La credibilidad del máximo órgano de derechos humanos del mundo, creado para garantizar su capacidad para abordar de manera efectiva las violaciones de derechos humanos sin ser menoscabado por la geopolítica y los intereses nacionales enfrentados, está en entredicho debido al pésimo historial de uno de sus miembros —Arabia Saudí— y a la inacción de otros miembros a la hora de pedirle cuentas.

Diez años después de su creación, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se enfrenta a una difícil hora de la verdad.

La credibilidad del máximo órgano de derechos humanos del mundo, creado para garantizar su capacidad para abordar de manera efectiva las violaciones de derechos humanos sin ser menoscabado por la geopolítica y los intereses nacionales enfrentados, está en entredicho debido al pésimo historial de uno de sus miembros —Arabia Saudí— y a la inacción de otros miembros a la hora de pedirle cuentas.

Desde su incorporación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en enero de 2014, Arabia Saudí ha cometido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos tanto en su territorio como en el vecino Yemen.

Ha sido sistemáticamente uno de los países del mundo donde se llevan a cabo más ejecuciones, es responsable de una represión implacable contra la disidencia pacífica y el activismo de derechos humanos en Arabia Saudí y, en fechas más recientes, ha liderado una coalición militar que está acusada de llevar a cabo crímenes de guerra en Yemen.

No sólo es evidente que Arabia Saudí no ha aplicado las “normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”, sino que también ha utilizado activamente su posición privilegiada en el Consejo para eludir la justicia por violaciones graves de derechos humanos y ha convencido a algunos de sus iguales en el Consejo.

En octubre de 2015, Arabia Saudí utilizó su influencia diplomática y su posición en el Consejo para frustrar el escrutinio de su conducta abusiva en la guerra de Yemen. Después de hacer fracasar una resolución neerlandesa que pedía una investigación internacional sobre las violaciones de derechos humanos que han causado la muerte o lesiones a miles de civiles en Yemen, Arabia Saudí se aseguró la adopción en su lugar de su propia resolución suavizada. El resultado fue una comisión de investigación respaldada por Arabia Saudí y realizada por el gobierno yemení en el exilio. Nueve meses después, la comisión no ha llevado a cabo investigaciones creíbles.

Incluso esto es insignificante en comparación con su última iniciativa insidiosa. En el mes de junio, pese a que la ONU atribuía el 60 por ciento del total de muertes de menores de edad en Yemen en 2015 a los ataques aéreos de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, este país logró que se eliminasen las alusiones a la coalición del informe anual de la ONU que señala los Estados y grupos armados que violan los derechos de la infancia. ¿Cómo? Amenazando al secretario general de la ONU con retirar fondos y participación en programas de la ONU, tanto de Arabia Saudí como de la Organización para la Cooperación Islámica, de la que forman parte 57 Estados.

En este contexto, Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen un llamamiento a la ONU para que suspenda a Arabia Saudí del Consejo de Derechos Humanos. Los líderes mundiales deben poner fin al uso cínico del Consejo que hace Arabia Saudí para salir indemne de las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

Los derechos humanos comienzan en casa

Nuestro llamamiento se basa en meses de investigación en profundidad sobre la constante cada vez más grave de violaciones de derechos humanos de Arabia Saudí, tanto en su territorio como en el desarrollo del conflicto armado en el vecino Yemen.

En 15 meses de bombardeos aéreos, Arabia Saudí y su coalición militar han causado la mayoría de las víctimas civiles en el conflicto, que ha dejado al menos 3.539 muertos y 6.268 heridos. Las fuerzas de la coalición han violado repetidamente las leyes de la guerra al bombardear a civiles, incluso en escuelas, hospitales, mercados y fábricas. También han usado de forma reiterada municiones de racimo, armas de efectos intrínsecamente indiscriminados que están prohibidas por el derecho internacional.

En su territorio, Arabia Saudí ha aumentado el ritmo de las ejecuciones y ha intensificado su ofensiva contra la disidencia. Desde su elección como miembro del Consejo de Derechos Humanos, más de 350 personas han sido ejecutadas, muchas de ellas después de juicios manifiestamente injustos.

En 2014, las autoridades promulgaron una ley antiterrorista de redacción imprecisa que se ha utilizado para reprimir de forma implacable a activistas pacíficos como el defensor de los derechos humanos Waleed Abu al Khair, a quien se condenó a 15 años de prisión y se impuso la prohibición de viajar durante otros 15 años en relación con su trabajo de derechos humanos. Tres decenios de libertad arrebatada por luchar por los derechos y la justicia.

Arabia Saudí también castiga a quien intenta sacar a la luz violaciones de derechos humanos, y ha cerrado ONG independientes e impedido a activistas viajar para asistir a actos organizados en otros países. Los activistas pueden enfrentarse a penas de cárcel por hablar con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

La hora de la verdad

Ha llegado la hora de la verdad para la ONU. Ante la evidencia de que no exigen a Arabia Saudí que rinda cuentas en relación con los requisitos básicos inherentes a su condición de miembro, el Consejo de Derechos Humanos y sus Estados miembros corren el riesgo de sufrir una grave pérdida de credibilidad.

Si la ONU no reacciona ante este llamamiento, también será un lamentable fracaso del Consejo en lo relativo a mejorar el historial de su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desmantelada hace un decenio. Amnistía Internacional ya señaló en 2005 que una de las razones de la desaparición de ese órgano fue que “la política de fuerzas y los dobles raseros han impedido que la Comisión de Derechos Humanos aborde, y a menudo incluso debata, violaciones de derechos humanos generalizadas o graves en muchos países”.

Permitir que Arabia Saudí practique la misma política de fuerzas en el Consejo de Derechos Humanos sería una bofetada a las víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Los miembros del Consejo tienen el deber fundamental de proteger y promover los derechos humanos, obligación que no deben traicionar, ni por miedo a perder acuerdos comerciales sobre armas por valor de miles de millones de dólares que podrían alimentar la comisión de nuevas violaciones graves de derechos humanos en Yemen, ni en nombre de la cooperación en la lucha antiterrorista.

Las propias normas de la Asamblea General de la ONU dicen que se podrá suspender a todo miembro del Consejo que cometa “violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”. Si esta norma no se cumple, se transmitirá el mensaje de que el principal órgano de derechos humanos del mundo puede ser influido por la política de fuerzas, y que no es serio en lo relativo a garantizar la justicia y la rendición de cuentas y a poner fin al sufrimiento de las personas en Arabia Saudí y en Yemen.

Este artículo de opinión se publicó originalmente en Newsweek aquí.