Las pruebas presentadas por CFJ apuntan a la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas o percibidas como vinculadas a la oposición política del gobierno. El equipo Docket de CFJ representa a los familiares de dos víctimas de violencia y asesinatos indiscriminados en su último esfuerzo para apoyar a los sobrevivientes y hacer que los perpetradores rindan cuentas más allá de la frontera de Venezuela.

“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, dijo Yasmine Chubin, Directora de Defensa Legal en The Docket de CFJ. “Es por eso que estamos ayudando a los sobrevivientes y sus familias a reunir evidencia de los crímenes cometidos en su contra y buscar jurisdicciones alternativas para garantizar que los perpetradores de estos crímenes rindan cuentas”.

Desde 2014, cuando comenzaron estos crímenes , las autoridades venezolanas no han iniciado investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales, incluidos asesinato, tortura, violencia sexual y detención arbitraria, cometidos por funcionarios venezolanos.

La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los delitos más graves independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del perpetrador o de la víctima. Argentina es una jurisdicción apropiada dada su ya bien establecida dependencia de la jurisdicción universal. El sistema de justicia federal argentino ha aplicado previamente el principio de jurisdicción universal a casos en lo que ahora es una sólida línea de precedentes. Entre estos, en 2010 un juez federal argentino inició una investigación penal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco (1936-1977). Esto condujo a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían cumplido. En 2021, aplicando nuevamente la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad rohingya en Myanmar.

“Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que ahora han estado esperando justicia durante años”, dijo Ignacio Jovtis, gerente sénior de programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela. “Esperamos que el sistema de justicia argentino continúe aplicando correctamente la jurisdicción universal y abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias de la misma manera que lo ha hecho en los demás casos de jurisdicción universal ante ella”.

Covington & Burling LLP, Justice Rapid Response y la Clínica Jurídica de la Universidad Austral brindaron a Clooney Foundation for Justice apoyo y asistencia técnica pro bono para la elaboración de esta denuncia.

Artículo publicado por primera vez en la página oficial de: Clooney Foundation for justice

Fotografía: (Humberto Matheus/Sipa EE. UU.)