La disminución de casos en 2023 es relativa respecto a los altos niveles de años previos que coinciden con escaladas masivas de la conictividad social y política. La ausencia de movilizaciones y agenda de calle sostenida no se traduce en el cese sustancial de políticas restrictivas, por el contrario, se normalizan prácticas arbitrarias que mantienen una incidencia importante de casos

La última década fue un periodo especialmente grave con registros históricos en número de casos documentados, y las mutaciones de una violencia estatal que turna riesgos “duros” y “blandos” en función del contexto social y político. Las políticas y prácticas restrictivas son parte del panorama, con una gestión que prioriza la opacidad, criminaliza la crítica al gobierno, y busca normalizar la autocensura a través de los castigos ejemplarizantes.

La disminución de casos en 2023 es relativa respecto a los altos niveles de años previos que coinciden con escaladas masivas de la conictividad social y política. La ausencia de movilizaciones y agenda de calle sostenida no se traduce en el cese sustancial de políticas restrictivas, por el contrario, se normalizan prácticas arbitrarias que mantienen una incidencia importante de casos.

El uso de limitaciones legítimas, como el discurso de odio, son manipulados para mantener la aplicación de leyes inconstitucionales que criminalizan el discurso crítico hacia las autoridades. Lejos de defender a grupos históricamente discriminados, la ley contra el odio sirve a una pretendida protección de las personas funcionarias frente al escrutinio público, para evitar la rendición de cuentas y reprender a quienes la exigen, que hoy suman casi una centena de víctimas en los últimos seis años.

Esta iniciativa se sumó a los diferentes mecanismos de persecución estatal penal, administrativa e institucional que de la mano de la comisión de crímenes graves contra la vida, integridad y libertad de las personas consideradas opositoras al gobierno, dio lugar a una investigación sin precedentes de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Los delitos investigados actualmente en este tribunal conguran patrones que buscan reducir un espacio cívico autónomo y libre a cualquier costo. 

El cine como expresión artística que exige libertad para ser auténtico, no escapa de la malla censora, que a través de mecanismos supuestamente “suaves” no son menos graves al buscar imponer criterios ideológicos como formas de control y negación de la diversidad. Aparece de nuevo el abuso de las sanciones administrativas y penales, la invocación de conceptos poco claros como “ofensa” o “moral pública”, bajo interpretaciones sesgadas y discrecionales de las/os funcionarios/as de turno.

Son los medios de comunicación tradicionales los más afectados en cantidad y alcance. Nuestro mapa revela una reducción de estos y al mismo tiempo cambios estructurales en la oferta de contenidos, que ahora se refugian en las plataformas digitales con mayores grados de libertad para difusión de contenidos sensibles de interés público. Las audiencias reconocen esta crisis y demandan un periodismo riguroso que aborde aspectos relacionados con la política y la economía. Las personas buscan información conable, se forman para informarse, sortean todo tipo de obstáculos para acceder a información de calidad y reclaman análisis profundos sobre los acontecimientos que afectan sus vidas.

Este informe como ejercicio de memoria es posible gracias a todas las personas que no están dispuestas a tolerar abusos que nieguen sus derechos y dignidad. Gracias a la decisión de romper el silencio, es posible documentar y con ello abonar el camino para la justicia y la recuperación democrática.

Descarga aquí el informe 2023

Capítulos 2023

Sigue los enlaces y lee los temas más relevantes que tocamos:

• Elecciones y libertad de expresión: 20 años de restricciones
• Incitación al odio: balance de una ley criminalizante y los desafíos del problema real
• La persecución al espacio cívico como crimen de lesa humanidad
• La censura en el cine venezolano
• Situación general del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela 2023
• Transformaciones en el ecosistema mediático de Venezuela (2021 – 2023)
• Situación general del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela 2022

Situación general del derecho

En medio de un escenario preelectoral, que implica un reacomodo de las fuerzas políticas y la reactivación de la agenda de calle, el derecho a la libertad de expresión se posiciona como elemento fundamental para la consolidación de una sociedad democrática. Las restricciones impuestas desde las instituciones del Estado y mediante el discurso oficial limitan de manera directa la labor de periodistas y medios de comunicación, así como el derecho de las personas a mantenerse oportunamente informadas.

Durante el 2023 registramos al menos 204 casos[1], lo cual representa una disminución del 11 % con relación al número de situaciones registradas en el 2022. Aunque este año 2023 registra la menor cantidad de eventos en la última década, la incidencia se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013. Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal respecto al año anterior.

Cuadro 1. Casos por año

El mes con mayor número de casos fue mayo (27)[2], esto motivado a los ataques sufridos por la prensa en distintos estados del país. Octubre (22) y septiembre (21), completan la lista de los estados con más situaciones. En promedio, se registraron al menos 17 casos mensuales. 

Gráfico 1. Casos por mes.

En el 2023 se contabilizaron 384 denuncias de violaciones, lo cual representa una disminución del 18 % con respecto al total de violaciones registradas en el 2022, cuando ocurrieron 470 incidencias. La disminución del número total de violaciones, con relación a la cifra registrada en el 2022, no implica que se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, por el contrario, se mantienen las limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir informaciones. La menor incidencia es relativa respecto a los altos niveles de años previos que coinciden con escaladas masivas de la conflictividad social y política.

Cuadro 2. Violaciones por tipo, gráfico 2. Violaciones por tipo.

Impedimentos a la cobertura

La principal violación registrada en este periodo fue la intimidación, la cual suma casi un tercio del total de incidencias. Esta violación está vinculada principalmente a los impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores.

• El 15 de febrero, un vigilante del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas, intimidó a los periodistas Jefferson Civira y José Ignacio Piñango[3] al impedirles que ingresaran al centro de salud pública para hacer una cobertura periodística. Civira, periodista de El Periódico de Monagas y corresponsal de La Patilla, explicó que el hecho ocurrió luego de que ambos reporteros cubrieron una pauta en la Unidad de Infectología, fuera del centro de salud. Los periodistas querían buscar información de otras especialidades y recoger denuncias de pacientes y familiares.

• El 27 de diciembre, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) prohibieron que las y el periodista Ruth Lara Castillo, María Torres y Juan Carlos Hernández[4] grabaran e hicieran cobertura periodística del derrame petrolero que ocurrió el 26 de diciembre, en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo. En la tarde de ese día, ya había reportes en redes sociales y medios independientes de lo ocurrido. Al día siguiente, los periodistas se acercaron a la zona costera afectada a buscar testimonios, material gráfico y mayor información, pero les fue impedido hacer su trabajo.

Detenciones arbitrarias

En el 2023 contabilizamos al menos 28 detenciones por el ejercicio del derecho; lo que representa un incremento del 65 % con relación al año pasado, cuando registramos 17 detenciones. Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas. Estas detenciones suelen ser una medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Dicha situación mantiene la alerta sobre la creciente amenaza a la privacidad ante la intervención de comunicaciones personales, registrada por la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas[5], o el seguimiento y la posterior criminalización de mensajes de interés público.

Cuadro y gráfico 3. Detención por ocupación.

Cuadro 3. Detención por ocupación.

• La ciudadana Yrasema Malavé fue detenida el 10 de mayo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mientras le daba una entrevista virtual a la periodista Sebastiana Barráez sobre el caso de su hija desaparecida en Valencia, estado Carabobo. Según contó la periodista Angélica Arena, quien ha seguido el caso de Malavé, desde que su hija desapareció ha estado publicando y difundiendo videos para buscar formas de que el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, se pronuncie[6].

• Cerca de la medianoche del 22 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron arbitrariamente al activista y dirigente del partido opositor Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero[7], sacándolo a la fuerza de su vivienda por expresarse en contra del gobierno a través de la red social X (anteriormente Twitter). La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, detalló a Espacio Público que Nelson Piñero es una persona “muy crítica” del gobierno de Nicolás Maduro y sus tuits suelen generar polémica, por lo que en oportunidades anteriores ha sido amenazado por cuentas anónimas o bots vinculados con el oficialismo.
• Funcionarios de seguridad del Estado detuvieron el 26 de diciembre al teniente coronel del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda, Alfredo Lizcano, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que exigía derechos laborales para los trabajadores de ese órgano. En el video, Lizcano se dirige al Ministerio Público y al Gobierno, y acusa al ministro de Interior y Justicia de no atender las exigencias de los cuerpos bomberiles del país. Tras la detención de Lizcano, grupos de bomberos de Miranda y del Distrito Capital mantuvieron reuniones con organismos del Estado para interceder por su liberación. Pasadas las seis de la tarde del 26 de diciembre, el abogado Eduardo Torres informó en su cuenta de X que el teniente coronel Lizcano ya estaba en libertad[8].

Apagones y fallas en el servicio de internet

Registramos al menos 37 fallas o apagones que afectaron los servicios eléctrico y de internet  a nivel nacional. En estos casos, los principales victimarios fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Corpoelec). Esta situación persiste desde hace varios años debido al mal estado de la infraestructura de las telecomunicaciones. Con menos frecuencia, operadoras privadas como Digitel y Movistar también han sufrido fallas que han afectado el servicio.

• El 31 de agosto se reportó una caída nacional de internet que bajó la conectividad al 87 %, luego de una falla eléctrica[9]. En esta ocasión, al menos ocho entidades fueron afectadas. El estado Táchira fue el más afectado, la conectividad en esa entidad cayó a 31 % de sus valores normales. En los estados llaneros de Guárico y Portuguesa se redujo a 78 % y 79 %, respectivamente. Otros estados afectados fueron Trujillo (80 %), Carabobo (82 %), Vargas (83 %) y Barinas (85 %). En el Distrito Capital la conectividad cayó a 93 %, de acuerdo a un reporte del observatorio de internet Ve sin Filtro.

• El 2 de febrero, la operadora estatal de telefonía móvil, Movilnet, informó en sus redes sociales que los servicios de voz y de datos de su plataforma presentaban fallas debido a cortes de fibra óptica[10]. Más de ocho horas después del anuncio de la falla, la empresa informó sobre la restitución total de ambos servicios. La caída se atribuyó a un presunto acto de vandalismo.

Las dificultades para conectarse a internet de manera oportuna limitan el ejercicio de la ciudadanía de su derecho a la comunicación, expresión y acceso a la información. En tal sentido, el Estado debe garantizar el buen funcionamiento del servicio en procura del bienestar de la población.

Ante el cierre masivo de medios de comunicación tradicionales, el acceso a internet es fundamental para que la ciudadanía se mantenga debidamente informada.

Cierre de emisoras radiales

Luego de que el 2022 se convirtiera en el año con mayor número de emisoras cerradas en las últimas dos décadas, el cerco impuesto a los medios de comunicación desde el gobierno central se mantiene, limitando el acceso a la información plural por parte de la ciudadanía. Durante el 2023 registramos al menos el cierre de 12 emisoras que transmitían en señal abierta en siete estados del país y el Distrito Capital.

• La Conatel ordenó mediante un oficio el cese de las transmisiones de la emisora tachirense Éxtasis 97.7 FM[11], después de 29 años de radiodifusión desde la ciudad de San Cristóbal, en la entidad andina. José Luis Rincón, director de la emisora, explicó que funcionarios de la Comisión llegaron a la emisora cerca de las 2:00 p.m. e hicieron entrega de los oficios. Aclaró que la emisora “ha sido abierta a todos los pensamientos, a todas las ideas políticas. Es una radio que se ha ocupado del tema ambiental, cultural, deporte, educación, temas sociales. Hemos cumplido con la responsabilidad social con el Táchira y el país”.
• Funcionarios de la Conatel decomisaron los equipos de la emisora Mariana 100.7 FM[12] que salía al aire desde la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui, según aseguró el portal de noticias Mundo Oriental. Este hecho ocurre un día después de la detención del alcalde de la entidad, Ernesto Paraqueima, quien tenía un espacio en esa emisora hace cuatro años y en un audio (se desconoce si fue desde su programa) emitiera mensajes despectivos hacia un mural pintado por niños y niñas de condición Asperger. Por este hecho, Paraqueima fue detenido el 4 de mayo e imputado en Caracas por promoción al odio, y otros cargos. Al día siguiente se presentaron funcionarios de Conatel en Mariana 100.7 FM, junto con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y decomisaron todos los equipos de transmisión, dejando a la estación fuera del aire.

• El 29 de junio, la emisora más antigua del país, Radio Caracas Radio (RCR)[13], perteneciente a las empresas del Grupo 1BC, anunció el cese definitivo de sus transmisiones vía web, luego de 93 años de labor ininterrumpida. La decisión se debió a la imposibilidad de mantener económicamente las operaciones digitales. Desde hace cuatro años, RCR operaba solo en línea debido a la salida del aire de su señal 750 AM, por órdenes de la Conatel el 30 de abril de 2019, fecha en que mediante un oficio administrativo le negaron la renovación de los “títulos administrativos de concesión para la operación”.

Violaciones al derecho en contextos electorales

El 22 de octubre se realizó la elección primaria para elegir la candidatura unitaria opositora que se medirá al oficialismo en la elección presidencial de 2024. Este evento fue organizado por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) de manera autogestionada, sin el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero con el respaldo de distintas organizaciones sociales y políticas.

Conatel limitó la cobertura de los eventos vinculados a la primaria opositora mediante llamadas y comunicaciones informales de responsables regionales y nacionales de la Comisión a directivos y propietarios de las emisoras de radio y televisión, alegando que los medios “no están obligados” a dar cobertura al evento porque no contaba con el apoyo del CNE[14]; en otros casos se planteó directamente la prohibición de la cobertura.

Adicionalmente, el día de la votación, se registraron al menos 10 situaciones en donde se violó la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. Estos casos ocurrieron en Amazonas, Táchira, Sucre, Bolívar, Trujillo, Yaracuy, Lara y en el Distrito Capital[15]. La mayoría de los victimarios fueron personas desconocidas, militantes o presuntamente con vinculación al partido de gobierno.

El 3 de diciembre de 2023 fue convocado por el CNE un referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, cuya participación por una opción específica fue altamente condicionada por el Estado a través del uso masivo de recursos públicos, y la presión hacia trabajadores públicos y usuarios/as de programas sociales[16]. Los centros de votación permanecieron con baja afluencia de votantes[17], sin embargo, el CNE aseguró que más de 10 millones de venezolanos/as participaron en el proceso.

Durante la jornada contabilizamos al menos siete casos de violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. A diferencia de la elección primaria convocada por sectores de oposición en octubre, este proceso contó con una amplia cobertura de medios públicos y privados, mayormente de radio y televisión[18].

• La periodista de Qué Pasa en Venezuela, Pilar Guerra, informó que funcionarios del Plan República impidieron el acceso de periodistas y medios de comunicación al centro de votación Escuela Básica Bolivariana Ligia Cadenas Alvarado, ubicado en el municipio Tinaquillo del estado Cojedes. En esta situación, los periodistas y equipos de prensa de Venevisión, Televen, VTV, Globovisión, Unión Radio y Mango Noticias también se vieron afectados.

• El periodista Eduardo Viloria, corresponsal del Diario de Los Andes en el estado Trujillo, fue llevado a un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) luego de que el Plan República le impidiera cubrir la jornada del referendo consultivo en el centro de votación de la Escuela Francisco Arévalo, ubicado en la parroquia Betijoque del municipio Rangel[19].

En contextos electorales, la ciudadanía necesita estar ampliamente informada para tomar mejores decisiones. La desinformación y la falta de pluralidad informativa alteran el desarrollo del proceso electoral, la libre circulación de contenidos y, por lo tanto, la auténtica deliberación pública.

Víctimas y victimarios

Las principales víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela son los periodistas, quienes con frecuencia son objeto de ataques y agresiones durante el ejercicio de sus labores. En tal sentido, 48 % de las víctimas corresponde a esta categoría. Estas situaciones principalmente se registran durante la cobertura de hechos noticiosos como protestas o situaciones puntuales en sedes de instituciones públicas.

Cuadro y gráfico 4. Víctima por ocupación

Gráfico 4. Víctima por ocupación.

• Una persona con vestimenta de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) intimidó al reportero del portal Qué Pasa en Venezuela, Ricardo Tarazona[20], cuando hacía un trabajo informativo sobre la explosión de una tubería de combustible de una toma clandestina en el sector Campo Nuevo del municipio Sucre, estado Yaracuy, el 6 de febrero. Tarazona contó a Espacio Público que intentó entrar a la zona del siniestro donde hubo dos fallecidos, pero funcionarios policiales no se lo permitieron, impidiendo que realizara su trabajo. Sin embargo, con ayuda de unos lugareños se dirigió hacia otro sitio cercano desde donde se veía el incendio, para hacer grabaciones de apoyo. El periodista comentó que cuando terminó de grabar se percató de que se acercaban a él dos vehículos con la identificación de Pdvsa, e intentó grabar para obtener otras tomas de apoyo. Una persona se bajó de uno de los vehículos, le preguntó quién lo había autorizado para grabar y le pidió sus credenciales.
• El 28 de febrero, la alcaldesa del municipio Piar del estado Bolívar, Yulisbeth García, amenazó con ejercer acciones legales en contra de seis periodistas que cubrieron denuncias de familiares de pacientes que fallecieron durante la pandemia por la Covid-19 en el hospital Dr. Gervasio Vera Custodio, y que fueron atendidos por su exdirector. En un programa radial local, García acusó a seis periodistas de “aplicar terrorismo mediático” y de “especular” al tomar y hacer públicas las denuncias y exigencias de los familiares. Entre las y los periodistas que hicieron cobertura a la protesta de familiares se encontraban Andrea Calma, de Televen; Indira Zamora, de Nueva Prensa de Guayana; David Pache, de Upata Digital; Carlos Monsalve, de Venezuela Informativa, entre otros. Carlos Suniaga, de El Pitazo, y Pableysa Ostos, de La Patilla, cubrieron el caso a distancia[21].

Gráfico 5. Víctimas por género.

Por su parte, los  principales victimarios fueron las instituciones del Estado, que de manera reiterativa imponen limitaciones al trabajo de periodistas y al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En este punto destacan como principales victimarios la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv); la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), motivado a las fallas en los servicios de telecomunicaciones y al cierre de medios de comunicación.

En segundo lugar, se ubican los funcionarios/as, quienes en reiteradas oportunidades amenazaron a periodistas y medios de comunicación por realizar su labor. En la mayoría de las ocasiones, estos señalamientos se hicieron a través de medios de comunicación del Estado, es decir, con el uso de recursos públicos.

Cuadro 5. Victimario por ocupación.

Gráfico 6. Victimario por ocupación

• Dirigentes y personas vinculadas al oficialismo hostigaron a Víctor Hugo Basabe[22], obispo católico y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, luego de dar un discurso crítico sobre la situación actual del país durante su homilía del día de la Divina Pastora, el 14 de enero. Entre quienes criticaron y hostigaron a Basabe se encuentra Diosdado Cabello, diputado oficialista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien afirmó que lo dicho por el obispo “fue un discurso politiquero, de bajo fondo, malintencionado”. También tildó a Basabe de ser un “dirigente opositor” por su homilía. En su discurso en la Iglesia de Santa Rosa de Barquisimeto, estado Lara, Basabe criticó la “burbuja de falsedad económica” y resaltó la “precaria situación” que vive el país, en la que “están inmersos la mayor parte de nuestros hermanos venezolanos”. Esthefany Ferri, presidenta de la Corporación de Turismo del estado Lara (Cortulara), rechazó los “anuncios políticos” del obispo y dijo que la Gobernación de Lara emitirá un comunicado de rechazo porque ellos cumplieron con todo lo “pautado” en un “acuerdo de no politizar la festividad religiosa”, según reseñó La Prensa de Lara.

• La Conatel ordenó el 28 de octubre el cierre inmediato de la emisora Carora 100.5 FM[23] que operaba en la ciudad de Carora, municipio Torres del estado Lara. La información fue difundida por la periodista Yanitza Martínez y otros comunicadores de la entidad por redes sociales el mismo día del cierre. Carora 100. 5 FM tenía más de 29 años de transmisión ininterrumpida y fue una de las primeras emisoras de la ciudad.

Casos por ubicación geográfica

            Al igual que en períodos anteriores, el número de casos registrados en internet representa una proporción importante del total de casos. En esta ocasión, al menos 46 % de las situaciones se registraron en la web. Estos estuvieron vinculados a casos de hostigamiento verbal o amenazas hacia periodistas a través de redes sociales, así como a detenciones o represalias por la difusión de contenidos en línea.

Con respecto a la ubicación geográfica en donde ocurrieron los casos, el estado Anzoátegui lidera la lista. Seguido por Táchira, Distrito Capital, Bolívar, Trujillo.

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