La corrupción, entendiéndose como el abuso del poder para beneficio propio, se caracteriza por ser un fenómeno que impacta a los derechos humanos en su integralidad -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, además de debilitar la gobernabilidad y las instituciones que conservan su talante democrático, avivando la impunidad, quebrantando el Estado de Derecho y exacerbando la desigualdad. Asimismo, erosiona la credibilidad de las instituciones, socava la legitimidad del Estado, propicia un ambiente de incertidumbre jurídica, debilita los canales de participación, promueve la exclusión, modifica los valores ciudadanos y los niveles de confianza hacia las instituciones. En base a esto, cuando hay deficiencias en el sistema educativo producto de la malversación de los presupuestos asignados

Los actos salpicados de corrupción pueden constituir vulneraciones de derechos humanos, sin embargo, lo cierto es que la corrupción en sí misma puede ser un obstáculo estructural para el disfrute de esos derechos. Es así como gran corrupción, la corrupción menor y la corrupción política, a través de los delitos que guardan una estrecha relación, como lo son el peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, soborno, malversación, concusión y nepotismo, impactan negativamente la dignidad humana, causando un grave daño a las poblaciones vulnerables. Por lo tanto, resulta indudablemente la existencia de la corrupción en todas las naciones, cualesquiera que sean sus sistemas económicos o políticos o su nivel de desarrollo, tanto en la esfera pública como privada. Considerando así un fenómeno que exige la colaboración internacional,

En América Latina, el informe de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción publicada en enero de 2020, arrojó resultados alarmantes. Mientras que Uruguay es el país en el que los ciudadanos perciben menores niveles de corrupción, Venezuela es en el que la percepción de corrupción es mayor. Por otro lado, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) muestra a América Latina, junto a África, como los continentes mayormente afectados por la corrupción. Asimismo, señala que la corrupción en Venezuela se viene incrementando el producto de las fallas en los mecanismos formales de la rendición de cuentas, la altísima impunidad, la falta de confianza en las instituciones y la ausencia de la separación de poderes.

Sistemas internacionales anticorrupción

La rápida y nociva expansión de la corrupción en el mundo ha impulsado la creación de normas y organismos para luchar contra este fenómeno, con miras a erradicar el impacto negativo que afecta principalmente a las poblaciones vulnerables. En América Latina rige la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), firmada por Venezuela el 29 de marzo de 1996 y ratificada el 22 de mayo de 1997. Siendo este un tratado a través del cual los Estados miembros han asumido el compromiso de trabajo práctico en la lucha contra la corrupción y adoptar decisiones específicas en esta materia. Establecimiento de medidas para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), tiene como fin analizar los marcos jurídicos e instituciones de los Estados, de acuerdo a las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Convirtiéndose en un organismo político que da las directrices sobre el funcionamiento del MESICIC y el refuerzo de la cooperación hemisférica contra la corrupción en el marco de la CICC. Su trabajo principal está en manos del Comité de Expertas y Expertos, que es el órgano responsable del análisis técnico de la implementación de la Convención por los Estados parte a través del análisis, visitas in situ, recomendaciones, promoción de intercambio de buenas prácticas y la elaboración de herramientas de cooperación y seguimiento.

A nivel universal rige la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), un tratado multilateral de la Organización de las Naciones Unidas, adoptado el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea de las Naciones Unidas con la Resolución 58/4. La determinación de este tratado, ratificado por 187 Estados, entre ellos Venezuela, centra su propósito en promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficazmente y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, además de impulsar la integridad, la obligación de rendir cuentas y la gestión de la deuda de los asuntos y los bienes públicos .

La CNUCC establece un conjunto de medidas enmarcadas en la prevención, entre las que se especifican, la implementación de los órganos de prevención, la selección de funcionarios, los códigos de conducta para funcionarios, las contrataciones y compras públicas, la transparencia fiscal, el acceso a la información pública, la integridad del poder judicial y del ministerio público, el sector privado, la participación de la sociedad y las medidas para prevenir el blanqueo de dinero. Asimismo, existen instrumentos complementarios internacionales, como lo son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y el Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción.

Organizaciones anticorrupción

Los índices de corrupción han impulsado la creación de organizaciones que centran su trabajo en contra de este fenómeno creciente. A nivel mundial es referencia obligada Transparencia Internacional, una organización no gubernamental establecida en 1993, que promueve medidas contra criminales corporativos y corrupción política en más de 70 países. Anualmente publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. Del mismo modo, las delegaciones desplegadas en los distintos continentes, conformadas por expertos y expertos determinados de manera específica y los métodos más específicos para el mandato de Transparencia Internacional, han logrado posicionar el tema de la corrupción en la agenda mundial,

En el ámbito regional, Transparencia Venezuela, fundada en 2004 como el capitulo nacional de Transparencia Internacional, es una asociación civil sin fines de lucro, no partidista, plural y sin filiación política, dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción. El ser parte de esa red mundial de lucha anticorrupción le permite intercambiar metodologías, herramientas y buenas prácticas para impulsar a Venezuela hacia estándares internacionales. De este modo, consientes de la destrucción que ha causado la corrupción en la nación, la organización promovió la Coalición Anticorrupción, un movimiento ciudadano respaldado por más de 550 organizaciones de la sociedad civil venezolana que centra su labor en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

A través de este artículo, más allá de ser un requisito obligatorio para culminar satisfactoriamente el diplomado Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos y recibir la certificación por parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, llamo a la sociedad civil a internalizar que la corrupción es un fenómeno que requiere un esfuerzo mancomunado, teniendo como foco minimizar el impacto nocivo de la corrupción en la dignidad humana y así reducir las marcas desigualdades que actualmente se evidencian en las poblaciones vulnerables.