Son muchas las niñas indígenas que han sido sometidas a ejercer la prostitución alrededor de las minas. La violencia hace de las suyas bajo la mirada cómplice del Estado

Venezuela está sumergida en una profunda crisis de derechos humanos y al referirnos específicamente a las poblaciones vulnerables, no podemos dejar de hacer énfasis en lo que viven los pueblos indígenas. Grupo especialmente violentado que pareciera que nunca logrará la reivindicación de sus derechos o que sencillamente pasarán muchos años para que sean protegidos.

Mirando hacia atrás, unos 15 a 20 años, las promesas políticas mostraron inclusión y derechos civiles en la legislatura venezolana a favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, podemos inferir que lo que ha sucedido en este transcurrir, muestra que no solo fueron utilizados, sino que en la actualidad, son impactados de manera diferenciada y con mayor profundidad por la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país. Tanto así, que muchos grupos corren el riesgo de desaparecer.

En el último informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, presentado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se dedica un capítulo a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y se insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país. El documento refiere que los pueblos indígenas constituyen el 2,5 por ciento de la población de Venezuela y hay más de 50 grupos. Individualmente, estos enfrentan los mismos desafíos a sus derechos humanos que la población en general, pero de manera desproporcionada y/o diferenciada. También enfrentan desafíos a sus derechos colectivos como pueblos indígenas.

“La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación y su derecho a la salud. El cierre de las fronteras de Venezuela tuvo consecuencias graves en los grupos indígenas cuyos territorios tradicionales se extienden a ambos lados de la frontera, como los wayuu”. Informe de la ONU.[1]

Las organizaciones de derechos humanos locales han denunciado constantemente las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales.

“Han perdido el control de sus tierras, incluso a causa de la militarización por parte de los agentes del Estado. La presencia de los cuerpos de seguridad ha provocado violencia e inseguridad en estos territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados”, así lo comenta José David González Coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

Ecocidio anunciado

El Arco Minero es un nido de corrupción y uno de los mayores crímenes ecológicos en la región. La zona abarca unos 114 000 kilómetros cuadrados, aproximadamente, en el sureste de Venezuela, en el estado Bolívar con zona limítrofe con Brasil. Allí se extraen minerales como el carbón, oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita, níquel, diamante entre otros. De acuerdo con un reportaje web titulado Arco Minero del Orinoco crimen, corrupción y cianuro[2] el gobierno venezolano ha favorecido más a las empresas privadas involucradas en la zona que a las 16 etnias que reclaman la propiedad de esas tierras. Defensores y organizaciones insisten que el AMO ha sido la peor amenaza que han vivido los indígenas y que desde 1999 esperan por la reivindicación de sus derechos, cuando fue promulgada la Constitución vigente. 

Diversos medios de comunicación también han denunciado que las mafias hacen de la suya en el lugar, y muchas de ellas son dirigidas desde las cárceles. También, los habitantes indican que los militares venezolanos están clandestinamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una parte de sus ganancias.

La organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru explica que son muchas las niñas indígenas que han sido sometidas a ejercer la prostitución alrededor de las minas. La violencia hace de las suyas bajo la mirada cómplice del Estado.

“Las sangrientas batallas de las bandas rivales por el control sobre las minas han convertido a Bolívar en uno de los estados más peligrosos del país”, así lo indicó Andrea Pacheco activista de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Es así, como se muestra un pequeño panorama de lo que se vive en Bolívar y cómo los pueblos indígenas son los más afectados en este ecocidio, ya que estas personas ocupan un territorio intervenido en el que no se elaboraron estudios de impacto ambiental y sociocultural.

En el informe de la ONU también se dedicó un apartado para este tema que dice que: la extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta.

Huir para no morir

La migración forzada se ha posicionado como la única opción de supervivencia para los indígenas que habitan en regiones fronterizas. La falta de acceso al derecho a la salud y a los servicios básicos ha ocasionado que la dignidad se consiga en otros horizontes. La razón es que el Estado tampoco se ha interesado por atender a estas poblaciones y los programas sociales no se implementan con regularidad dejando a la intemperie a miles de personas entre ellas, mujeres y niños.

Algunos voceros de los pueblos indígenas en el estado Zulia denuncian que reciben el programa social cada tres meses, incluso en el mes de junio “las cajas llegaron abiertas” y a pesar de que hicieron el reclamo nadie supo explicarles lo que sucedía. Yelitza Gómez, habitante del lugar, asegura que los jefes de cuadras le sacan los productos a la caja y los más afectados son los niños que ya comienzan a verse en estado de desnutrición.

Julio Montoya comenta que ha sacado a toda su familia de Venezuela desde el mes de febrero cuando se produjeron las muertes en medio del intento de ingreso de la ayuda humanitaria. “Las situaciones violentas se dan todo el tiempo pero lo que ocurrió en febrero fue terrible y los dirigentes indígenas se enfrentan a persecución. Nadie nos puede ayudar, así que es mejor correr para salvarnos”.

Este hecho también fue mencionado en el informe de la Alta Comisionada: En febrero de 2019, se produjeron incidentes violentos en el territorio pemón en el contexto de la posible entrada de ayuda desde el cercano Brasil. Sin embargo, no se produjeron de forma aislada, sino en medio de la tensión entre el Gobierno y esta comunidad, la cual denuncia una creciente inseguridad, de la que son muestra las muertes causadas el año pasado.

El 22 febrero, unos soldados abrieron fuego contra miembros de la comunidad pemón de Kumaracapay, a tres de los cuales mataron y a 12 hirieron. Durante estos eventos, cuatro soldados fueron retenidos por los pemones, y reportaron haber sufrido malos tratos. El 23 de febrero, en la ciudad de Santa Elena la GNB hizo un uso excesivo de fuerza contra personas, tanto indígenas como no indígenas, entre ellos personas que se dirigían a la frontera para recibir ayuda. Las personas testigos describieron ataques y caos que duraron todo el día y parte de la noche, en los que la GNB disparó indiscriminadamente desde tanquetas a corta distancia y se lanzaron ataques contra el hospital. Ante la falta de medicamentos y suministros, las personas heridas fueron trasladadas a un hospital brasileño a 200 kilómetros de distancia, en el que se practicaron operaciones quirúrgicas a muchas de ellas, quienes tienen por delante meses de rehabilitación. El ACNUDH confirmó que siete personas murieron (cuatro indígenas y tres no indígenas) y 26 resultaron heridas por disparos de las fuerzas militares. Al menos 63 personas (indígenas y no indígenas) fueron detenidas. Las personas detenidas fueron objeto de malos tratos. Al ACNUDH le preocupan las declaraciones de personas testigos de las que cabe deducir que puede que fueran matadas muchas más personas. También le preocupan los informes sobre una posible fosa común, lo que amerita una investigación más a fondo. El Estado aún no ha emprendido una investigación independiente e imparcial de los incidentes. Durante esos hechos, fuerzas militares tomaron el control del aeropuerto de la comunidad pemón de Maurak, que hasta entonces estaba bajo control indígena. Maurak y otras dos comunidades siguen militarizadas.

Estos hechos obligaron a por lo menos 966 pemones a huir al Brasil [48], y la mayoría de las personas dijeron en entrevistas para el informe de la ONU que no regresarían por miedo a ser perseguidas. Los hechos y el posterior desplazamiento han causado un daño irreparable a los pemones, quienes han sufrido violaciones de sus derechos individuales y colectivos, que atañen a sus costumbres, su territorio y la libre determinación.

Todos estos casos documentados en Venezuela nos demuestran que en una fecha conmemorativa como lo es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que el respeto por sus derechos debe ser prioridad, pero en el país su situación es una catástrofe que podría arrastrar la existencia de los pueblos ancestrales, su cultura y raíces. Por ello, las exigencias deben ser claras y contundentes y debemos seguir visibilizando estos horrores, exigir justicia y que no se repita para poder preservar nuestra historia y cultura en la humanidad.