En Venezuela, donde existe una gran opacidad de información y datos desagregados, es muy difícil hacer ver las condiciones en la que vive la población joven que también padece los efectos de la emergencia humanitaria compleja y más de 2 años de pandemia.

 

Ante este vacío, la sociedad civil sale al ruedo una vez más con la creación de un instrumento que ayuda alternativamente a tener un panorama de las características del momento actual que les ha toca vivir a miles de jóvenes en el país. 

 

La Encuesta Nacional sobre Juventud nació en el año 2013, 20 años después de que el Ministerio de la Familia dejara de publicar la encuesta que era realizada y coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

 

"En vista del tiempo transcurrido y que en ese período el país estaba registrando una transformación demográfica que había llevado a hacer más visible la participación de los jóvenes  dentro de  la pirámide de población del país (...) nos planteamos hacer ese proyecto sobre la juventud", dijo Anitza Freitez demógrafa y directora desde el año 2012 del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB) y coordinadora del proyecto Encuesta de Juventud Venezolana (Enjuve) y de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), ambos realizados por este instituto. 

 

Al inicio de este proyecto en 2013 varios profesores de la UCAB participaban en la realización de este estudio. Entre ellos estaban Jenny Zúñiga, Matilde Parra, María Gabriela Ponce, María de Brienza, Gerardo Correa. Sin embargo, ese grupo se ha reducido al pasar el tiempo.

 

Estos expertos trabajan con un equipo importante en todo el país: alrededor de 140 personas, entre encuestadores y supervisores en 22 estados. Además de cuatro coordinadores regionales. "Los únicos estados donde no levantamos información por razones operativas y de costos,  son en Amazonas y Delta Amacuro, tenemos una deuda pendiente con ellos", indicó.

 

El proyecto ha planteado retos más allá de los números. En sus inicios, además de levantar la encuesta, la Enjuve organizó foros en siete ciudades del país donde se conversó con jóvenes, organizaciones y expertos para discutir el diagnóstico que se encontró en las diferentes áreas. Es decir, educación, trabajo, vida social, los aspectos políticos, entre otros.

 

 

La Enjuve 2021 reflejó que 51% de los más de cinco millones de venezolanos que abandonaron el país en los últimos cinco años son personas de 15 a 29 años de edad. Respecto al tema de la educación el informe enfatiza que “cayó la proporción de población que alcanzó la enseñanza universitaria”. "Hace ocho años, 30% de los consultados respondieron que habían alcanzado el nivel técnico/universitario en su formación. En 2021 ese número se ubica en 19%. 

 

La medición de la población inscrita en centros educativos arroja un retroceso, especialmente en los grupos de 18 a 24 años y de 25 a 29 años. En 2013, 40% de los hombres y 43% de las mujeres de 18 a 24 años estaban inscritos en un centro educativo. Ahora solo lo está 15% y 20%, respectivamente. En cuanto a los ciudadanos de 25 a 29 años,  la cifra pasó de 18% a 6% entre los hombres, mientras que entre las mujeres el número de inscritos en algún centro educativo bajó de 18% a 4%.

 

Otro aspecto a resaltar es que durante los años de crisis, la población venezolana se ha empequeñecido y la cifra de jóvenes de 15 a 29 años se ha reducido a 6 millones 817 mil. 

 

Con relación a la pobreza, la investigación sostiene que la mitad de la población joven pertenece al 40% de los hogares de menores ingresos y el otro extremo se encuentra en el otro 31% de mayores ingresos. 

 

Asimismo, indicó que entre 2013 y 2021 aumentó en el país el fenómeno de la “doble exclusión”, al pasar de 23% a 37% el porcentaje de venezolanos entre 15 y 29 años que no están inscritos en algún centro educativo ni están insertos en el mercado laboral. Esa doble exclusión afecta a casi la mitad de las mujeres, al grupo de 20-24 años y a quienes están en situación de pobreza no extrema.

 

 

 

 

En un país como Venezuela donde recoger este tipo de información es complicado por la situación socioeconómica y política del país, uno de sus principales problemas es la inseguridad en las zonas fronterizas.

Para estos estudios, dice Freitez, no han podido llegar a dichas áreas por falta de recursos y por la seguridad y protección de los encuestadores e investigadores.

 

"Hemos tenido que hacer reemplazos del levantamiento por otras zonas,  porque no se puede llegar a la zona minera, en esta ocasión pudimos llegar a Santa Elena de Guairen pero no pudimos llegar al Callao", explicó.

Para la directora de la Encovi y la Enjuve la ausencia del Estado en estas zonas del país les complica hacer el trabajo. Sin embargo, agrega que para ella llevar adelante estos proyectos ha sido "un reto gigantesco".

 

"Somos un instituto de investigaciones en una universidad pequeña y que tiene poco personal, hacemos muchas cosas con mucha vocación y con mucho compromiso. Yo miro para atrás, en retrospectiva, lo que hemos hecho y no me creo los retos que hemos superado", comentó.

 

Sin embargo, ante las limitantes, los problemas que no son menores y la falta de presupuesto, además de lo complejo y difícil de asimilar los datos y la realidad venezolana, para Freitez la experiencia en estos nueve años ha sido satisfactoria.  Asegura que con este trabajo ha conocido y tenido contacto directo con tantos jóvenes, que considera es la mejor experiencia laboral que ha vivido. "La oportunidad de compartir en forma  directa con ellos, la forma de hablar, la visión que tienen, tener esa experiencia de vivir directamente en comunicación con los jóvenes, diría es la  experiencia más bonita que he tenido en mi vida profesional en mis 32 años, para mí fue muy gratificante" concluyó.

 

 

Freitez señala que a la juventud actual en Venezuela le ha tocado muy duro. “Un joven en el país con 27 años quizás no tiene las mismas oportunidades, ni un parecido crecimiento económico de lo puede tener un colombiano, por ejemplo. Las dos realidades son muy distantes”.

 

Según la Enjuve 2021, la desincoporación del sistema educativo y del sector económico de la población entre 18 a 24 años ha tenido una caída importante. "Los jóvenes no son activos económicamente y cuando se trata de ver en qué categoría de inactividad se están refugiando podemos encontrar principalmente a las mujeres con los quehaceres  del hogar (...) Ellas se dedican al cuidado de niños menores o de adultos mayores; mientras que el caso de los hombres es inespecífica porque no son rentistas, jubilados, ni pensionados”, explicó la experta. 

 

Si bien en Venezuela son bastante conocidos los programas económicos del Gobierno o los bonos que se entregan mediante el Carnet de la Patria,  para los hogares en situación de pobreza que reciben estas transferencias públicas solo les sirve para sobrevivir. 

 

"Lo que hemos visto con Encovi es que en los hogares pobres, casi dos tercios del ingreso total es producto de esos bonos económicos, pero eso no sirve para vivir, porque en promedio son 5 dólares mensuales", indicó la directora del IIES- UCAB.

 

Para la investigadora el joven venezolano debería vivir en otras circunstancias más dignas y con mejores oportunidades. Merece que el Gobierno se esfuerce en la reinserción educativa, en la inversión estructural en las unidades educativas y del capital humano que quiera dedicarse a la educación. También es urgente actualización completa de los programas educativos.

 

"No es atractivo para un bachiller en este momento el pensum de estudio que existe desde hace 50 años. Los jóvenes venezolanos merecen tener oportunidades de estudio que estén en sintonía con las necesidades y demandas actuales, una incorporación al mercado  de trabajo en condiciones de calidad. Merecen formar su familia de manera independiente, tener autonomía, tener  posibilidad de acceder a una vivienda,  bien sea por la vía de alquiler o la vía de compra, pero que tengan esa posibilidad, que tengan oportunidades del buen uso  del tiempo libre", agregó Freitez.

 

Es deber del Estado venezolano proteger los derechos de su población, especialmente la joven, brindándoles acceso al sistema educativo básico, medio y universitario, entornos seguros y pacíficos para vivir, opciones de esparcimientos sanas, oportunidades para insertarse en el mercado laboral y para lograr independizarse. El futuro de sociedades más justas y prósperas  depende de cuan bien puedan desarrollarse los jóvenes en el presente.