En Venezuela continúan los arrestos y detenciones por actividades en línea, especialmente contra periodistas, opositores políticos y activistas, a menudo bajo pretextos como instigación al odio y otros cargos arbitrarios

La libertad en Internet siguió estando muy restringida en Venezuela, según el más reciente informe publicado por Freedom On The Net 2024, que mide el estado de la libertad de Internet según variables técnicas que se han seguido desde hace más de una década.

La puntuación de Venezuela es de 30/100 puntos, por lo que el país sigue en la categoría "no libre", debido a que existe censura, restricciones, persecución y políticas públicas diseñadas para cerrar el espacio cívico incluso en línea.

Según el Índice Global Speedtest de Ookla, mencionado en el informe, las velocidades medias de banda ancha móvil de Venezuela se ubicaban entre las más lentas del mundo, en el puesto 138 entre 147 países analizados.

El informe explica que los venezolanos a menudo tienen dificultades para acceder a Internet y para obtener información confiable debido a la desinformación progubernamental y los bloqueos a los medios de comunicación independientes.

Las personas también enfrentan represalias legales y otras formas de acoso por expresar sus opiniones sobre temas políticamente sensibles en el espacio digital. El Estado manipula el debate en línea a través de operaciones de influencia y plataformas en línea para servicios gubernamentales, que también generan preocupaciones sobre la privacidad debido a su recopilación a gran escala de datos personales de las personas.

Fallas en servicios públicos acentúa la desconexión

La crisis eléctrica que atraviesa Venezuela sigue representando una amenaza importante para la conectividad del país. Se informan cortes de energía con regularidad, que a menudo ocurren sin previo aviso y duran varias horas. A partir del 9 de marzo de 2024 y hasta el 10 de marzo, por ejemplo, hubo un apagón generalizado en varios estados. El apagón afectó especialmente a la zona occidental del país. El 10 de marzo, VE Sin Filtro (VSF), una organización no gubernamental (ONG) venezolana, informó que los apagones interrumpieron la conectividad a Internet en al menos ocho estados. Ese mes, el medio de comunicación independiente El Pitazo informó que 22 de los 23 estados de Venezuela sufren racionamientos eléctricos diarios debido a la falta de capacidad de generación.

Durante el primer semestre de 2023, VSF registró 54 incidentes que interrumpieron la conectividad normal a Internet en Venezuela, de los cuales 16 incidentes se registraron solo en junio. Además de las fallas eléctricas, estos incidentes a menudo fueron causados ​​por infraestructura dañada o descuidada. Según una encuesta de diciembre de 2023 del Observatorio del Gasto Público de la ONG venezolana Cedice Libertad, el 40 por ciento de las fallas de línea fija reportadas al proveedor estatal CANTV han permanecido sin resolver durante más de dos años, mientras que el 86 por ciento de los encuestados indicó que ha esperado entre 4 y 6 meses para que CANTV resuelva una solicitud de servicio después de que fue reportada.

Costo prohibitivo de internet

La actual crisis económica impide a la mayoría de la población satisfacer sus necesidades básicas, lo que ha afectado a la capacidad de los venezolanos para costear servicios y dispositivos de Internet, ya que muchos deben destinar sus salarios a cubrir necesidades como alimentación y atención médica. La dolarización de facto de la economía ha exacerbado la brecha entre quienes tienen acceso a dólares estadounidenses o reciben remesas para comprar bienes y servicios y quienes no.

Si bien el gobierno ha aumentado los “bonos” que otorga a los trabajadores del sector público, no ha aumentado el salario mínimo oficial desde marzo de 2022, lo que ha dejado a muchos venezolanos luchando con el costo de vida. Durante el período de cobertura, el salario mínimo para los venezolanos se mantuvo en 130 bolívares mensuales, pero el tipo de cambio varió de 26 bolívares por dólar estadounidense en junio de 2023 a 36 bolívares por dólar estadounidense en mayo de 2024. Con estos niveles, el salario mínimo mensual osciló entre $4,97 en junio de 2023 y $3,57 en mayo de 2024.

El costo del servicio de Internet se ha encarecido como respuesta a la fluctuación del tipo de cambio, lo que hace que el acceso sea cada vez más inasequible. Tanto CANTV como los proveedores privados aumentaron las tarifas del servicio de Internet durante el período de cobertura, y los planes más económicos de CANTV tienden a no estar disponibles para los nuevos contratos. Según el análisis de VSF de 115 planes de Internet ofrecidos por 24 ISP, más del 70 por ciento de los planes muestreados cuestan entre 4,44 y 56,22 veces el salario mínimo mensual, con un costo promedio de 6,93 veces el salario mínimo.

Las nuevas empresas, que suelen ofrecer servicios de mayor calidad, suelen ofrecer planes de Internet que resultan inasequibles para la mayoría de los trabajadores; pero para los venezolanos más ricos que pueden permitirse esos servicios, este tipo de ofertas ha aliviado en cierta medida las fallas de conectividad. Esto ha creado una brecha significativa entre quienes pueden acceder a un servicio confiable (que a menudo se paga en dólares estadounidenses) y quienes no pueden.

Uso de la IA para desinformar

La propaganda progubernamental generada por inteligencia artificial (IA) ha invadido cada vez más el espacio informativo en línea en los últimos años.

Algunos actores han utilizado contenido generado por IA para manipular información en línea, a menudo para desacreditar a la oposición o difundir narrativas favorables al gobierno.

En febrero de 2023, durante el período de cobertura anterior, la ONG Cazadores de Fake News y el periódico español El País informaron sobre la existencia de un canal de YouTube que utilizaba avatares generados por IA para publicar mensajes a favor del gobierno. El canal, llamado House of News en Español, se presentó como un medio de noticias legítimo y utilizó publicidad paga para promocionar sus videos en la plataforma. Los presentadores, que parecían generados con el software de Synthesia, difundieron información falsa para presentar una imagen favorable del gobierno de Maduro y contribuyeron a la narrativa más amplia de que “Venezuela está arreglada”

YouTube suspendió el canal House of News en marzo de 2023 junto con otros cuatro canales que juntos habían formado una red de desinformación progubernamental más amplia. Al menos uno de los canales suspendidos había estado activo desde 2020.

Perseguir la disidencia con VenApp

El lanzamiento por parte del gobierno en marzo de 2022 de VenApp, una red social y aplicación móvil venezolana, generó más preocupación sobre su capacidad para manipular narrativas en línea y capturar datos personales. VenApp mantiene funciones comunes a la mayoría de las plataformas de redes sociales, incluidas funciones de mensajería y de intercambio de archivos y la opción de unirse a grupos o canales.

El gobierno ha promovido la aplicación como un medio de consulta y conexión con el público; por ejemplo, el canal “Línea 58” de la aplicación permite a los usuarios registrados presentar quejas sobre servicios públicos directamente al gobierno. Sin embargo, los defensores de los derechos digitales expresaron su preocupación de que la aplicación pudiera utilizarse como una herramienta estatal para la organización política. En las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024, VenApp se utilizó como instrumento de represión para identificar a personas que se manifestaron en contra de los resultados electorales.

Censura en línea

El informe resalta que continúan los arrestos y detenciones por actividades en línea, especialmente de periodistas, opositores políticos y activistas, a menudo bajo pretextos como instigación al odio y otros cargos arbitrarios.

El gobierno venezolano siguió censurando el contenido en línea y, hasta marzo de 2024, bloqueó al menos 51 sitios web de noticias y 14 sitios utilizados para la crítica política. Estas restricciones fueron implementadas tanto por la estatal CANTV como por proveedores de servicios de Internet privados. En agosto, el gobierno ordenó el bloqueo de las redes sociales X (Twitter) y Signal, la población solo puede usarlas a través de la descarga de una Red privada virtual (VPN) en sus dispositivos.

Las autoridades estudiaron propuestas que podrían utilizarse para regular las redes sociales, incluida la llamada Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, también llamada Ley contra el Fascismo, que se presentó en la Asamblea Nacional en abril de 2024. El proyecto de ley penalizaría ciertas categorías de “mensajes prohibidos” e introduciría duras sanciones para silenciar la disidencia. La Asamblea Nacional pospuso el debate sobre el proyecto de ley hasta agosto de 2024, después del período de cobertura.

Los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes siguieron bajo amenaza de arrestos y formas extralegales de intimidación, incluidas desapariciones forzadas, en relación con sus actividades críticas en línea, a menudo bajo acusaciones falsas de incitación al odio o al terrorismo.

El director de la ONG Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) afirmó que “la mayoría” de los portales de noticias independientes están bloqueados en el país. Los informes de VSF han documentado una censura generalizada y persistente en línea por parte del gobierno. En marzo de 2024, VSF informó que al menos 120 URL estaban bloqueadas en Venezuela, incluidos al menos 51 sitios web de noticias y 14 sitios que incluyen críticas políticas. Se han implementado varios tipos de bloqueos, incluido el bloqueo de HTTP/HTTPS y del sistema de nombres de dominio (DNS), ambos utilizados con frecuencia por CANTV, y el bloqueo del protocolo de control de transmisión y el protocolo de Internet (TCP/IP). Los bloqueos continuaron afectando tanto a medios independientes venezolanos como Efecto Cocuyo, Armando.info y El Pitazo, pero también a medios internacionales como Infobae, El Tiempo y NTN24.

CONATEL es la entidad encargada de regular y licenciar el sector de las telecomunicaciones y depende administrativamente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MIPPCI). La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte–ME) otorga al ente regulador la facultad de tomar decisiones sobre el bloqueo o eliminación de contenidos y de sancionar a los prestadores de servicios, facultad que ha ejercido sin otorgar el debido proceso a los afectados.

En conclusión y bajo la ausencia de un estado de derecho e instituciones que ofrezcan vías de apelación, las autoridades venezolanas han restringido el contenido digital sin supervisión independiente ni procedimientos responsables.

A pesar de las crecientes restricciones, las ONG y los usuarios de internet venezolanos han continuado sus esfuerzos para generar conciencia en línea y crear aplicaciones con usos cívicos. En los últimos años, las ONG y los medios digitales han lanzado iniciativas para convocar comunidades en línea, lo que les ha permitido capacitar a los ciudadanos, ampliar sus fuentes de información y fidelizar a sus audiencias.

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