Hoy se conmemora el Día Mundial de los refugiados y resulta impensable no exigir a los Estados y a los organismos internacionales el respeto por los derechos de millones de personas refugiadas en el mundo, que continúan necesitando protección y que en la actualidad se exponen más que nunca al riesgo de muerte a causa de la pandemia global

Las personas refugiadas en el mundo viven una tragedia particular, pero con la pandemia global por la Covi-19 sus vulnerabilidades se profundizan, y los distintos peligros que afrontan por no encontrarse en su país de origen, van desde el contagio del virus hasta la muerte por cualquier situación de violencia, discriminación o estigmatización.

Para lograr conocer lo que viven refugiados en el mundo[1], debemos entender en primer lugar que la migración forzosa es la realizada por cualquier persona que emigra para escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los desastres naturales, la degradación ecológica, la falta de medios para ganarse la vida u otras situaciones que ponen en peligro su existencia, su libertad o su forma de vida. Y, todo esto es distinto a lo que significa una migración planificada a causa de lograr posibilidades u oportunidades de desarrollo personal o profesional en otro lugar.

En Venezuela, desde hace 5 años la sociedad civil ha denunciado la emergencia humanitaria compleja que originó la migración forzada de más de 5 millones de personas según la Organización Internacional de Migración (OIM) y que en 2019 fue una de las principales causas del aumento del desplazamiento forzado, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El estigma y la discriminación

Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria y defensor del derecho a la salud y a la vida en Venezuela afirma que la estigmatización de las personas contagiados con la Covid_19 podría experimentar lo mismo que sucedió con el Sida en la década de los 80. Y es que, a su juicio durante la aparición de la infección de transmisión sexual en el mundo, la estigmatización y discriminación llevaron a que las personas asumieran su enfermedad en silencio, miedo y mucha vergüenza.

“Es un buen momento para exigir un manejo adecuado de la respuesta a la pandemia: el estigma y la discriminación deben cesar de inmediato.  Ambas prácticas fueron el origen de los peores daños causados por el VIH-sida. Todas las personas valen en sí mismas”, indicó.

Para el defensor, en estas circunstancias, en lugar de “distancia social” se necesita promover medidas de distanciamiento físico preventivo, pero de una gran empatía y cercanía social, ayudar a las personas más vulnerables a protegerse. "Son tiempos de responsabilidad y mucha solidaridad”.

Explica Reyna, que el hecho de que una persona haya contraído coronavirus debe ser un dato exclusivo de la salud pública en pro de hacer contención a la enfermedad.

“Discursos que contengan términos como: “importados”, “irresponsables”, “indiferentes”, “inmigrantes”, para referirse a quienes deciden regresar a su país no solo discrimina o estigmatiza si no que demuestra que se maneja la pandemia con criterios políticos y equivocados”, aseveró.

Refugiados venezolanos como fichas políticas

Carolina Jiménez Sandoval, Directora Adjunta de Investigación para las Américas en Amnistía Internacional indica que el discurso gubernamental desde comienzos de la pandemia y la crisis de personas retornadas a Venezuela ha estigmatizado profundamente ya que se utiliza el regreso de quienes huyeron por la emergencia humanitaria compleja como un castigo y hasta se les etiqueta como enemigos o traidores.

El 13 de abril el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, se preguntó en Twitter si el regreso de “venezolanos que renegaron públicamente de la nación, luego de ser ultrajados en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etc.” era “karma.” Dos días después, Iris Varela, Ministra de Asuntos Penitenciarios, tuiteó: “¡Ante el retorno de fascistas y golpistas camuflados, necesario es reflexionar sobre la naturaleza del escorpión!”, así lo explica Jiménez en un artículo de opinión que escribió para el The Washington Post.[2]

La investigadora resalta que la situación de los venezolanos fuera de su país es desesperante y es necesario que los retornos se lleven a cabo con dignidad.

“Toda persona tiene derecho a salir del país cuando lo desee y también a regresar. Lo que vemos es un retorno del desespero de venezolanos. Los albergues habilitados para hospedar a los migrantes, no cuentan con las condiciones mínimas para que los ciudadanos cumplan la cuarentena y esto también debe ser de preocupación”, recalcó.

Refugios deshumanizados

“Llegamos a Táchira y no se nos hizo ninguna prueba, ni la rápida ni la PCR. Todo lo que nos decían era que teníamos que permanecer en un refugio los 14 días que exige la OMS. Todo bien, hasta que pasamos más de tres días sin comer, dormimos más de 60 personas en una habitación, todos juntos y las comidas eran reducidas. Muchas veces me acosté sin tener si quiera agua en el estómago”.

El testimonio del señor Pérez[3] es el mismo que demuestra que estos centros no están adecuados mantener a personas retornadas en resguardo evitando la propagación del virus en el país, sino que por el contrario, terminan siendo lugares en donde hay muchas personas en espacios reducidos.

Pérez trabajaba en la venta informal, hace más de un año que había llegado a Valledupar. Recuerda que al salir también corrió muchos peligros, pero siempre encontró una amiga que lo ayudó a cruzar la trocha que separa a Venezuela de Colombia. Muy distinta a la pesadilla que vivió cuando decidió regresar porque se quedó sin trabajo, sin techo donde vivir y superar el distanciamiento físico que requiere la pandemia.

“Decidí regresar al mes de haber llegado el virus a Colombia, no podía trabajar porque me dedico al comercio informal ya que no logré tener ningún documento para optar por un empleo formal. Estaba ilegal, pero en el lugar donde vivía en Valledupar habían más de 50 venezolanos en mi situación. Nadie soportó seguir en Venezuela y morir de hambre y de enfermedades, mucho menos después del apagón”, relataba su historia con preocupación ya que podía ser escuchado por alguno de los que vigilaban el refugio en Táchira.

Pérez contó que salió de su país en búsqueda de un mejor lugar para vivir, pero también para enviarle algo a los pocos familiares que quedaron. Su nieta y su hija.

“Yo vendí todo lo que tenía en Caracas, tengo 53 años y tenía que buscar resolver por mi hija que acababa de dar a luz. Ya no tengo casa ni nada y la experiencia que viví para poder llegar ha sido una pesadilla. Nos tratan como basura, no nos dan comida, los niños sin pañales, las mujeres y los hombres juntos. Tuvimos que improvisar un baño con las ropas que trajimos para poder lograr un poco de privacidad. Estoy muy arrepentido de haber decidido volver”.

Atención urgente para los refugiados venezolanos

En su informe Tendencias Globales 2019[4], la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) incorporó una nueva categoría para referirse a la migración venezolana: “venezolanos desplazados en el extranjero”, para detallar que las cifra de desplazados en todo el mundo se dobla en apenas diez años y que a esta tendencia han contribuido entre otros factores el conflicto en Siria y la situación de Venezuela, que encabezan la lista de los países con mayor número de personas que se han visto forzadas a abandonarlos.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 5 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años, pero a pesar de este éxodo masivo sin precedentes en la región, los países de recepción y transito no han implementado políticas públicas acertadas que garanticen los derechos humanos de los venezolanos que huyeron de una crisis sin precedentes y que hoy miles se ven obligados a regresar por cualquier medio, sin apoyo de ningún tipo y con el castigo del estigma y la discriminación de las autoridades del país.

Hoy se conmemora el Día Mundial de los refugiados y resulta impensable no exigir a los Estados y a los organismos internacionales el respeto por los derechos de millones de personas refugiadas en el mundo, que continúan necesitando protección y que en la actualidad se exponen más que nunca al riesgo de muerte a causa de la pandemia global