El Estado venezolano no está garantizando el agua, ni planes de alimentación y salud en los centros de reclusión del país, lo que deja a los privados de libertad en una situación vulnerable

En una situación dramática se encuentran los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, población que está sometida a condiciones de reclusión que están lejos de respetar el derecho a la vida, así lo asegura el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“La situación es dantesca, se violan los derechos humanos de las personas privadas de libertad, las 24 horas, los 365 días al año. Hablamos de que no existen condiciones básicas para la vida de cualquier persona, como lo son el agua y la alimentación, además de la integridad y la dignidad humana”, afirmó Carolina Girón, directora del OVP durante entrevista para Amnistía Internacional Venezuela.

Girón explicó que a los centros penitenciarios del país no les llega agua potable, por lo que deben abastecerse con camiones cisternas “los más afortunados”, además de lo que pueden llevar los familiares de las personas detenidas.

“En el mejor de los casos son dos envases de cinco litros y con esa agua deben asearse, preparar alimentos y lavar algunas cosas. Esta agua que llevan los familiares lo hacen una vez a la semana o cada 15 días”, afirma. Además, subraya que la misma situación se presenta con el derecho a la alimentación.

“No entendemos qué pasa con el presupuesto para la alimentación, no sabemos cuánto es porque los presupuestos no se publican desde el año 2013. Si la persona no tiene un familiar que le suministre alimentos, simplemente no se alimenta, porque el centro no proporciona este insumo”, subraya.

También, Girón detalla que en la actualidad los familiares de los privados de libertad no le pueden llevar alimentos crudos, sino que “todo debe estar cocinado y la comida de este modo tiende a deteriorarse porque no existe refrigeración en los centros de detención”.

Además, la defensora de derechos humanos resalta que la mayoría de los centros de reclusión se encuentran en zonas de altas temperaturas, con una situación de grave hacinamiento.  

En caso de recibir alimentos, los mismos no cumplen con los criterios de una dieta adecuada. “Las veces en que el centro de reclusión proporciona alimentos solo dan arepa sola, agua de rebose de pasta o un caldo y no hay ingesta de ninguna proteína”, afirma.

Desnutrición letal

A propósito de esta situación Girón sostiene que “la causa principal de fallecidos es por desnutrición condición que subyace antes de cualquier otra patología”.

Entretanto, la defensora indica que la tuberculosis es una enfermedad típica en los centros carcelarios en todo el mundo al igual que en los hospitales, por lo que se supone que debe existir un protocolo para su prevención, detección y tratamiento.

“Esto no existe en el sistema venezolano, aun cuando existe el programa antituberculoso que en Venezuela es monopolio del Estado, el tratamiento no se expende en farmacias. Es el Estado quien debe detectar y tratar la TBC. Esta enfermedad en las cárceles de Venezuela hace estragos, primero por la desnutrición y luego porque no es detectada ni tratada. También hay muchos casos de deshidratación por diarrea y enfermedades gastrointestinales”, enfatizó.

Asimismo, el OVP señala que “pareciera que no llegó la Covid-19 a las cárceles venezolanas”, en vista que el Estado venezolano no ha brindado información al respecto.

“Sabemos extraoficialmente que hubo infectados, sin la certeza de un comunicado oficial. La realidad fue que no se hicieron pruebas de detección masiva a la población; si hubo vacunación, pero desconocemos cuántas dosis, ni cuál de las vacunas fueron proporcionadas”, dijo Girón.

Cifras de fallecidos

A propósito de estas condiciones, desde enero a octubre 2022 han fallecido 49 personas en los centros penitenciarios, 39 de estas muertes están relacionadas con cuestiones de salud, lo que corresponde al 80%

Asimismo, en los calabozos policiales durante el mismo período, se registraron 37 fallecidos de los cuales 12 se asocia a condiciones de salud.

Las mujeres enfrentan una dura realidad

Las mujeres privadas de libertad en Venezuela enfrentan una serie de vulneraciones que se traduce en una desgarradora realidad.   

“En Venezuela existe una sola cárcel de mujeres que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), el resto son anexos a las cárceles de hombres, que no cumplen los requerimientos específicos para las mujeres, para su higiene y su salud. No se les proporciona toallas sanitarias, ni acceso a la salud, ni medicinas. Si la mujer está embarazada tampoco recibe cuidado prenatal, ni post natal”, dijo Girón.

En el caso de las féminas den a luz, los bebés permanecen con sus madres con el resto de la población en condiciones insalubres, sin un espacio privados para ellas y sus hijos. La ONG exige que las mujeres embarazadas y sus hijos que permanecen con ellas hasta los 3 años reciban una dieta adecuada.

“Las mujeres privadas de libertad la pasan muy mal. Además que muchas son abandonadas por sus familias, la mujer sufre mucho más estigma cuando ingresa a prisión. La gran mayoría de las veces es el personal de custodia que hace muchas cosas para llevarles comida y artículos de aseo”, afirma la defensora.

“No obstante, aun cuando la gran mayoría del personal de estos anexos tiende a ayudarlas, también hemos detectado, anexos femeninos dirigidos por hombres y con custodios masculinos, que exigen intercambio sexual por comida, por agua o por simplemente no ser castigadas”.

También, se ha producido otros tipos de malos tratos, uno de ellos fue denunciado este año por el OVP al producirse heridas por arma de fuego dentro del anexo femenino de Fénix, ubicado en el estado Lara, de parte del subdirector, que trajo como consecuencia la destitución de esta persona, “quien ingresó al anexo con un arma de fuego y disparó a la población”.

La OVP insta al Estado venezolano garantizar los derechos humanos de toda la población carcelaria, adecuar los espacios para reducir los niveles de insalubridad y hacinamiento. Además, exigen que las mujeres privadas de libertad reciban un trato digno a través de la formación de los funcionarios en temas que busquen eliminar la violencia basada en género dentro de las prisiones.