A Javier lo acribillaron a disparos unos hombres no identificados cerca de las oficinas de Riodoce, el semanario fundado por él y uno de los pocos del estado que sigue informando sobre la oleada de muertes que arrasa la zona.

Al conocerse la noticia del tiroteo que acabó con su vida, comenzaron a llegar mensajes de todos los rincones de México y del resto del mundo. Javier era de esos periodistas cuya información era fiable y a quien todos respetaban.

La trágica noticia del brutal asesinato de Javier Valdez Cárdenas, periodista mexicano conocido por su valiente cobertura informativa de la guerra contra las drogas que está causando estragos en todo México, ha sacudido al país entero.

Su trabajo era especialmente conocido en Culiacán (Sinaloa), su ciudad natal. Allí, miles de personas son prácticamente rehenes de una guerra entre los implacables cárteles de la droga y un gobierno que, en el mejor de los casos, no es capaz de proteger a su población y, en el peor, actúa en connivencia con aquellos a quienes afirma combatir.

 

A Javier lo acribillaron a disparos unos hombres no identificados cerca de las oficinas de Riodoce, el semanario fundado por él y uno de los pocos del estado que sigue informando sobre la oleada de muertes que arrasa la zona.

Al conocerse la noticia del tiroteo que acabó con su vida, comenzaron a llegar mensajes de todos los rincones de México y del resto del mundo. Javier era de esos periodistas cuya información era fiable y a quien todos respetaban.

 

Pero entre todos los mensajes enviados tras su muerte hay uno que destaca, tal vez por resultar irónico.

Poco después de que se conociera la noticia del crimen, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró su “compromiso con la libertad de expresión y prensa” y afirmó que había dado indicaciones a la Procuraduría General de la República para que apoyara a las autoridades del estado de Sinaloa en la investigación iniciada por éstas.

 

El presidente Peña Nieto no debería estar conmocionado por que hayan matado a Javier. De hecho, si ha visto las noticias desde enero, ni siquiera debería sorprenderle.

 

Javier es el sexto periodista asesinado en México en lo que va de 2017 en castigo por su trabajo. Según la organización Article 19, desde el año 2000 han sido asesinados en México 106 periodistas, 33 de ellos desde que Peña Nieto subió al poder hace casi cinco años. Es decir, un periodista al mes.

 

En México, el periodismo es una ocupación letal. Maximino Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Jonathan Rodríguez y Javier murieron ejerciendo una profesión que no sólo debería ser celebrada, sino también protegida por las autoridades.

 

Los y las periodistas están en la primera línea de la crisis de derechos humanos de México. Para muchos de ellos, asumir riesgos letales para arrojar algo de luz sobre los males que aquejan al país forma parte de su rutina diaria. La situación es especialmente grave a medida que te alejas de Ciudad de México. Acosados por los poderosos cárteles de la droga e ignorados por las autoridades locales y federales (que a menudo se sabe que trabajan en connivencia con grupos delictivos), los periodistas no tienen a quién acudir en busca de protección. Es su inquebrantable compromiso lo que los mantiene en la brecha a pesar de las amenazas, los peligros y el poco reconocimiento y apoyo que reciben.

 

Muchos de los y las periodistas que han perdido la vida desde enero, incluido Javier, habían denunciado numerosas amenazas antes de morir.

 

El mes pasado, Javier dijo a Index on Censorship, organización que trabaja sobre temas de libertad de expresión, que había recibido llamadas telefónicas diciéndole que dejara de investigar ciertos asesinatos o a capos de la droga y que había tenido que eliminar cierta información importante porque podían matar a su familia si la mencionaba.

Pero las autoridades habían ignorado estas advertencias una y otra vez.

 

Las investigaciones sobre los 106 asesinatos de periodistas desde el año 2000 han sido, en el mejor de los casos, deficientes. Ni una sola persona ha rendido cuentas por ninguno de esos crímenes, y esto transmite el estremecedor mensaje de que matar a tiros a periodistas está permitido.

 

En 2010, México inauguró orgullosamente la nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que hasta ahora ha demostrado ser totalmente ineficaz, al igual que el mecanismo de protección para defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, otra iniciativa de la que las autoridades están sumamente orgullosas.

 

No cabe la menor duda de que la oleada de atentados contra periodistas va en aumento. Entonces, ¿por qué las autoridades no hacen más para detener esta apertura de la temporada de caza de las personas que trabajan en los medios de comunicación?

 

¿Temen lo que estos periodistas podrían destapar?

 

México se enfrenta a una grave crisis de derechos humanos, con más de 30.000 personas sometidas a desaparición, gran número de ejecuciones y la tortura como “método de investigación” habitual de la policía.

Sin el valiente trabajo que realizan periodistas como Javier, muchos de estos abusos jamás saldrían a la luz.

Sin embargo, en vez de proteger su trabajo y reconocer la fundamental contribución que los y las periodistas hacen a la lucha por la justicia en México, el gobierno de Peña Nieto ha optado por centrar sus esfuerzos en desplegar al ejército, en un intento de combatir la violencia con más violencia, una estrategia que lo único que hará es agravar una situación que ya está fuera de control.

 

El presidente Peña Nieto se equivoca.

 

En vez de tuitear promesas vacías, su gobierno debería centrar todos los esfuerzos en desarrollar una estrategia integral para evitar la violencia y los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas y responder a ellos. Una estrategia que vaya más allá de tuits de apoyo y discursos públicos sobre la libertad de expresión, y que esté bien financiada y aplicada. Sobre todo, debe poner fin a la impunidad casi total de estos crímenes.

 

Y si la administración Peña Nieto no está a la altura de este reto, debe tener la humildad de pedir ayuda a expertos u organizaciones internacionales especializados en investigar los abusos contra los derechos humanos, y seguir plenamente las recomendaciones de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos.

 

El asesinato a sangre fría de un conocido periodista como Javier es una amenaza de muerte para todas las personas que ejercen el periodismo en cada rincón de México. Mientras el país trata de asimilar la noticia del trágico fin de Javier, la pregunta que está en la mente de todos es: ¿Quién será el próximo?

 

Sólo actuando puede acabarse con este derramamiento de sangre. Cualquier otra cosa –incluso unos tuits bienintencionados– ya no funciona.

 

Este artículo se publicó originalmente en Newsweek