Trabajadores de Guayana siguen levantando la voz del clamor público para visibilizar las desigualdades que existen en la que es la región más rica de Venezuela de donde se toman los recursos naturales para transformarlos en la mejor calidad de vida para todas las personas en el país.

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana no descansa ni desmaya en su tarea de denunciar todo lo que considera que afectan a sus derechos, hace poco volvieron a considerar su descontento a través de un comunicado dirigido a toda Venezuela en su más rotundo rechazo a la medida tomada por Nicolás Maduro de aumentar el precio de la gasolina y establecer controles discriminatorios en su distribución, lo que ellos consideran como el momento de los ciudadanos venezolanos.

Afirmaban que: “Esta medida llega en el momento de mayor hambre, dolor y miseria que en toda su historia hemos podido padecer nuestro pueblo. A nadie le cabe duda, que esta medida, elevar potencialmente los niveles de crisis que en todos los aspectos sufre la sociedad entera. También comprueba, una vez más, el desastre al que lleva la principal industria de nuestra nación ” .

Por lo cual, la ITGuayana, instó a todas las personas y en especial a los trabajadores de Guayana a estar atentos al llamado de protesta activa, ante una nueva decisión del régimen que se viola los derechos humanos.

Hay que recordar que la Intersectorial junto a la Federación de Jubilados del estado Bolívar se han unido en reiteradas oportunidades durante el año 2020 para exigir a Nicolás Maduro que venga a Ciudad Guayana a corroborar las cuidados y paupérrimas condiciones de vida que padecen los empleados activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes de las empresas básicas de la región.

La FEDAJUPEBOL, denunció que en la CVG benefician a algunas personas con entrega de bolsas de alimentos como incentivo por producción, aparentemente para proteger el salario de los trabajadores, sin embargo, afirman que a los jubilados y pensionados no los protegidos nadie, ya que les niegan su derecho a la alimentación.

A mediados de junio tuvimos algo inédito, la crisis regional tuvo éxito la unión de personas de distintas empresas básicas, el sector maderero, la industria del cemento y educadores, quienes hasta ahora no tuvieron sumado esfuerzos al unísono para protestar por las mismas causas. Lo que desencadenó una agenda unitaria de lucha por el rescate de los derechos de todos los trabajadores de la región.

Otro tema que atañe a los trabajadores de Ciudad Guayana es la injusta encarcelación de Rubén González, venezolano, nacido el 17 de marzo de 1959, residente en Ciudad Piar, municipio Angostura del estado Bolívar, quien es secretario general del sindicato de trabajadores de la empresa Ferrominera del Orinoco, con 34 años trabajando para la Corporación Venezolana de Guayana Ferrominera del Orinoco y desde hace más de siete años ha sufrido una persecución constante por su trabajo en defensa de los derechos laborales; por lo que sus compañeros constantemente le recuerdan a la opinión pública la condición de este colega.

González Rojas se mantiene retenido en el anexo de procesados ​​militares del Internado Judicial de Monagas, conocido como el anexo de "La Pica", siendo el único civil retenido en ese recinto penitenciario militar. Sitio que es considerado de alta peligrosidad, donde ocurre con frecuencia hechos de violencia.

Alegados al caso informan que Rubén no tiene acceso al agua potable, sus familiares tienen que suministrarle la comida, y aunque sus abogados han solicitado por escrito atención médica de manera reiterada ante los tribunales ha sido casi imposible que esto se cumpla a pesar de que sufre una deficiencia renal desde hace más de diez años. Comentan que cuando comienza a sentir dolores fuertes y machos de salud, cuando las autoridades ingresan sus medicamentos.

Por otra parte, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas transmitió al gobierno de la República Bolivariana Venezuela, el 28 de octubre de 2019, una comunicación relativa a Rubén Darío González Rojas. El Gobierno solicitó una extensión del plazo de contestación, el cual fue concedido, y respondió a la comunicación el 27 de enero de 2020. Cabe recordar que el Estado venezolano es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este equipo de la ONU considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resultante del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales determinadas al derecho a un juicio imparcial, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales afectados aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una violación del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el equipo técnico, les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, las medidas necesarias para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, ya que informan sobre las medidas que han adoptado.

Es por todo lo expuesto que siguen levantando la voz del clamor público para ver las desigualdades que existen en la que es la región más rica de Venezuela de donde se toman los recursos naturales para transformarlos en la mejor calidad de vida para todas las personas en el país.