A fin de que se garantice la autonomía en los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes, Uquira ha promovido y defendido la libertad de decisión, por medio del acceso a:

• Educación sexual integral
• Anticonceptivos
• Información verificada en materia de derechos sexuales y reproductivos
• Al aborto legal, seguro, gratuito y acompañado

Por Alexsayder Castellanos

La violencia en el noviazgo se origina a través de cualquier clase de agresión, puede manifestarse de maneras distintas y usualmente afecta a las mujeres por la existencia de un sistema absolutamente patriarcal y machista que históricamente ha dibujado a las mujeres como «inferiores» a los hombres. Incluso, se le han negado sus derechos y generado relaciones de poder tanto a nivel público como  privado; donde los hombres ejercen ciertas violencias (psicológicas, matrimoniales, físicas y sexuales) que han sido normalizadas debido al sistema.

Entonces el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, inicia con una educación que permita a las personas tener conciencia sobre la importancia de crear relaciones más equitativas, justas y sanas. Es decir, no debe existir una asimetría de poder dentro de los noviazgos porque si sucede es posible que la violencia aumente y termine en su máxima expresión, el femicidio.

Crisis sigue en in crescendo

“El Estado no puede pretender que los números de femicidios no continúen en aumento mientras no sean atendidos todos los casos de las víctimas de violencia por razones de género en el país”, declara Melanie Agrinzones, Monitora de la Red de Mujeres de AIVEN en Caracas y representante de la ONG Uquira.

A su juicio, lo que ha hecho que esta grave crisis continúe, es que en los últimos años, Venezuela ha atravesado una emergencia humanitaria compleja porque el gobierno no garantiza los derechos humanos y el acceso a la justicia. Es decir, existe una problemática estructural y sistemática en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes, debido a que los agentes receptores que deben garantizar su justicia únicamente atienden casos cuando se hacen púbicos y notorios a través de las redes sociales. Sin embargo, no brindan justicia real porque no realizan el debido proceso para finalizar el caso.

Para la defensora, la situación actual de los derechos de esta población es «absolutamente terrible» ya que son las ONG quienes están haciendo un gran esfuerzo por generar datos que permitan visibilizar la realidad que atraviesan. Además, comenta que cuando comenzó en el 2021 el confinamiento por la pandemia de Covid-19, grupos feministas registraron un gran número de casos de niñas que fueron víctimas de abuso sexual por vivir las 24 horas del día con su agresor.

Ante el aumento de casos de violencia en mujeres y niñas así como de femicidios, Las Redes de Mujeres de Amnistía Internacional Sección Venezuela, a través de la campaña «#NoviazgoSinViolencia», piden al Estado cumplir con su obligación de otorgar indicadores oficiales sobre esta grave situación para que se cree políticas públicas efectivas que verdaderamente ataquen la problemática, elaborar un plan de acción que garantice los derechos humanos de las mujeres y establecer un sistema de justicia que cese la impunidad, brinde atención real y permita a las víctimas tener acceso a un juez.

 “La respuesta por parte de las autoridades a estas exigencias ha sido no más que el silencio, la opresión y la represión; ya que siguen negando la existencia de esta problemática estructural y sistemática que sufre el país”, indica.

Visibilidad del desamparo

El pasado 28 de octubre de 2021, diversas organizaciones feministas nacionales e internacionales participaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con el fin de dar a conocer la situación de extrema vulnerabilidad que viven las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela, que se agravada por la emergencia humanitaria compleja y la crisis. Cabe mencionar que fue la primera vez que la comisión escuchó en una audiencia pública los retrocesos e inacciones del Gobierno sobre esta materia.

Entre las personas defensoras de los derechos humanos presentes se encontraba la activista feminista y representante de Uquira, Melanie Agrinzones. Quién presentó la contabilización actual de cuatro transfemicidio, haciendo especial énfasis en que las violencias hacia la mujer se manifiestan de manera aún más acentuada según la intersección que esté atravesando.

También mencionó que el Estado no ha llevado a cabo ninguna legislación a favor de la comunidad LGBTIQ+, lo cual ha desencadenado toda una oleada de vulneraciones a los derechos humanos. Como por ejemplo, hoy día a las personas transgénero no se les brinda el derecho a la identidad legal, lo que ocasiona que se les prive su derecho a la educación y a la salud, entre otros.

“El Estado ha sumergido a la población en una emergencia humanitaria compleja y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes se han visto comprometidos por la ausencia de garantías, dejándolas en una situación de total desamparo. Pero, también se les ha criminalizado y hostigado a toda aquella que levante la voz en pro de los derechos humanos. Recordemos que no se puede retomar la democracia sin que se aplique una perspectiva de género en la toma de decisiones”.

La representante del grupo feminista dice que la CIDH se mostró bastante interesada sobre la situación compleja que atraviesan las mujeres, niñas y adolescentes en el país. Tanto así que la comisión formuló varias preguntas tras la intervención de las defensoras y van a ser respondidas por medio de un informe que se les enviará.

Por ello denominó la audiencia, que se desarrolló en el 181º periodo de sesiones del órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos, como un hecho «histórico» porque muchos grupos feministas tenían tiempo esperándola a fin de visibilizar las violaciones que enfrenta esta población. Asimismo, sintió que el espacio fue «esperanzador» porque puede dar inicio a grandes reflexiones y a espacios internacionales en los que se les permita a las organizaciones contribuir de manera positiva a mostrar lo que ocurre.

El aborto sobre la mesa

El grupo feminista Uquira en su línea de acción defiende los derechos humanos de la diversidad de mujeres, hace toma de espacios públicos para alzar la voz, utiliza las redes sociales como herramienta para incidir frente a los gobiernos y las violaciones de derechos humanos y por último monitorea el femicidio, el abuso y la violencia sexual con una perspectiva en la intercepción.

Desde sus inicios, la ONG venezolana se ha enfocado en la despenalización y legalización del aborto en el país, puesto que forman parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, lo que significa que puedan ser autónomas de decidir sobre su cuerpo sin ser estigmatizadas y criminalizadas.

  “Un Estado que penaliza el aborto es sin duda feminicida, por eso es importante recordarles a las autoridades que el aborto legal, seguro y gratuito es una forma de garantizar la vida y la salud tanto de las mujeres como de los cuerpos gestantes, por eso se ha convertido en un derecho humano esencial”, expresa.

A fin de que se garantice la autonomía en sus cuerpos, Uquira ha promovido y defendido la libertad de decisión, por medio del acceso a:

• Educación sexual integral
• Anticonceptivos
• Información verificada en materia de derechos sexuales y reproductivos
• Al aborto legal, seguro, gratuito y acompañado

Siendo un grupo feminista hacen alianzas con otras organizaciones de derechos humanos para protestar y pronunciarse ante el contexto tan perverso que continúan enfrentándose tanto esta población como las personas de la comunidad LGBTIQ+. Es por esto que para Agrinzones, las alianzas con ONG son fundamentales en la exigencia de los derechos humanos de las personas.

Amnistía Internacional y ACNUR

Amnistía Internacional se asoció recientemente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en un proyecto de dos años para apoyar la protección de mujeres, niñas y personas de diversa orientación sexual e identidad de género en Colombia, Perú y Ecuador, respondiendo a las necesidades urgentes de las personas venezolanas que buscan protección.

La violencia de género afecta en mayor medida a las mujeres y niñas de Venezuela que buscan protección internacional tras huir de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo de forma masiva en su país de origen.

“Aunque los países de todas las Américas tienen la obligación de proteger a todas las personas venezolanas que buscan seguridad en sus territorios, son las mujeres y las niñas las que corren un riesgo desproporcionado de sufrir violencia y discriminación”, declaró Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.