Los estados Táchira y Mérida han registrado, después de Distrito Capital, el mayor número de personas asesinadas en el marco de protestas sociales. Según la organización Provea desde el año 2002 y hasta mayo de 20191 un total de 54 personas perdieron la vida en estos dos estados del país a manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad pública; 31 en Táchira y 23 en Mérida, respectivamente. Además de los asesinados, cientos de merideños y tachirenses han resultado heridos por funcionarios policiales o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), muchos de ellos con lesiones irreparables.

La aguda represión en estos estados andinos se debe a que han sido escenario de un alto porcentaje de las protestas sociales ocurridas al interior del país durante los años 2014, 2017 y 20192. De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), desde el 1 de abril y hasta el 31 de julio de 2017, período de protestas en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro registradas en todo el país, hubo un total de 6.729 manifestaciones. Táchira y Mérida fueron el cuarto y quinto estado del país, respectivamente, donde se registraron más manifestaciones, superados solo por Caracas, Miranda y Lara.

Por su parte, durante el primer semestre de 2019, Táchira y Trujillo registraron la mayor cantidad de protestas ocurridas en el país, superados solo por Miranda y Distrito Capital.

Uso desproporcionado de la fuerza

Varios tratados y normativas internacionales, así como legislaciones nacionales, establecen los mecanismos para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en contextos de manifestaciones sociales. Sin embargo, funcionarios de las fuerzas del orden público no han respetado estos principios, estableciendo por el contrario patrones de represión con el uso desproporcionado de la fuerza como método de ataque a civiles que protestan en contra del gobierno.

“La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014”, se señaló en el Informe Bachelet.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) ha registrado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado en la entidad andina desde el año 2014. Esta organización ha determinado el uso de al menos seis armas no autorizadas para la dispersión de manifestaciones, con las cuales se ha herido de gravedad y asesinado a cientos de manifestantes en la región andina en los últimos cinco años.

El asesinato más reciente causado por el uso desproporcionado de la fuerza en la región andina fue el asesinato de Wuilderman Paredes Moreno, quien murió instantáneamente tras recibir un disparo con arma de fuego por parte de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El hecho ocurrió el pasado 8 de junio en el marco de una protesta generada por personas que llevaban más de una semana en una cola para surtir gasolina en Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida. Un primo de la víctima también resultó herido de gravedad debido a los múltiples disparos accionados por los funcionarios.

Disparos a los ojos

La política de represión desarrollada por el Estado venezolano ha dejado secuelas definitivas en muchas de sus víctimas. El ODHULA registró que en el marco de las protestas ocurridas entre abril y julio del año 2017, un total de 22 personas recibieron disparos en ambos o alguno de sus ojos por parte de funcionarios de la fuerza pública. “Cada cuatro días una persona recibió un disparo a los ojos entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017”, precisa el informe del ODH-ULA.

“Era mates 27 de junio de 2017 hacia las 10 de la mañana y yo me encontraba pintando mi cuarto. Abajo, en mis residencias, había protestas y llegaron los policías a reprimir.

Eran seis y empezaron a lanzar piedras a las ventanas de mi edificio. Tomé la decisión de bajar junto a mi hermano porque no me parecía lo que los policías estaban haciendo. Fue entonces cuando empezaron a reprimir con perdigones.

Yo estaba a unos cinco metros de distancia de ellos. Me volteé para protegerme, pero fue ahí cuando recibí un perdigonazo en el ojo derecho”, cuenta quien tenía 21 años de edad al momento del ataque.

Solo ese día, ocho personas recibieron disparos en sus ojos en Mérida.

Los ataques directos al rostro constituyen un patrón de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado contra manifestantes.

El caso más reciente fue el ataque contra el adolescente Rufo Chacón, quien perdió ambos ojos el 2 de julio de 2019 a causa del disparo a quemarropa de perdigones accionados por funcionarios policiales. El informe médico indicó que, además de perder sus dos ojos, un total de 52 perdigones se incrustaron en el rostro de Chacón.