Las autoridades chinas deben poner fin a su implacable ataque contra profesionales de la abogacía que defienden los derechos humanos y activistas, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del primer aniversario del comienzo de esta campaña de represión sin precedentes.

Las autoridades chinas deben poner fin a su implacable ataque contra profesionales de la abogacía que defienden los derechos humanos y activistas, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del primer aniversario del comienzo de esta campaña de represión sin precedentes.

Al menos 248 abogados y abogadas de derechos humanos y activistas han sido víctimas de esta campaña nacional que comenzó el 9 de julio de 2015. Un año después, siguen recluidas 18 de las personas detenidas durante la campaña, nueve de las cuales podrían ser condenadas a cadena perpetua tras ser acusadas de “subvertir el poder del Estado”.

“Los abogados y abogadas defensores de los derechos humanos están sufriendo todo el peso de la hermética maquinaria represiva de China. Los abogados detenidos deben ser puestos en libertad y este ataque sistémico contra personas que defienden los derechos de la ciudadanía china debe acabar”, dijo Roseann Rife, directora de investigación sobre Asia Oriental de Amnistía Internacional.

“El presidente Xi Jinping tiene el descaro de afirmar que el gobierno chino defiende el Estado de derecho cuando hay abogados que podrían ser condenados a cadena perpetua precisamente por tratar de hacer eso.”

 Las autoridades vienen usando todo un arsenal de represión en su intento de quebrar a los abogados. A la mayoría de las personas detenidas en esta campaña de represión se les negó el asesoramiento jurídico y el contacto con su familia, en una clara violación de sus derechos.

Abogados y activistas en paradero desconocido —como Wang Yu, conocida abogada de Pekín cuya desaparición señaló el comienzo de la represión— fueron sometidos a un tipo de detención secreta conocido como “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” que permite a la policía mantener recluidas a las personas un máximo de seis meses fuera del sistema de detención formal, sin acceso a nadie del exterior, y somete a los afectados a un gran riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

Las autoridades desencadenaron asimismo con rapidez una guerra de propaganda en los medios de comunicación estatales, acusando al despacho de abogados Fengrui de Pekín, que trabaja en numerosos casos delicados, de estar en el centro de una “importante banda criminal”. Cuatro abogados del despacho, Wang Yu entre ellos, siguen detenidos por cargos relacionados con la seguridad del Estado.

Bao Longjun, esposo de Wang Yu y también abogado, podría ser condenado a 15 años de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado”. El hijo adolescente del matrimonio, Bao Zhuoxuan, permanece bajo estrecha vigilancia policial tras ser capturado al otro lado de la frontera con Myanmar en octubre de 2015 cuando intentaba salir de China después de que le prohibieran estudiar en el extranjero. Hay una clara constante por parte de las autoridades de usar a familiares como medio para presionar a los detenidos, lo que constituye una clara violación del derecho internacional.

“Son días de oscuridad para los derechos humanos en China. Las autoridades han usado todas las tretas represivas y sucias conocidas para aplastar a este respetado grupo de abogados y abogadas, a los que aparentemente consideran una amenaza para el poder del Partido Comunista”, afirmó Roseann Rife.

“Los abogados desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, y las autoridades deben dejar de detenerlos por docenas y de usar las leyes de seguridad del Estado contra ellos.

La campaña de represión contra los abogados defensores de los derechos humanos es parte de una operación calculada del gobierno chino para sofocar a la sociedad civil. Hay nuevas leyes o proyectos de ley que dan a las autoridades poderes ilimitados para actuar contra las personas y organizaciones que consideren críticas hacia el gobierno y sus políticas.

La nueva Ley Antiterrorista aprobada en diciembre de 2015 no contiene prácticamente ninguna salvaguardia que impida que quienes practiquen su religión o critiquen la política del gobierno sean enjuiciados por delitos de “terrorismo” o “extremismo”. Por otra parte, una nueva ley sobre ONG extranjeras restringirá severamente las actividades legítimas y sofocará en última instancia a la sociedad civil.

Información complementaria

La represión contra profesionales de la abogacía comenzó la madrugada del 9 de julio de 2015, cuando la conocida abogada Wang Yu desapareció después de enviar por teléfono a sus amigos unos mensajes llenos de pánico en los que decía que le habían cortado la conexión a Internet y la electricidad, y que unas personas intentaban entrar en su casa.

En los días siguientes, cientos de abogados y abogadas y activistas de todo el país fueron blanco de la represión, y la policía detuvo a decenas de personas. Todas ellas habían ayudado a víctimas de abusos contra los derechos humanos en China y las representaban en las actuaciones judiciales.