Ahora tenemos más mujeres indígenas profesionales trabajando fuera de sus hogares para ayudar con la manutención del hogar, desempeñando la enfermería, la docencia y hasta la abogacía

Las comunidades indígenas venezolanas siempre han estado en una situación vulnerable que hoy por hoy se ha acentuado por la crisis en derechos humanos que se vive en Venezuela y la falta de instituciones que les garanticen seguridad jurídica y social, así lo relata la lideresa Amelia Conde, indígena uwöttüja y coordinadora general de la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA) en entrevista para Amnistía Internacional.

Desde el año 2007 dirige esta organización que se encuentra en las comunidades indígenas del municipio Autana, en el estado venezolano de Amazonas. En sus primeros años, su bandera fue empoderar a las mujeres indígenas para que formaran parte de las asambleas de tomas de decisiones importantes para su pueblo. “Anteriormente, en estas reuniones solo participaban hombres, las mujeres no tenían voz ni voto en decisiones que las afectaba directamente. Es por ello que comenzamos a formar a las mujeres para que conocieran sus derechos y se dieran cuenta de la importancia que tenían en la conformación de estos espacios de poder”.

El sistema patriarcal siempre ha confinado a las mujeres a los quehaceres de la casa y el cuidado de los hijos, de esta creencia tampoco se han escapado las comunidades indígenas, pero el trabajo de OMIDA ha roto los esquemas tradicionales para hacer ver que la mujer tiene valor y puede desempeñarse en otras áreas como lo han hecho los hombres.

“Ahora tenemos más mujeres indígenas profesionales trabajando fuera de sus hogares para ayudar con la manutención del hogar, desempeñando la enfermería, la docencia y hasta la abogacía. Yo misma trabajé muchos años como docente en escuelas de mi comunidad”, dije Conde.

La inclusión de las mujeres en el sistema laboral ha hecho que ya no dependan de sus parejas y ha impulsado que ellas se sientan respetadas y valoradas, también este hecho ha disminuido la violencia dentro del hogar. “Los hombres están aprendiendo a mirar a las mujeres como iguales, ya no se molestan porque salgan a trabajar, más bien las apoyan y entienden que es un beneficio para la familia”.

Sin embargo, el sacrificio que debe hacer una mujer indígena en Venezuela para cursar estudios universitarios es bastante alto, ya que cerca de sus comunidades no existen centros de educación superior y deben migrar hacia las grandes ciudades y trabajar a la vez para conseguir un título universitario.

Sobre la situación del acceso a la educación básica explicó que está bastante complicada, ya que existen pocas escuelas dentro de las comunidades indígenas y la mayoría se encuentran en condiciones deplorables y sin suficiente personal. “Muchas veces las familias prefieren irse con sus hijos a trabajar en las minas, que inscribirlos en el sistema educativo”.

Indígenas frente a la crisis económica

La falta de oportunidades para subsistir es el común denominador en las comunidades indígenas, situación que las ha obligado a buscar trabajos de mucho peligro e ilegales en las minas del Orinoco donde son explotados y corren grandes riesgos de morir por las condiciones precarias del lugar y las amenazas por parte de grupos de poder.

“Sobre todo la gente joven es la que se va al trabajo de las minas en busca de mejores condiciones de vida, pero muchos se han regresado por lo peligroso que se ha convertido dedicarse a esa labor. Muchos hombres han sido asesinados y mujeres han sido violadas por quienes controlan las minas”, relató Conde. 

Ante esta situación la organización ha priorizado sus esfuerzos en la formación financiera de las comunidades para que sean autosostenibles. Junto con COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), organización transnacional que reúne a diferentes organizaciones indígenas de la cuenca del Amazonas, han podido desarrollar programas formativos que eduquen a las personas indígenas en el uso eficiente del dinero, cómo administrarlo, invertirlo y crear emprendimientos.

“Hasta ahora 60 familias han recibido formación financiera para potenciar sus propios emprendimientos y no depender de trabajos en las grandes ciudades en donde, muchas veces, solo perciben salario mínimo, es decir menos de 6 dólares mensuales o trabajos en las minas donde pongan en riesgo sus vidas”.

El trabajo de OMIDA ha incentivado que, dentro de las comunidades, las personas tengan sus propios negocios y comercialicen cultivos de sus propios conucos, gastronomía originaria y artesanías que resaltan los saberes de su cultura.

Otro duro golpe para el bolsillo de las personas indígenas es el acceso a la salud. En los alrededores de las comunidades no existe un hospital o dispensario que esté dotado para atender a las personas afectadas por alguna enfermedad o padecimiento.

Conde señala que cuando se trata de enfermedades que no pueden ser curadas por sus medicinas ancestrales, deben gastar altas sumas de dinero para trasladarse a centros de salud colombianos. “Si tenemos a alguna persona que necesita ser atendida en un hospital debemos pagar al menos 200 mil pesos (41.25 dólares) para trasladarla al hospital más cercano, pasando la frontera con Colombia. Las personas al verse que no cuentan con este dinero, piden a familiares y amigos prestamos”.

La Pandemia por Covid- 19 dejó en evidencia lo desatendida que están estas comunidades por parte del gobierno nacional en cuanto a los derechos a la salud. “Con la pandemia nos vimos solos, a las comunidades no llegó nada de medicinas ni operativos de sanidad. Las personas que se contagiaron solo ingerían tés de hiervas para aliviar los síntomas, otros murieron”.

Territorios invadidos por grupos armados

En los últimos 10 años ha proliferado la invasión de territorios que ancestralmente han sido de las comunidades indígenas por personas externas. Hoy ven sus casas y sembradíos amenazados por la violencia y arbitrariedad de grupos armados que se adueñan de extensas zonas de tierras para dedicarse al narcotráfico y la minería ilegal.

“Cada vez llegan más personas a tomar nuestras tierras, sin pedir permiso ni tener consideración. Hemos denunciado esta situación a las autoridades competentes, pero hacen caso omiso, tenemos miedo por nuestras vidas”.

En el marco legal venezolano existe el reconocimiento del derecho al hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, estableciendo que “El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles”. [1]

Sin embargo, el control ilegal y arbitrario de sus territorios está tan normalizado y amparado por los funcionarios de seguridad nacional que las comunidades indígenas deben cumplir horarios en los que se les permite transitar por ese territorio en específico, de lo contrario son maltratados y hasta amenazados de muerte por estos grupos armados.

Investigaciones de prensa nacional han reportado la existencia de al menos 7 grupos que ejercen el poder de forma ilegal en el sur de Venezuela y que practican al menos 21 tipos de delitos diferentes.[2]

La impunidad en la invasión de los territorios indígenas ha dejado muchos líderes muertos. Tal es el caso del asesinato de Virgilio Trujillo Arana, miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y coordinador de una guardia territorial contra la minería ilegal, Guardianes Territoriales Uwottujja, en el municipio Autana, el pasado 30 de junio de 2022. Hasta la fecha las autoridades no han determinado a los responsables de este asesinato.

El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) denunció que entre 2013 y 2021, han habido 32 líderes indígenas y ambientales asesinados: a 21 de ellos los asesinaron sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). [3]

Amelia Conde, quien es también familiar de Virgilio, pide a las autoridades justicia y protección para su pueblo. “Vivimos con miedo, la persecución a los líderes que defienden el territorio y el ambiente es cada vez más fuerte. Solo queremos estar en nuestra comunidad y trabajar nuestras tierras con libertad, como lo hacíamos antes”.  

*Por Daniela Damiano, periodista especializada en derechos humanos @ddamianoh