Los casos que se reportan desde la región andina son terribles. Salen del país en estampida para salvar sus vidas.

La región andina evidencia cómo la violación sistemática del derecho a la salud hace que la migración sea la única salvación para quienes dependen de tratamientos, medicamentos o simplemente atención médica para poder vivir.

La salud es un derecho y así está establecido en la legislación venezolana, específicamente en la Constitución, en su artículo 83 que indica textualmente:

La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

Sin embargo, por donde se mire, la incapacidad del Estado venezolano de detener las muertes prevenibles continúa quedando en evidencia.

Las voces que no se escuchan

Jesús Mendoza, miembro de la Coalición por la Vida (Codevida) en Táchira comenta que durante 2019 se ha acelerado aún más la emergencia en el sector salud, “porque no se han tomado los correctivos necesarios e incluso se han ignorado tanto, que las dificultades que teníamos anteriormente para obtener la diálisis ya no son las más urgentes que se deben resolver”.

El problema que enfrentaban las personas que recibían algún tipo de tratamiento en los centros de salud hace 5 años, cuando los defensores advertían las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja como la intermitencia de la diálisis, la falta de medicinas o equipos dañados, pasó a segundo plano porque ahora los pacientes ni siquiera pueden llegar al hospital por la aguda escasez de transporte.

“La falta de gasolina ha hecho que muchas personas empeoren su situación dramáticamente. Sin gasolina, no hay forma de movilizarnos y esto hace que no podamos tener acceso a nada”, aseveró Mendoza.

Además del tema de la falta de gasolina y la imposibilidad de obtener tratamiento, las personas que requieren de diálisis han denunciado constantemente que en los centros de salud son víctimas de malos tratos.

“El mismo contexto hace que no sea posible la atención adecuada. El personal médico encargado te grita, te hace esperar más de 12 horas para luego informarte que por falta de electricidad las plantas solo están funcionando para estrictas emergencias. Al final debes irte sin ningún diagnostico o recomendación para curarte”.

Leonel Aguirre, tiene 26 años y fue diagnosticado positivo al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a principio de 2019.

“En ese momento lo único que pensaba era en qué hacer para irme del país y así poder conseguir el tratamiento para no morir de sida. La crisis te obliga a pensar en medidas extremas, no quiero pertenecer a ese grupo de personas que mueren por no tener tratamientos ni reactivos para controlarse. Ya uno deja de creer y querer cosas personales, solo piensas en que debes huir para salvar tu vida”.

Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), indica que, aunque en Venezuela pasan tantas cosas en materia de salud y siempre se olvidan a las personas con VIH, es dramático lo que ocurre ya que no contamos con los antirretrovirales, no hay fórmulas infantiles para los recién nacidos con el virus, no hay reactivos para las pruebas de carga viral y cuando muchas personas llegan a un hospital por emergencia no los ingresan si no tienen el kit de bioseguridad, materiales que tampoco suministra el Estado venezolano.

“Los casos que nos reportan desde la región andina son terribles. Salen del país en estampida para salvar sus vidas”, dijo el activista.

Estimar datos exactos y recientes en la prevalencia del VIH en Venezuela es difícil, dado que ha disminuido sustancialmente la cantidad de pruebas de detección que se realizan por la falta de insumos. No hay estadísticas sobre mortalidad vinculada a la infección, tampoco datos oficiales disponibles. Por todo esto, personal médico y activistas advierten que se ha producido un aumento en los casos de infecciones por VIH y las muertes relacionadas al virus. Mérida y Táchira no escapan de esta dramática alerta.

Fallas eléctricas llegaron a los andes para quedarse

Con los apagones el derecho a la salud es vulnerado sin discriminación, muchas personas en la región no pueden ser atendidas porque los centros asistenciales no están dotados de plantas eléctricas durante el apagón general.

En la actualidad, la situación no ha mejorado ya que las pocas plantas existentes no funcionan con regularidad por la falta de combustible.

“La tragedia es vivir sintiendo todos los días que vas a morir. Por eso, muchos optan por irse a vivir a Caracas si no pueden lograr salir del país, así sea caminando”, dijo la merideña, Yamira Marcano, mujer con cáncer de mama diagnosticada desde 2018 con recaída en su enfermedad por no cumplir completamente con las sesiones de quimioterapia. 

Muertes que aumentan

Las muertes prevenibles continúan sin parar y el Estado niega arduamente que esto esté ocurriendo. Al menos 5.000 personas están registradas en la Asociación Venezolana de Hemofilia y no reciben los factores de coagulación que necesitan por lo que un porcentaje de ellos ha empezado a presentar malformaciones originadas por la patología con la que deben vivir.

La crisis es tal que ni los Bancos Municipales de la región reciben dotación suficiente de parte del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS), los antirretrovirales brillan por su ausencia y todas las personas diagnosticadas con alguna enfermedad crónica están en estado de zozobra pensando en qué hacer para salvarse.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó este año un informe sobre la situación del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), dejando al descubierto la emergencia en la que se encuentra el sector y la falta de respuesta por parte de las autoridades. Al observatorio le preocupa que la crisis se agudice al punto de que ni siquiera se pueda brindar asistencia primaria a una persona en el centro asistencial.

“El Estado venezolano debe dotar de manera permanente, necesaria y oportuna todos los centros de salud públicos de la región. Las instalaciones y las infraestructuras se encuentran en un estado deplorable, sin que se les realice los trabajos de ingeniería respectiva desde hace años, lo cual hace imposible su operatividad e impide la prestación de servicio a los usuarios”, dijo la directora del ODH-ULA e investigadora, Mayda Hocevar.

La Emergencia Humanitaria y la crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se han denunciado desde las organizaciones de la sociedad civil, denuncias que fueron ratificadas el 9 de septiembre de 2019 por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre Venezuela donde manifestó que el derecho a la salud está siendo vulnerado debido al insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas en el país.

Por toda esta realidad es urgente que se ponga fin al sufrimiento de estas personas que viven en la región andina. Pagar los tratamientos que vienen desde Colombia a excesivos costos dependiendo del monto de una moneda internacional y huir para salvar sus vidas no pueden seguir siendo las únicas soluciones. Es obligación del Estado venezolano asegurar el acceso a la salud a los ciudadanos sin discriminación, de manera oportuna y en su propio país.