Frente a la merma de su calidad de vida y la vorágine de la crisis humanitaria compleja que los enfrenta a la escasez, el hambre, la precariedad de los servicios, la migración y la desesperanza los andinos mantienen y construyen la esperanza.

La zona andina venezolana, conformada por los Estados Táchira, Mérida y Trujillo constituye un escenario de paisajes hermosos en los que la naturaleza es la protagonista y la laboriosidad y cordialidad de sus habitantes una característica; sin embargo debido a su cercanía con la frontera colombiana, la crisis humanitaria compleja, impacta de forma específica y diferenciada a sus habitantes y especialmente a los más vulnerables representados en las mujeres, niños y niñas, adolescentes y adultos mayores; lo que conlleva un progresivo y sistemático retroceso en el ejercicio, garantía y protección de sus derechos humanos.

Mujeres migrantes y riesgos

En este contexto, observamos un grave deterioro de la calidad de vida de las mujeres, quienes han visto mermados sus salarios y oportunidades laborales, lo que las ha obligado a emigrar.

Desde 2017, las mujeres migrantes por población pendular o porque abandonan el país, se encuentran en constante riesgo, lo que ha configurado patrones de trata de personas, prostitución forzada, violaciones, embarazos no deseados, engaños con ofertas de trabajo de altos ingresos en divisas; traslados hacia la ciudad de destino con precios económicos; estando más expuestas las adolescentes desde los 14 años hasta las adultas de 25 años.

Estos hechos documentados por organizaciones de la sociedad civil, no son denunciados ante las instancias competentes por desconfianza en la administración de justicia, la falta de garantías a la seguridad para los denunciantes, la naturalización de la violencia e incomprensión de esta como delito. Según estas organizaciones, desde enero de 2019 ha aumentado el número de mujeres que viajan desde otras partes del país hacia la zona del Norte de Santander en Colombia, con la finalidad de abastecerse de alimentos. Ellas, por desconocer la realidad existente en este lugar, aceptan y se involucran en estas ofertas engañosas.

Los municipios García de Hevia, Bolívar y Pedro María Ureña, ubicados en frontera directa con Colombia, han sido los más impactados, generándose en ellos un aumento de los casos de violencia de género por efectos de la migración.

Esto ha posicionado al estado Táchira con el mayor índice de femicidios del país denunciados y sancionados. Otra derivación de esta situación, es el abandono por parte de las madres y padres migrantes de los niños, niñas y adolescentes en etapa escolar, quienes los dejan al cuidado de tíos, padrinos, madrinas o abuelas; lo que ha generado un alto índice de deserción escolar, registrado por las instituciones educativas municipales en la ciudad de San Cristóbal.

Este cambio de roles y sobrecarga de responsabilidades ha llevado a los cuidadores a retirar a niños y niñas del sistema escolar. Además, se han registrado casos de desnutrición por falta de alimentos, problemas de conducta y casos recurrentes de depresión en niñas y niños por ausencia de sus padres.

Se han descubierto y desmantelado redes de trata de personas que han sido denunciadas públicamente como la punta del iceberg de la masiva ocurrencia de delitos y violencia en la frontera. En junio de 2018, se desmanteló una de estas bandas y las adolescentes allí rescatadas actualmente se encuentran en un refugio con identidad resguardada.

Escasez y hambre

El derecho a la alimentación ha tenido una significativa afectación, debido a la escasez y a la hiperinflación, lo que obliga a las amas de casa a recorrer varios mercados y bodegas en búsqueda de alimentos económicos.

Las abuelas son las que más han dejado de comer, haciéndolo una o dos veces al día para rendir la comida y para que los niños y niñas a su cargo puedan alimentarse mejor.

Esto ha aumentado la presencia de adultos mayores en los semáforos de las avenidas pidiendo dinero y comida.

Según una investigación realizada por el Instituto Autónomo de Alimentación y Nutrición adscrito a la Gobernación del Estado Mérida en 2018, el déficit del consumo regular de proteínas en los niños y niñas en edad escolar de una escuela rural y urbana en el Municipio Libertador, compromete la salud y el rendimiento escolar de los mismos.

Salud en espera

El principal centro de salud de la región, el Instituto Autónomo del Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) no dispone de lo elemental como agua, jabón y cloro.

Los pacientes deben inscribirse en listas interminables y comprar lo necesario para ser intervenidos quirúrgicamente (el valor de 1 kit supera los 3 millones de bolívares, equivalente a 75 salarios mínimos mensuales). Mientras, el personal de cirugía general y traumatología discrimina a las personas con VIH exigiéndoles un kit especial de bioseguridad que no es necesario.

Existe una alta demanda de pacientes frente al escaso personal médico y paramédico; al respecto la plataforma “las Mujeres Proponen” (Mérida, 2018) en la mesa sobre Salud diagnosticó:

“En el área de enfermedades crónicas u oncológicas no hay suficiente número de médicos especialistas; los pacientes acuden a consultas privadas con altos costos en los servicios; no existen los medicamentos para tratarlas o son inaccesibles. La opción es importarlos a través de las remesas de los familiares que viven en el exterior. El Seguro Social contaba con un programa de entrega de medicamentos que ya no funciona los exámenes de laboratorios y paraclínicos no se realizan debido a los altos costos; lo que se traduce en fallas diagnósticas y de tratamiento”

Actualmente, el número de mujeres con cáncer de mama u ovario que se trasladan a Cúcuta, Colombia, para solicitar tratamiento es mayor; las que tienen más recursos o apoyo familiar, viajan a otros países y las que no cuentan con ello se resignan a su suerte.

Aulas vacías

En los Estados andinos, al igual que en el resto del país; las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades presentan una significativa reducción de alumnos, docentes, personal administrativo y obrero; quienes se han sumado a la diáspora para sobrevivir.

En educación básica, según el Presidente de la Federación Venezolana de Maestros Mérida, Ramón Alí Contreras, hay una alta deserción de niños, niñas y docentes debido a la situación económica. De igual forma, manifestó que han recibido numerosas denuncias de maestros sobre padres y representantes que no tienen como enviar a sus niños a la escuela, existiendo aulas con solo 5 alumnos y escuelas con 2 o 3 maestros que se unen para darle clases a 10 estudiantes. La suspensión de los servicios de comedor, transporte, dotación de uniformes y útiles escolares y la desintegración familiar, entre otros, son algunas de sus causas.

En educación superior, el exiguo presupuesto de funcionamiento ha ocasionado la ausencia de transporte, comedor y seguro estudiantil, así como de material de oficina e insumos de laboratorio; lo que ha generado una deserción estudiantil en todas las instituciones de la región. En la Universidad de Los Andes, según el Rector Mario Bonucci, la diáspora estudiantil alcanza el 40% y las renuncias de los profesores, en su mayoría con estudios de cuarto nivel; se aproxima al 10%, vacantes que están supliendo profesores jubilados, que resultan insuficientes.

En el Núcleo Táchira de la ULA, la deserción estudiantil es mayor al 75% y el déficit de docentes sobrepasa 50%. Cifra que aumenta gradualmente, mientras que en la Universidad Nacional Experimental del Táchira la deserción docente alcanza 10% y la del estudiantado supera 60%.

Sin servicios básicos

A esta situación debemos sumar las fallas continuas en los servicios básicos, como los apagones eléctricos por 3 horas en las zonas urbanas y de 6 o 12 horas en las rurales.

La ausencia de agua por días y semanas, las colas interminables para adquirir gas doméstico, gasolina o retirar dinero en efectivo en los bancos, los cortes de internet, televisión por cable y comunicación telefónica; el deficiente transporte público, entre otros problemas, proyecta una profundización de la crisis que afecta especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes por su condición y situación de desigualdad y discriminación, el aumento de la migración y la depauperación de las condiciones de vida.

Resiliencia y articulación de esfuerzos

Ante esta realidad, los ciudadanos continúan exigiendo el respeto, garantía y protección a sus derechos humanos frente a un Estado fallido que no escucha. La sociedad civil articulada con organizaciones e instituciones realiza investigaciones y ejecuta proyectos, dirigidos a fortalecer el tejido social, con la esperanza enfocada en el cambio político, económico y social que urge y en la construcción de la Venezuela que todos merecemos.