La emergencia humanitaria compleja que azota al país afecta de forma diferenciada a la mujer venezolana. Por ello, las mujeres gestantes que migran lo hacen de forma forzosa, debido a la falta de oportunidades, atención médica, y capacidad de planificación familiar. No obstante, en los Estados receptores son vulnerables y pueden ser víctimas de diversas formas de violencia y discriminación

Venezuela se encuentra en medio de la mayor crisis de su historia moderna. Una crisis humanitaria generada por políticas estatales inadecuadas, y caracterizada por una gravísima debacle económica, escasez de objetos indispensables para la supervivencia, destrucción de las instituciones de salud, gran violencia, inestabilidad política y represión estatal sistemática en un contexto no democrático[1], con un aproximado de siete millones de venezolanos que necesitan asistencia humanitaria según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)[2].

Por ello, se considera que estamos ante una emergencia humanitaria compleja (en adelante, EHC), definición generada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para describir estas crisis humanitarias de origen político, que necesitan “una respuesta internacional que va más allá del mandato o la capacidad de cualquier agencia individual o el programa de país de la ONU en curso”[3].

Una de las características del Estado venezolano en medio de este contexto, es su gran opacidad, por lo que es prácticamente imposible conseguir cifras de algún tipo. Así, bajo el último Censo, realizado hace casi una década, se proyecta que las mujeres venezolanas representan casi la mitad de la población (49,88%), que la mayoría tiene entre 18 y 55 años, que un 25% es menor de edad, y que casi el 12% es mayor a 55 años[4].

La forma en la que la EHC afecta a las mujeres no es visibilizada. La escasez de alimentos generalmente tiene un impacto grave en la población femenina, pues suelen sacrificar su consumo nutricional para que miembros de su entorno familiar, particularmente hijos e hijas y pareja, puedan alimentarse un poco mejor[5]. En otros casos, debido a que son cabeza de familia en muchos hogares, deben encargarse de proveer los alimentos en medio de la debilitada economía, e incluso se han documentado casos donde la situación es tan precaria, que se ha acudido al intercambio de productos de primera necesidad por sexo[6].

Asimismo, ha ocurrido un aumento en la deserción escolar por parte de las mujeres venezolanas, en su mayoría debido a la necesidad de conseguir empleo o dedicarse al cuidado de familiares, lo que las coloca en una situación de especial vulnerabilidad. Según la Asociación Civil Mujeres en Línea y organizaciones aliadas, más de la mitad de las mujeres entre 17 y 24 años habían dejado de estudiar para el año 2018[7].

Las venezolanas también se encuentran desatendidas por el Estado en medio de un incremento preocupante de la violencia de género. Durante el primer semestre de 2019, se documentó en promedio un feminicidio cada cuatro días[8]. La situación se ha agravado al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación “ante la alarmante prevalencia de asesinatos de niñas y mujeres por razones de género en Venezuela”[9].

Durante la pandemia de COVID-19, los efectos de la EHC se han exacerbado, afectando aún más a mujeres, menores de edad, adultos mayores, personas racializadas e indígenas. El 1 de octubre de 2020 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación “porque la crisis actual sigue teniendo efectos desproporcionados en los derechos de las mujeres […] y porque esos efectos se hayan visto agravados en mayor medida por la pandemia de COVID-19, así como por las medidas adoptadas por las autoridades para hacerle frente”[10].

Gestante y venezolana: Desafíos y riesgos

Ante este complejo panorama, las mujeres venezolanas no cuentan con apoyo del Estado. En julio de 2019, Nicolás Maduro Moros declaró en televisión nacional “en tiempos de revolución se pare más, porque hay felicidad y la población debe crecer”[11]. Declaraciones similares ocurrieron nuevamente en marzo de 2020: “¡A parir, pues, a parir! Todas las mujeres a tener seis hijos, todas. Que crezca la patria. ¡Música!” enfatizando que “las mujeres están hechas de parir”[12].

Aunque el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente […] Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir […] El Estado […] asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos”, esto no se cumple en medio de la EHC que azota al país. Los anticonceptivos son uno de los elementos más afectados por la escasez, alcanzando entre un 80 y 90% de no disponibilidad, vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de las venezolanas, dejando a casi nueve millones de mujeres en riesgo de enfrentarse a un embarazo no deseado[13] -incluyendo a miles de niñas y adolescentes- y exponiéndolas a un alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual[14].

Las mujeres gestantes se encuentran en una especial vulnerabilidad debido a su condición. El 22% de los casos son de embarazo adolescente, de acuerdo con lo documentado por Cáritas[15], siendo así el tercer país de la región con mayor número de estos casos y una razón por la que las niñas y adolescentes abandonan sus estudios[16].

Y aún más alarmante, más de la mitad de todas las mujeres gestantes se encuentran en un estado de desnutrición proteico-calórica, de moderada a severa[17]. Se ha documentado, además, que para 2017, alrededor de veinticinco mil mujeres no recibían ningún tipo de control prenatal y casi ocho mil se controlaban sólo en el octavo y noveno mes de gestación[18], en contra de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud[19], lo que representa un riesgo para sus vidas y las de sus hijos no nacidos.

Por ello, y debido al colapso del sistema sanitario, no es de sorprender que haya ocurrido un aumento exponencial de la mortalidad materna, que puede estar entre 100 y 299 por cada 100.000 nacidos vivos[20]. De igual forma, se cree que alrededor de un 20% de estas muertes están relacionadas con abortos inseguros[21], debido a las restrictivas políticas y legislación sobre esta materia en el país.

Gestante y migrante: Desafíos y riesgos

La EHC ha derivado en una crisis de migrantes y refugiados sin precedentes en las Américas, estimándose que para octubre de 2020 más del 17% de la población total del país ha emigrado[22]. Es probable que este número sea aún mayor, pues es difícil llevar un control sobre aquellos que han emigrado de forma irregular, que se considera que es la mayoría. Bajo esta crisis, las mujeres también se han visto forzadas a emigrar, y según Anitza Freitez, para el 2018 casi la mitad de los migrantes totales eran mujeres[23]. Esta migración forzada es reflejo de la composición social del país: La gran mayoría de estas mujeres (84%) se encuentran en edad productiva (entre 18 y 47 años), más de la mitad no completó sus estudios o lo hizo hasta el bachillerato, y el 64% ya es madre[24].

Así, debido a la falta de atención médica, escasos recursos, y pocas oportunidades, se han documentado casos de mujeres venezolanas embarazadas que cruzan el subcontinente a pie, intentando llegar al cono sur, o estableciéndose en Colombia, Ecuador y Perú[25]. Estas mujeres se encuentran entonces en una interseccionalidad que las vuelve vulnerables a abusos y xenofobia: Mujer, migrante irregular, de escasos estudios y recursos económicos, cabeza de familia y gestante.

Las venezolanas gestantes suelen enfrentarse a ataques de xenofobia, donde se les denigra con base en la idea de planificación familiar “adecuada”, afectando su dignidad y autonomía. Ejemplo de ello es la columna de opinión de la periodista colombiana Claudia Palacios, publicada en El Tiempo, titulada ¡Paren de parir!, dirigida a la migración venezolana en Colombia: “Si ustedes se siguen reproduciendo como lo están haciendo, sería aún más difícil verlos como oportunidad para el desarrollo que como problema”[26].

Lamentablemente, en medio de la xenofobia y las agresiones, la cifra de venezolanos que son atendidos de emergencia en el sistema de salud pública colombiano continúa incrementando exponencialmente (Miranda, 2018). Esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres gestantes pues desde 2017 más de dos mil han sido atendidas en hospitales locales (Cruz, 2018). Tan sólo en el hospital de San José en La Guajira colombiana, fueron asistidas más de mil venezolanas embarazadas durante el primer trimestre de 2019[27].

De igual forma, algunas migrantes irregulares sienten temor de ir a un hospital por su condición migratoria, pues se ha documentado que los funcionarios de los hospitales exigen a los venezolanos papeles migratorios para dejarlos ingresar al recinto de salud, aunque eso no aparezca en ninguna normativa. No sólo ocurre en Colombia, sino también en Ecuador, por lo que muchas venezolanas siguen sin acceder a controles prenatales necesarios, complicando aún más su precaria situación[28]. En Perú, si bien las mujeres gestantes venezolanas pueden inscribirse en el Seguro Integral de Salud, este aumento migratorio exponencial ha generado un atraso importante en el proceso de inscripción, particularmente en las zonas fronterizas[29].

Debido a todo esto, las venezolanas son particularmente vulnerables a la violencia gineco-obstétrica. Así, tenemos el caso de Mirian^[30], una mujer venezolana, que reside en Bogotá de forma regular desde el año 2018, de 38 años de edad, con educación universitaria, casada con un hombre de nacionalidad colombo-venezolana, que durante el 2019 vivió una experiencia xenófoba en un centro de salud privado:

En la entrevista previa al examen, que me hizo una ginecóloga en una consulta […] me preguntó (como es normal): ‘número de hijos’. [Yo] le contesto: ‘dos’. ‘Número de embarazos’, le contesto ‘tres’. Ella se impresiona y me dice [en voz muy alta]: ‘¿este es tu tercer embarazo?’. Y yo: Sí, tuve una pérdida entre el primer embarazo y éste. Y ella [me dice] ‘Para las venezolanas parir muchos hijos es algo cultural, ¿no? Porque aquí [las colombianas] tienen si acaso uno solo, en cambio veo que las venezolanas se embarazan y se embarazan y en todos los estratos, no sólo las pobres’. [Fue] horrible y yo no aguantaba las ganas de llorar (Comunicación personal, 2020)^[31].

De igual forma, se obtuvo el testimonio de Greisy^[32], de nacionalidad venezolana-chilena, de 38 años, con estudios terciarios, y radicada en Santiago de Chile desde hace cinco años, quien ha sido víctima de violencia obstétrica en dos ocasiones. En 2016 los médicos en un hospital privado intentaron obligarla a tener un parto natural cuando suponía un riesgo, extendiendo su labor de parto por demasiadas horas, causando sufrimiento fetal agudo, y sólo entonces le fue practicada una cesárea de emergencia. Sin embargo, la experiencia traumática dejó secuelas en su hija.

En octubre de 2020, nuevamente en estado, ingresó a un centro de salud pública, solicitando una cesárea debido a los antecedentes descritos, no obstante, su petición no fue tomada en cuenta, y de nuevo fue sometida a una labor de parto durante varias horas, pues según la doctora que estaba de guardia “no había ningún antecedente para realizar una cesárea”. A pesar de que ella y su esposo pedían a gritos una cesárea, y que incluso ella se desmayó, nadie actuó. Greisy sostiene que ella y su hija fueron salvadas debido a un médico venezolano que ingresó en el cambio de guardia, quien, yendo en contra del protocolo, le practicó una nueva cesárea de emergencia:

[La bebé] estaba mal encajada, a dos centímetros de salir, pero en una posición en la que no podía hacerlo, por lo que fue más complicado sacarla del canal de parto. Para mí la violencia fue no haber hecho caso a lo que yo como mamá quería, ese fue el inicio de la violencia (comunicación personal, 2020).

El periodista Rodrigo Cruz también documentó el testimonio de una venezolana en Perú a quién se negaron a atender en un centro de salud después de una muerte fetal: “Llevo 3 semanas con el bebé muerto adentro. No me atendieron porque no soy peruana, porque no tengo los papeles”[33]

Estar embarazada y huir ¿Una decisión voluntaria?

Las mujeres gestantes y los neonatos son uno de los indicadores más claros del estado de desarrollo de una sociedad, y su bienestar es indicador clave de qué tan garantizada está la salud. Luce evidente en lo anteriormente descrito que la salud sexual y reproductiva de las venezolanas, la salud materno-infantil, y la autonomía sobre su cuerpo y capacidad de planificación familiar no es una prioridad para el gobierno que tiene el control del uso de la fuerza.

Por ende, la información y experiencias documentadas permiten concluir que las venezolanas gestantes que migran en medio de la emergencia humanitaria compleja lo hacen de forma forzosa. Lamentablemente, en otros países también son susceptibles de sufrir vulneraciones a su derecho a la familia, a su salud sexual y reproductiva, ser sometidas a violencia gineco-obstétrica, a la trata de personas y a diversas expresiones de violencia, explotación y xenofobia, que las mantiene en situaciones de precarización que las afecta a ellas y sus hijos e hijas.

Frente a esta migración de personas cada vez en un estado de mayor vulnerabilidad, que es permanente y va en vías de superar la crisis de refugiados siria[34], los Estados receptores tienen el deber de diseñar y aplicar políticas públicas que respondan a la urgencia con enfoque de género y garantizando los derechos humanos, siguiendo patrones de seguridad humana y lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos y en el derecho internacional de los refugiados.

Revisa todos los artículos de la revista "No Pensamos callar":  https://www.amnistia.org/media/8150/ai_se_revistamujeres.pdf