Por Gladylis Flores

Ser trabajador de una empresa básica de Guayana, estado Bolívar, era sinónimo de estatus. La calidad de vida era superior a la de un empleado de la administración pública, por los beneficios que tenían gracias a las contrataciones colectivas de cada empresa. Pero esto cambió en los últimos años, cuando empezaron a incumplirse las clausulas e inició la persecución a quienes reclamaran por ello.

Las empresas pertenecientes al holding de la Corporación Venezolana de Guayana actualmente no cuentan con un tabulador de cargos y hoja de cálculo, por lo que todos perciben el mismo sueldo, esto a raíz del aumento salarial tras la reconversión monetaria en 2018.

Esto desató una ola de protestas en la región por aproximadamente cuatro meses, lo que dejó como resultado el encarcelamiento de Rubén González, representante del Sindicato de Trabajadores de CVG Ferrominera, y quien lideró las protestas. Actualmente, se encuentra encarcelado en la cárcel de La Pica en el estado Monagas y enjuiciado por un tribunal militar.

Su familia ha denunciado ante distintos escenarios las condiciones en las que se encuentra el sindicalista. También fueron detenidos nueve trabajadores de la estatal del hierro y tres de CVG Venalum, junto al presidente del Sindicato Único de Profesionales del Aluminio (Sutrapuval), José Hidalgo. Todos por denunciar las violaciones a las contrataciones colectivas.

Persecuciones a los trabajadores

Además de las detenciones, las persecuciones no han cesado, la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, una coalición de sindicalistas de las empresas estatales, han denunciado que algunos de sus integrantes sufrieron hostigamientos en sus puestos de trabajo.

Los más afectados son los dirigentes sindicales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), dirigida por Pedro Maldonado. Noel Hernández, director laboral de la CVG, fue despedido de su cargo; mientras que al Ramón Gómez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de CVG (Sunep), le anunciaron una jubilación forzosa, es decir, sin haberse cumplido el tiempo de trabajo y la edad mínima para poder optar a las jubilaciones.

“Desde que detuvieron a Rubén González comenzó la persecución mucho más fuerte contra todos nosotros, desde noviembre me dieron una calificación de despido que está ante la Inspectoría del Trabajo por reclamar nuestros derechos en la parte laboral”, explica Aristóteles Maneiro, quien tenía el cargo de supervisor en el área de operación de maquinaria pesada en la CVG.

El trabajador aseguró que la orden fue dada por el presidente de la Corporación luego de participar en una entrevista en una canal de televisión nacional en donde denunció las condiciones paupérrimas de las empresas básicas de Guayana.

Calidad de vida diezmada

José Fermín –nombre ficticio- trabaja en CVG Ferrominera desde hace 34 años, está próximo a jubilarse, teme dar declaraciones por miedo a ser víctima de un despido o de alguna otra represalia en la empresa.

Comenta que para poder rendir el salario que recibe en la empresa que labora como personal administrativo debe vender helados, chupetas y hielo en su casa, junto a su esposa que también es empleada de la CVG.

“El sueldo no nos alcanza para la canasta alimentaria, mucho menos para comprar ropa. Por eso tenemos que hacer maromas para completar y resolver, pero casi no comemos proteínas. Gracias a Dios mis dos hijos mayores se independizaron y solo somos tres personas en la casa”, detalla Fermín.

Aprendió a usar el transporte público nuevamente, porque desde hace dos años le robaron su vehículo y no ha podido comprar uno nuevo. Es por esto que muchas veces no puede ir a la empresa y queda excluido del beneficio de la bolsa de comida que es la que le permite completar el alimento de su casa.

Fermín considera que sus días se convirtieron en una supervivencia después de pasar los mejores años de su vida en la empresa, formar a sus hijos, viajar por toda Venezuela en las vacaciones y tener un seguro médico que le cubría todas sus necesidades.

Eso no era lo que esperaban los trabajadores después de pasar muchos años de su vida en una empresa. Es el caso de muchos jubilados, quienes tenían un plan distinto cuando llegara el momento de retirarse y disfrutar de sus últimos años.

“Mi plan de vida al jubilarme era comprar una casita en Caripe y hacer un curso de cocina para montar un restaurante. El dinero de la jubilación no me alcanzó ni para un buen mercado, ahora tengo que estar buscando medicinas todo el día y rindiendo el dinero para la comida”, relata Gloria Álvarez, jubilada de CVG Venalum.

La situación de los jubilados es parecida a la de los trabajadores activos, pues no reciben homologación de acuerdo al puesto de trabajo que tenían y todos reciben el salario mínimo nacional.

Los distintos sindicatos y la Intersectorial de Trabajadores de Guayana han denunciado las desmejoras de la calidad de vida, así como todas las persecuciones que han venido sufriendo en los últimos años. Sin embargo, muchos se mantienen en sus puestos de trabajo, a pesar de los amedrentamientos, trabajando por la recuperación del parque industrial de Guayana.