El Estado venezolano no ha tenido una política clara frente al virus, la información ha sido monopolizada y las semanas de flexibilización y radicalización no responden a ninguna lógica

La Covid-19 vino a exacerbar muchos desafíos que ya venían arrastrándose en el mundo. Pero, muestro continente -América- es el más afectado por errados mecanismos de control del virus que han tenido los Estados y que ha puesto en más riesgo a los grupos que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, así lo señaló Érika Guevara- Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante el Webinar: Covid: Abusos y Derechos que llevó a cabo la sección venezolana al cumplirse un año de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud.   

“La mayoría de las estrategias de los gobiernos para combatir la Covid-19 han sido unilaterales y desarticuladas que han dejado en evidencia lo frágil de los sistemas de salud en la mayoría de los países de la región. Las poblaciones que ya se encontraban vulnerables como las comunidades indígenas, migrantes, refugiadas, mujeres y niños son las que han sufrido la peor parte”, explicó Guevara- Rosas.

Ejemplo de esto es que durante la pandemia muchos refugios para mujeres y niñas y tribunales que atienden casos de violencia de género fueron cerrados; lo mismo ocurrió con los servicios de salud sexual y reproductivos dejando a la deriva a mujeres embarazadas o con algún tipo de enfermedad.

Dijo, además, que durante el último año, refugiados y migrantes se enfrentaron a desalojos sin que los Estado los protegieran. Miles de personas han tenido que regresar a sus países de origen donde, en muchos casos, corre riesgo sus vidas.

En el evento también tomó la palabra Tamaryn Nelson, asesora del derecho a la salud de Amnistía Internacional. Su ponencia se enfocó en la vacuna y los retos que existen en su distribución mundial. “La distribución de la vacuna en el mundo se ha convertido en un gran desafío. Se estima que 50% del total de las vacunas están repartidas en tan solo 16% de los países ricos del mundo. Los grupos vulnerables están quedando desprotegidos”.

Resaltó que los Estado tienen la obligación de que las vacunas sean accesibles y asequibles para las personas sin ninguna discriminación y las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos haciendo esfuerzos por ampliar la ceración de medicamentos para el máximo número de personas.

Al respeto, Amnistía Internacional lanzó la campaña global “Un pinchazo justo: Acceso universal a las vacunas contra la COVID-19” para pedir el acceso a las vacunas contra la COVID-19 denunciando que más de 100 países no han podido vacunar todavía a ni a una sola persona de su población y que las empresas farmacéuticas se niegan a compartir conocimientos y tecnología para masificar la disponibilidad de vacunas.

Igualmente, Nelson manifestó que las vacunas deben ser gratuitas para las personas y no se debe exigir ningún documento para su aplicación. Las empresas y los Estados deben coordinar para que esto se garantice en el mayor número de personas posible.

Venezuela: poca capacidad diagnóstica y de tratamiento

Patricia Valenzuela, miembro de la directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, explicó que Venezuela tiene un déficit en laboratorios activos para procesar las muestras sospechosas de COVID-19. Todo se ha concentrado en el Instituto Nacional de Higiene que no tiene la capacidad para procesarlas todas las que llegan a nivel nacional.  

Además, dijo que hay poca capacidad diagnóstica en el país y se estima que en las últimas 9 semanas ha habido un repunte de los casos, que coincide con las semanas de flexibilización por festividades. Alertó que en los hospitales y centros públicos de salud no hay disponibilidad de geles antibacteriales, jabón ni agua continua y el personal no puede protegerse de la Covid-19 de manera efectiva

Respecto al deplorable estado de los hospitales públicos, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, recordó que su gremio lleva desde el año 2018 protestando con más intensidad para exigir mejores condiciones laborales. “La premisa de tener un trabajo decente con salarios suficientes no se cumple para el personal de salud venezolano”.

Enfatizó en que el personal de enfermería actualmente no puede mantener a sus familias con su salario, no tiene dinero en efectivo para transportarse y no cuenta con condiciones de trabajo seguras ante la COVID-19.  “Es por ello, que más de 65% del personal de enfermería ha dejado sus puestos de trabajo para dedicarse a otras áreas económica más lucrativa o para emigrar”.

Por su parte, Jaime Lorenzo, presidente de Médicos Unidos, recordó que Venezuela antes de entrar en la pandemia ya venía con un sistema de salud colapsado. “Además, en el país ya habían un número importante de personas contagias de distintos virus y enfermedades no tratadas adecuadamente”.

Denunció que el Estado venezolano no ha tenido una política clara frente al virus, la información ha sido monopolizada y las semanas de flexibilización y radicalización no responden a ninguna lógica.

“Se ha registrado un gran número de personal de salud contagiado y muerto a causa del virus, hasta el momento estimamos que han fallecido 354 profesionales de la salud. Esto se debe a los bajos o nulos protocolos de bioseguridad dentro de los centros de salud públicos”.

Reflexionó en que el Estado debe apoyarse en la sociedad civil y expertos en materia de salud para enfrentar las consecuencias de la Covid-19. “El concurso de todos, desde las comunidades, expertos y autoridades es vital para contrarrestar los efectos del virus”.

Esta iniciativa está enmarcada en la campaña de Amnistía Internacional Venezuela #EnfermerasParaCuidarte que busca destacar la urgencia de protección del personal de salud que labora en los hospitales públicos, en un contexto de pandemia y Emergencia Humanitaria Compleja.

Puedes ver el seminario completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=DolTHmaK6po