Entre enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2021, un total de 15.769 personas han sido arrestadas por motivos políticos en Venezuela 

La disidencia en Venezuela se paga con cárcel. Las detenciones arbitrarias siguen formando parte de la política del gobierno venezolano que intenta acallar las voces de quienes tienen ideas contrarias, hacen activismo o denuncian violaciones de derechos humanos en el país.

En los últimos siete años, la organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica y apoyo a familiares y víctimas de detención arbitraria, Foro Penal, ha llevado la cuenta del número de personas que han terminado tras las rejas por motivos políticos; su último informe refleja que van al menos 15.769.

“Entre enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2021, un total de 15.769 personas han sido arrestadas por motivos políticos en Venezuela. De estos, 875 civiles han sido procesados ante tribunales militares durante este periodo”.

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Reportan que la cifra de presos políticos hasta 31 de diciembre de 2021 fue de 244 personas, entre los que se encontraban 14 mujeres, 132 funcionarios militares y 1 adolescente.

“Venezuela es uno de los países que más presos políticos tiene y se ha mantenido así por muchos años como es el caso de Nicaragua y Cuba”, indicó Alfredo Romero, director de Foro Penal.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son los funcionarios del Estado que más practicaron estos arrestos. Distrito Capital y en el estado Apure son los estados donde más personas se detuvieron. Solo en el 2021 se  reportaron 44 nuevos detenidos políticos. De estos, 41 son ciudadanos civiles lo que representa 93,2% de las detenciones, entre los que se encuentran 4 mujeres.

27% del total de las detenciones arbitrarias reportadas en el 2021, fueron ejecutadas por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) quienes detuvieron 12 personas, seguido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), 8 personas (18%), funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 6 personas (14%), funcionarios de diferentes Policías Municipales, 6 personas (14%) y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), 4 personas (9%).

Entre las presuntas causas de detención arbitraria destacan: conspiración fuera del marco de manifestaciones, ejercicio del activismo de derechos humanos, situaciones relacionadas al Covid-19, publicación en redes sociales, relación con líderes de oposición, ejercicio del periodismo, protestas por fallas de servicio.

“La prisión preventiva de manera indefinida, la falta de atención a la salud del detenido y torturas es algo regular entre las prácticas que sufren las personas”, aseguró Romero.

Desde 2014, Amnistía Internacional ha identificado patrones de detenciones arbitrarias por motivos políticos. Entre otros, destacaban los arrestos sin orden judicial o sin indicios de flagrancia; el uso de tipos penales con amplios márgenes de discrecionalidad (como “terrorismo” o traición a la patria); la comisión de actos de tortura; y el desconocimiento de órdenes de libertad.[1]

Recientemente, la organización publicó una nueva investigación en conjunto con Foro Penal y Centro para los Defensores y la Justicia titulada: Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Con ella, es la primera vez que se evidencia que existe una relación entre las estigmatizaciones o narrativa discriminatoria realizadas por  funcionarios del gobierno y en medios de comunicación oficialista con las detenciones arbitrarias y la criminalización.[2]

Esto podría indicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, por lo que las ong llaman a que las autoridades venezolanas, incluido al más alto nivel, sean investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos.

Detenciones arbitrarias en pandemia

Ni siquiera en tiempos de pandemia el número de detenidos por razones políticas ha disminuido, más bien ha servido de argumento para apresar a más personas. El más reciente informe anual de Amnistía Internacional denunció que al menos 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones.

También se usó las restricciones adoptadas por la pandemia para limitar la información sobre el paradero de las personas y se retrasaron y suspendieron actividades de los tribunales y del Ministerio Público, aumentado la vulnerabilidad y los días de detención arbitraria de las personas.

La desaparición forzada, el régimen de incomunicación y el aislamiento en las etapas iniciales de la reclusión son reportados como frecuentes en las etapas iniciales de la reclusión, llevando a la persona a sufrir tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Desde 2014 hasta la actualidad, Foro Penal ha registrado y documentado 573 casos de torturas y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Salud sin atención

Mientras una personas está bajo custodia del Estado es deber de las autoridades garantizar su integridad física; sin embargo, en Venezuela este derecho no se cumple cabalmente pues son muchos los casos que se han reportado donde el estado de salud de la persona detenida se encuentra comprometido y las autoridades no le brindan la oportunidad de tener atención medica oportuna y adecuada. Incluso, muchos han muerto por estas razones.

Foro Penal asegura que la falta de provisión de atención médica oportuna y adecuada sigue siendo una constante dentro de los casos de presos políticos. Al menos 45 personas de las 244 catalogadas como presos políticos, padecen enfermedades que requieren atención médica y no estarían siendo atendidas correcta ni oportunamente en los lugares de reclusión donde se encuentran.

El caso de Javier Tarazona, director de la ONG local FundaREDES, es muestra de ello. Amnistía Internacional lo ha catalogado como preso de conciencia por ser detenido arbitrariamente el 2 de julio de 2021, por su labor de defensa de los derechos humanos. Actualmente, su salud se ha deteriorado gravemente por falta de tratamiento médico.

El periodista venezolano Roland Carreño, detenido arbitrariamente por su disidencia al gobierno, ha presentado cuadros críticos de salud no atendidos oportunamente, relacionados a hipertensión y Covid-19. Familiares y organizaciones de la sociedad civil han exigido en reiteradas ocasiones atención médica de calidad y de su confianza.

La condición de salud de Emirlendris Benítez, detenida en agosto de 2018, está comprometida por múltiples padecimientos que la mantiene en sillas de ruedas. El tribunal acordó realizarle nuevos exámenes médicos y sustentar un pedido de libertad como medida humanitaria, sin embargo no se le ha concedido.

Desde 2015 hasta el 2021, son 11 las personas privadas de libertad por motivos políticos que han muerto en detención, reporta Foro Penal.

“La principal causa de muerte es la falta de atención médica a los problemas de salud de los detenidos, sin embargo también se tiene conocimiento que la tortura y situaciones irregulares dentro de las cárceles también han provocado la muerte de presos políticos, como fueron los casos de Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo. El suicidio se han presentado en menor medida”, dijo el director de la ONG.

Observación de instancias internacionales

Para Romero el sistema de justicia se ha utilizado como herramienta para intimidar y excluir a quienes se oponen al gobierno, sin importar si son civiles o militares.

“Este sistema ha sido una fachada para perseguir y encarcelar personas con fines políticos, sin hacerlo directamente a través del Ejecutivo. Hemos observado en los últimos años como los jueces no toman decisiones de manera independiente y se usa la prisión preventiva sin límites, violando la ley y la Constitución”.

Actualmente, los organismos internacionales tienen su mirada posada en Venezuela estudiando lo que podría representar las violaciones de derechos humanos ocurridas y mantenidas con sospechosos patrones por tanto tiempo. Ahora mismo están trabajando en simultaneo una Misión de Determinación de Hechos establecida por la ONU y una oficina con representantes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional también  tiene una investigación abierta en Venezuela.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ha reiterado su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y ha llamado a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. Asimismo, hizo pública su preocupación sobre las restricciones y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los líderes sindicales por sus actividades legítimas.

“Es fundamenta la presencia de las instancias internacionales porque incrementa el costo político de la represión. La observación internacional es lo que permite frenar las acciones que, en cierta forma, los gobiernos autoritarios quisieran implementar para tener bajo control a la población, sobre todo en un país donde las instituciones de justicia no son imparciales”, explicó Romero.

Determinar si han ocurrido crímenes de lesa humanidad y fijar las sanciones futuras a los responsables le corresponde a la justicia internacional. En 2020, la Fiscalía de la CPI informó que existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que incluyen desde 2017, los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, “violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos por parte de las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno[3]. Esta investigación es la primera que hace la CPI en un país americano.