Los servicios públicos libran un rol trascendental en el desarrollo humano, económico y social de las naciones, por lo que su prestación encomendada al Estado como una tarea administrativa obligatoria en términos de calidad, continuidad, permanencia e igualdad, determina el grado de bienestar social y de calidad de vida de las personas, condiciones estas que son indispensables para garantizar el goce de sus derechos fundamentales sin discriminación alguna.

Mérida es un estado ubicado en Los Andes al occidente de Venezuela, con una población aproximada de 1.007.900 habitantes y dividido en 23 municipios con 86 parroquias. Su capital, Santiago de los Caballeros de Mérida, fue fundada hace más de 400 años en un territorio caracterizado por la abundancia de recursos naturales además de un clima óptimo para el desarrollo de casi cualquier actividad.

La región contaba con un pujante crecimiento económico, agrícola, turístico y estudiantil, que ofrecía las mejores condiciones de vida a sus habitantes debido a que servicios públicos como el agua, la electricidad, el transporte público, la telefonía, la conexión a internet y/o el gas doméstico solían funcionar con efectiva regularidad garantizando un nivel de bienestar que era comparable con el proporcionado en países desarrollados.

No obstante, en los últimos años se ha suscitado una suerte de crisis estructural que ha afectado en gran medida la provisión delos servicios públicos, así como también el acceso de las personas a los mismos, viéndose mermada su calidad de vida de una forma vertiginosa e insostenible, lo que las ha forzado a subsistir en una constante incertidumbre que impide la satisfacción de exigencias básicas de salud, alimentación, sanidad, entre otras, dando lugar a un contexto que atenta contra la dignidad humana.

La demostración más razonable de ello se desprende del testimonio de los habitantes de varias zonas de la región merideña:

Una joven de 25 años de edad, vecina de la parroquia Juan Rodríguez Suárez del municipio Libertador, relató que para obtener gas doméstico sus familiares deben dirigirse con las bombonas hasta la planta de llenado de alguna de las empresas surtidoras ubicadas en las afueras de la ciudad, hacer fila durante varias horas bajo el sol o la lluvia y pagarlo con dinero en efectivo lo que se convierte en una odisea por la escasez del mismo; mientras que el suministro de electricidad es interrumpido a diario en 2 o 3 oportunidades durante 2 o más horas.

Por su parte, una religiosa al servicio de un ancianato ubicado en el centro de la ciudad de Mérida, comentó que el servicio de agua potable no es permanente por lo que se ven obligados a almacenar el vital líquido en envases cada vez que cuentan con el mismo, para poder lavar, cocinar, asear el establecimiento y a las personas mayores que están a su cargo. Con respecto al gas doméstico, tienen que trasladarse a un municipio aledaño hacia la sede de la empresa surtidora para llenar las bombonas, debiendo contratar un transporte que resulta difícil tanto de hallar como de costear.

Además, la electricidad es fluctuante experimentando al menos 2 horas diarias sin este servicio.

En el municipio Campo Elías cuya capital es Ejido la realidad no es muy diferente, de hecho un profesional4 del área tecnológica de 34 años de edad habitante de la parroquia Montalbán, sector Manzano Bajo, expresó:

“Tengo que ir a una cooperativa ubicada en Santa Anita en la ciudad de Mérida, a kilómetros de mi hogar, porque allí me hacen el favor de surtirme el gas por el que debo pagar 75 mil bolívares (más de 2 dólares) por cada bombona pequeña, sino no tendría acceso al servicio. Ni que hablar de la luz: la cortan 2 veces al día por 3 horas cada una, mientras que la conexión a internet es intermitente y de baja velocidad, todo lo cual imposibilita el desarrollo de mi trabajo”.

En términos similares se expresó una madre de dos niños, con 30 años de edad, residente de la parroquia San Rafael de Mucuchíes del municipio Rangel, quien opinó que los servicios públicos en el área son pésimos:

“Se registran varios cortes de electricidad a diario; la conexión a internet falla bastante; no hay buena presión de agua y cuando llueve es peor porque aparte de que fluye poco, llega sucia; el servicio de gas suministrado por intermedio de la alcaldía no es recurrente, su costo es de 75 mil Bolívares por bombona pequeña y es obligatorio ir hasta la planta de llenado. Además, el transporte público es ineficiente debido a la escasez de gasolina”.

Estos testimonios dan cuenta de una realidad caótica: la distribución de agua potable es sometida a racionamientos periódicos inadvertidos y/o en el peor de los casos su tratamiento no es adecuado, lo que pudiera ocasionar graves enfermedades sobrevenidas en la población.

Asimismo, las fluctuaciones o cortes repentinos de electricidad que suelen durar horas se reportan diariamente impidiéndola ejecución de las actividades cotidianas.

Por su parte, el gas doméstico presenta graves niveles de escasez razón por la cual muchos usuarios se ven forzados a acudir a la sede de las empresas surtidoras para recibir el preciado recurso destinado a la cocción de los alimentos; el servicio de transporte público es afectado por la escasez de gasolina, entorpeciéndose así el traslado de las personas para el desempeño de sus rutinas académicas o laborales; mientras que la conexión a internet es eventual, lo que dificulta la comunicación además del pago de bienes a través de canales electrónicos, única opción frente a la ausencia del dinero en efectivo.

No obstante, las circunstancias descritas se han convertido en un hecho normalizado que ha obligado a miles de ciudadanos a hacer uso de “alternativas” que aquejan su salud física, mental y emocional (traslado de bombonas de gas a cuestas, la no cocción de los alimentos junto a su precaria conservación, entre otras) debido a que carecen de los estándares mínimos de seguridad que le serían garantizados al contar con el acceso permanente a servicios públicos básicos de calidad prestados de manera eficiente por el Estado.

Servicios como derechos contemplados

Los servicios públicos son considerados una prerrogativa esencial contenida en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,6 mejor conocido como el Protocolo de San Salvador, cuyo artículo 11 numeral 1 dispone que:

“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La finalidad de esto no es otra que propiciar un entorno saludable para la vida humana, lo que además implica contar con esas prestaciones en condiciones de igualdad.”

Del mismo modo, el acceso al agua potable, al saneamiento y al suministro eléctrico, es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes mediante la categoría del derecho a la seguridad vital destinado a garantizar que toda persona viva en condiciones de dignidad, no sufra situaciones de hambre y satisfaga sus necesidades básicas.

Simultáneamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en su artículo 117 que:

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.

Con base en estas premisas constitucionales, se afirma que los servicios públicos no son mercancías suntuarias destinadas a su venta y compra en el mercado, sino que por el contrario son prestaciones estatales que han de ser reguladas bajo criterios de universalidad, obligatoriedad, calidad, continuidad y permanencia, que deben ser ofrecidas con tarifas reguladas o subsidios para los sectores de menos recursos económicos junto con el establecimiento de mínimos vitales gratuitos, prestados, sistematizados y controlados directamente por la nación y por las entidades territoriales.

En consecuencia, tienen que ser físicamente accesibles, es decir, hallarse dentro o en las inmediaciones de los hogares, los lugares de trabajo, las instituciones educativas o de salud; deben estar disponibles, ser asequibles para la generalidad de las personas incluso para aquellas de escasos recursos; y prestados de forma ininterrumpida a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades primarias de los individuos.