Amnistía Internacional ha denunciado incansablemente que las autoridades han puesto piedras de tranca que han dificultado la obtención de la verdad. Esto debe terminar inmediatamente por respeto a las víctimas y sus familiares

Cinco años después de la desaparición de 43 estudiantes en México, todavía la justicia se hace esperar. Se conoció mundialmente como el caso de Ayotzinapa y representa solo la punta del iceberg del problema de las masivas desapariciones forzadas que ocurren en el México, donde otras 40 mil personas se encuentran en paradero desconocido.

Hoy muchas preguntas continúan sin respuestas y muchas heridas siguen abiertas. Dos mandatarios mexicanos consecutivos se han comprometido públicamente a encontrar justicia y brindar reparación a las víctimas; sin embargo, lo que ha sucedido entre promesas es que más gente continúa despareciendo. 

El dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos, que para el momento de su desaparición eran estudiantes normalistas de una escuela rural en el estado de Guerrero, al sur de México, se ha convertido en un sentimiento nacional que ha unido a muchos en multitudinarias marchas, plantones y reclamos públicos contra las autoridades, acusadas de obstaculizar las investigaciones y de encubrir a los responsables. 

En noviembre de 2014, 2 meses después de la desaparición de los 43, el director del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ariel Dulitzky, dijo: “No hay capacidad de análisis de inteligencia, y todo demuestra que el Estado, o no tiene la voluntad, o si la tiene, carece de capacidad para investigar, juzgar y sancionar los casos de desaparición forzada".

A pesar de que fueron detenidas decenas de funcionarios policiales, incluido el alcalde de Iguala, su esposa y miembros de bandas delictivas; cinco años más tarde las autoridades aún siguen garantizar una investigación imparcial y minuciosa de las personas que resulten sospechosas de responsabilidad por estas desapariciones.

Al día de hoy, muchas personas que fueron detenidas se encuentran en libertad debido a que las más recientes decisiones judiciales determinaron que la Procuraduría General de la República había basado sus investigaciones en evidencia obtenida de manera ilegal, algunas de las cuales, podrían constituir crímenes de derecho internacional como la tortura.

El gobierno de México debe enmendar ese error y llevar adelante una investigación seria, sin dilaciones ni vicios, apegadas a las garantías del juicio justo, donde se determinen la responsabilidad penal de las personas involucradas en este crimen y las de aquellas que hicieron todo lo posible por obstaculizar el proceso de investigación.

Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha denunciado incansablemente que las autoridades han puesto piedras de tranca que han dificultado la obtención de la verdad. Esto debe terminar inmediatamente por respeto a las víctimas y sus familiares, quienes han sufrido por demasiado tiempo el dolor de no saber dónde están y qué paso con sus seres queridos.

Bajo el derecho internacional, el gobierno debe esclarecer los casos de personas desaparecidas e implementar un proceso articulado para eliminar la impunidad en este tipo de crimen y prevenir la repetición de actos similares a través de la actualización de su registro de personas desaparecidas, la inclusión de recomendaciones expertos internacionales e independientes, la adopción de planes de búsqueda por cada estado del país y asegurar que las personas reportadas como desaparecidas sean buscadas de forma inmediata, en cuanto la autoridad reciba la noticia de una desaparición.

El esclarecimiento de los hechos, la justicia y la reparación de estas víctimas podría constituir una esperanza para las miles de personas que en México siguen sufriendo el dolor de tener a un ser querido desaparecido.