La migración masiva de personas en virtud de la crisis humanitaria compleja que experimenta Venezuela, desde hace varios años, es un fenómeno en el que las mujeres y niñas se enfrentan a graves riesgos y violaciones de sus derechos fundamentales, tanto en el país de origen como en el tránsito y el destino

Autoras: Anagabriela Centeno y Nataly Carvajal

La emergencia humanitaria compleja que experimenta Venezuela desde hace unos 7 años, evidenciada en la precarización de los servicios públicos, la pérdida vertiginosa del poder adquisitivo, la inseguridad, la normalización de la violencia y el deterioro de la calidad de vida, ha impulsado la emigración masiva de personas hacia otros países en la búsqueda de mejores condiciones y oportunidades para progresar. En tal sentido, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más de 7 millones de personas han abandonado el país[1], con el objetivo de solicitar protección internacional en circunstancias de absoluta vulnerabilidad, debido a las extensas limitaciones que los Estados han impuesto a la movilidad humana.

En este contexto, las mujeres y niñas son las que suelen exponerse a mayores riesgos, tanto en el país de origen como en el de destino y tránsito, siendo víctimas de violencia física, emocional, sexual hasta de delitos de trata de personas, esclavitud moderna, servidumbre o prostitución forzada. Una muestra de ello es que, recientemente, las autoridades peruanas indicaron que en lo que va del 2023 unas 100 niñas y adolescentes venezolanas[2] han sido reportadas como desaparecidas luego de llegar a esa nación producto de la migración, pudiendo ser víctimas de alguna forma de explotación humana.

Por su parte, la organización zuliana Mulier sostuvo que sólo en el año 2022 fueron rescatadas de la trata de personas unas 1390 mujeres, de las cuales 284 eran niñas y adolescentes[3], que podrían haber sido captadas en redes sociales a través de modalidades que han proliferado a raíz de la pandemia de Covid-19, en ocasiones con la oferta de “trabajo seguro”, un argumento que resulta muy tentador frente a la situación socioeconómica del país que las condena a la insatisfacción de las necesidades más básicas y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Vale destacar que, aunque no se cuenta con cifras oficiales, al menos 56% de las mujeres venezolanas viajan con niños, niñas y adolescentes[4] lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad durante su tránsito por rutas migratorias que son considerados pasos ilegales pues algunos de ellos son territorios que se hallan bajo el control de bandas criminales y/o grupos paramilitares, siendo ejemplos notorios las denominadas “trochas” de la frontera colombo-venezolana, la selva del Darién que conduce a Panamá, o “La Bestia”[5] que forma parte de una red de trenes que atraviesa México y que suelen tomar los migrantes para acercarse al borde fronterizo de los Estados Unidos de Norteamérica por algunas de sus rutas: la oriental que conduce a la frontera de Tamaulipas con Texas, o la occidental que se dirige a Sonora y Baja California que a su vez comparten frontera con Arizona y California.

Particularmente, en el caso del llamado “Tapón del Darién”, una selva inhóspita localizada entre Colombia y Panamá, se ha informado sobre la violación sistemática de mujeres que por allí transitan rumbo al “sueño americano”. De hecho, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) señaló          que, de enero a octubre de 2022, 83,3% de las consultas en salud mental estaban relacionadas a sucesos violentos ocurridos durante la travesía migratoria, siendo 11% asociados a violencia sexual[6]. Del mismo modo, en México se ha reportado la muerte violenta de migrantes provenientes de Venezuela, siendo uno de los casos más recientes la desaparición y posterior muerte de una joven de 21 años que fue asesinada en Chihuahua, luego de haberse trasladado a ese país centroamericano con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

En contraste, las autoridades de las naciones a las que recurren los migrantes con frecuencia les dan un trato discriminatorio, no enfocado en los tratados internacionales que versan sobre la figura de la migración como derecho humano, de forma tal que los someten a actos xenofóbicos hasta instrumentalizarlos como bandera política de sus programas de gobierno, profundizando a su vez las brechas de desigualdad ya existentes. Tal es el caso de Trinidad y Tobago, a cuyo gobierno Amnistía Internacional ha pedido en los últimos días que cese la deportación de refugiados venezolanos y solicitantes de asilo amparados por la legislación internacional, según la cual no pueden ser devueltos a lugares donde su vida e integridad podrían verse severamente comprometidas.

De esta narrativa, se evidencia la grave vulneración de derechos fundamentales que padecen las mujeres venezolanas en un entorno migratorio poco seguro, de alto riesgo y que progresivamente irá en aumento, dado el panorama de la crisis venezolana que no muestra avances ni señales de cambio de una realidad que día a día consume a más ciudadanos e impulsa la movilidad humana, no como una alternativa sino como una necesidad. En consecuencia, es primordial que los Estados receptores de migrantes asuman su responsabilidad de garantizar el bienestar de estas personas, especialmente, de las mujeres que por su género se ven expuestas a mayores contratiempos que les impiden vivir una vida libre de violencia, tal como lo ha dispuesto el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; más aún cuando suelen migrar por la pobreza, es decir, la incapacidad de gozar de oportunidades que les permitan su desarrollo personal y familiar, siendo que para 2020 representaban más de 48,1%[7] de migrantes en todo el mundo.

A tenor de ello, se insiste en la imperiosa necesidad de que se planteen políticas destinadas a la protección efectiva de las mujeres migrantes, que además es una prerrogativa que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio[8] que abogan por una movilidad humana ordenada, regular y segura, lo cual depende en gran medida de la voluntad de los Estados.