La dinámica de vida en las regiones del país no es fácil, es tan compleja como en otras zonas fronterizas, el nivel de impacto regional ante las restricciones de los derechos económicos, sociales y culturales debilitan a todos los ciudadanos en distintos niveles de intensidad, pero los impacta por igual

El estado Bolívar vive una terrible situación que produce daños y pérdidas ambientales, económicas, sociales, materiales y humanas. Las necesidades han sobrepasado las capacidades de una región que antiguamente fue próspera.

Bladimiro Morillo, fundador y forjador de Ciudad Guayana, siempre comentaba sobre su llegada, hace más de cincuenta años atrás, a lo que hoy es Puerto Ordaz, la describía como un “gran monte” que gracias a la planificación de mano extranjera y criolla surgió de una selva lejana a la capital venezolana, llegando a ser referencia de desarrollo, productividad, planificación y urbanismo.

San Félix, aquel puerto que floreció gracias a las importaciones y exportaciones, a orillas de la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco (Caronoco), fue la principal base económica entre 1865 y 1909, movimiento portuario que dio pie a un gran eje de producción minera y la llegada de Iron Mines of Venezuela y la Orinoco Mining Company.

En esta zona del sur del país se alcanzaron sueños a través de metas de producción logradas por las empresas básicas, fue la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) pilar que construyó una historia de toneladas métricas de minerales que colocaron a la nación a la vanguardia de la economía mundial.

Actualmente, en el año 2019, el cambio es abismal, verdaderamente lo que ahora existe es una región deprimida, con corrupción y carencia en los servicios básicos.

Es allí donde apunta el foco, en la carencia de los servicios públicos mínimos que necesitan los individuos para vivir dignamente, situación que viola los derechos humanos de los ciudadanos y motivo por el cual se han registrado más de nueve mil protestas en todo el territorio nacional, de las cuales un poco más de cuatro mil han sido por servicios básicos; según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Servicios invisibles

En encuesta realizada a 114 habitantes del estado Bolívar, de los cuales 98 personas se ubican en Puerto Ordaz (86% de los consultados) se pudo constatar, según sus valoraciones, que 97,4% de los encuestados manifestaron fallas en el suministro de gasolina, un 93% en mal servicio del aseo urbano y 89,5% ha presentado problemas con el acceso a internet.

Un notable 70,2% califica negativamente el transporte público; un 68,4% tiene dificultades para obtener gas doméstico; al 68,4% le falla con alta frecuencia el servicio de telefonía celular de distintas operadoras, al igual que una representación del 67,5% no cuenta con telefonía fija de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) o le ha fallado el servicio en sus hogares; el 36% de los ciudadanos también reportan botes de aguas negras o servidas en la vía pública.

“La carencia de los servicios públicos en la región ha afectado el modo de vida de sus ciudadanos; por ejemplo, el servicio de atención a emergencias 911 no funciona correctamente, el servicio policial igualmente, el de salud, el de gas doméstico, todos se han visto desmejorados”.

“Los servicios públicos son determinantes en la vida diaria de las personas, es por ello que un grupo de mujeres hemos creado este observatorio para monitorear esta problemática, porque requerimos del apoyo del ciudadano, que denuncie sus necesidades y podamos levantar información para atender dichas carestías”, indicó Aliana Estrada, coordinadora del Observatorio de Servicios Públicos en Guayana.

No vemos luz

Existe la falsa creencia que en Ciudad Guayana nunca se va la luz porque aquí están las centrales hidroeléctricas que surten de electricidad a Venezuela, pero lo cierto es que en sectores como Nueva Chirica en San Félix, denuncian que hasta por veinte días consecutivos no hay energía eléctrica.

Entren que caben cien

En las calles de Guayana se ve la anarquía en el servicio de transporte, se observan pocas unidades por las calles, todas ellas abarrotadas de personas, quienes antes de poder subirse a algún autobús, pasan hasta tres horas esperando para llegar a sus destinos.

A esto se le suman los atracos, tanto en las paradas como dentro de los vehículos, los altos costos de los pasajes, la interrupción de algunas rutas y la peligrosa improvisación ante el uso de las llamadas “perreras”, una suerte de cabinas en forma de jaulas andantes y los camiones de carga tipo volteo, cuya función verdadera es transportar materiales de construcción, que en el pasado han causado la muerte de pasajeros.

Yoel Navarro trabaja en Puerto Ordaz, pero vive en San Félix. En varias oportunidades le ha tocado caminar más de 10 kilómetros para poder llegar a su hogar: “Mientras camino, voy rogando tener algo de suerte y que alguien compasivo se detenga para que me lleve hasta mi casa, a veces ocurren esos milagros, pero no siempre. Ese recorrido que normalmente hago en 15 minutos si voy en transporte, cuando lo hago a pie, puedo tardar hasta tres horas si le doy rápido”.

Guillotina que cercena la educación

El contexto educativo, muy poco mencionado ante la opinión pública, también se ve afectado en el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, como consecuencia del funcionamiento deficiente del mismo, ante la complejidad de la realidad actual donde podemos encontrar escuelas con servicios básicos parciales o completamente ausentes.

Hay ausentismo escolar, lo que genera que el profesorado tenga que plantear nuevas estrategias para poder culminar el año escolar con una conquista medianamente aceptable. Doris Guzmán, presidenta del Colegio Nacional de Profesores, seccional Caroní señala que existe un 50% de abandono en todos los niveles escolares.

Además, padres, madres y representantes comentan sobre la insuficiencia de personal docente calificado, debido a que se han visto en la necesidad de migrar forzosamente fuera del país como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que se vive en la nación, lo que genera baja calidad académica que a mediano plazo influye en alumnos con serias dificultades en sus nociones básicas al ingresar a niveles de educación superior, ya que no logran acabar el pensum completo que les permitirá avanzar correctamente en su aprendizaje, lo que a futuro será obstáculo en sus estudios universitarios.

Calidad de vida o muerte

El sur de Venezuela se divide entre los que aman la región y apuestan a no dejar morir esta zona a punta de emprendimientos que nada tienen que ver con la minería; esas personas ponen en práctica la solidaridad, organización, perseverancia, disciplina y la tan aclamada resiliencia como valores para mejorar una sociedad que ha sufrido efectos demoledores de sus capacidades esenciales; por otro lado, radicalmente opuesto, están los que crean conflictos de poder por el control de los recursos naturales y territoriales estratégicos, la violencia generalizada, corrupción, restricción de libertades e instauración de diversas mafias.

Alí Daniels, de la Organización No Gubernamental “Acceso a la Justicia” asevera: “Lo de los servicios públicos en Guayana parece una especie de apartheid económico y social, ya que el sufrimiento de las provincias venezolanas convierte a Caracas en una escenografía donde no pasa nada, donde todo está bien. Lo de Guayana no solamente es discriminatorio, como en el resto del interior del país, sino que pone en evidencia la perversidad de las autoridades, ya que se sacrifica a la mayoría del país para que Caracas mantenga la idea de fachada de un gobierno que viola constantemente los derechos humanos”.

La dinámica de vida en las regiones del país no es fácil, es tan compleja como en otras zonas fronterizas, el nivel de impacto regional ante las restricciones de los derechos económicos, sociales y culturales debilitan a todos los ciudadanos en distintos niveles de intensidad, pero los impacta por igual.

Se ha abierto una gran brecha entre los que tienen y los que no tienen, lo cual encumbra ambos extremos. En una misma calle se puede observar la discoteca de moda de la ciudad abarrotada de carros y a menos de cinco metros la existencia de una larga fila de más de trescientos vehículos que pasan hasta tres días para poder surtirse de combustible, ese es el contraste que se vive en Guayana.

El defensor indica que “en Guayana se violan masiva y sistemáticamente los derechos humanos poniendo en riesgo la vida de los venezolanos.

“Por ejemplo, ya tenemos denuncias visibilizadas por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la vida “Codevida” de personas con alguna condición renal a los cuales no solo se les pide que lleven los insumos para hacerse la diálisis, sino que además lleven combustible para que las plantas que les dan electricidad a esos centros de salud puedan trabajar. La salud se ha privatizado, porque se ha puesto en los bolsillos de los usuarios la carga de su propia salud”.

Al sur del estado, lugar donde se ubican los municipios El Callao y Gran Sabana, cercanos a Brasil, la historia es igual o peor en cuanto a los servicios básicos, pero el tema del combustible, es lo que más afecta a los ciudadanos, ya que han llegado a pasar hasta siete días sin poder surtir a los vehículos en zonas como Tumeremo y Santa Elena de Uairén.

El abogado concluye que “en Bolívar, adicionalmente está la economía de la minería que ha convertido al resto de la población en rehén económico, en el sentido de que esa actividad ha trastocado los precios y valores de los productos, lo que hace que la carestía de la vida en la región sea mayor al resto del país porque el oro puede más que el Bolívar Soberano.

El mayor anhelo de los habitantes del estado Bolívar es que los servicios básicos mejoren, pero no dejan de denunciar el mal estado de sus calles, avenidas, el exceso de basura acumulada, zonas en penumbras, hogares sin gas ni internet.