, ha afirmado Patrick Wilcken.

 

Transferencias de armas que fomentan las atrocidades

 

Amnistía Internacional ha documentado continuamente en su investigación la laxitud de los controles y registros dentro de la cadena de mando iraquí. Como consecuencia de ese relajamiento, armas fabricadas en Estados Unidos y otros países han terminado en manos de grupos armados de los que se sabe que cometen crímenes de guerra y otras atrocidades, como el grupo autodenominado Estado Islámico, y de milicias paramilitares que ahora forman parte del ejército iraquí.

 

El ejército estadounidense ha respondido a la auditoría comprometiéndose a hacer más estrictos sus sistemas de rastreo y supervisión de las transferencias a Irak en el futuro.

 

Sin embargo, el Departamento de Defensa expresó compromisos casi idénticos en respuesta a un informe para el Congreso de 2007 que suscitó motivos de preocupación parecidos.

 

“Después de todo este tiempo y todas estas advertencias, siguen reproduciéndose los mismos problemas. Estados Unidos y todos los demás países que suministran armas a Irak deben tomárselo como un apremiante toque de atención para que refuercen urgentemente sus controles. Enviar armas por valor de millones de dólares a un agujero negro y esperar lo mejor no es una estrategia viable para combatir el terrorismo; es, sencillamente, una irresponsabilidad”, ha dicho Patrick Wilcken.

 

“Todo Estado que venda armas a Irak debe demostrar la aplicación de medidas estrictas para garantizar que no serán utilizadas para violar derechos. Sin estas garantías, la transferencia no debe llevarse a cabo.”

 

Amnistía Internacional pide a Estados Unidos que acate la Ley Leahy, que prohíbe el suministro de ayuda y formación militar estadounidense en casi todas sus formas a unidades de seguridad, militares y policiales extranjeras sobre las que pesen sospechas fundadas de que han cometido “violaciones graves de derechos humanos”.

 

Estados Unidos e Irak deben asimismo adherirse al Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que establece normas estrictas para detener las transferencias y los desvíos de armas que puedan fomentar la comisión de atrocidades.

 

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