El pasado 5 de diciembre durante el 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil venezolana presentaron denuncias relacionadas a detenciones arbitrarias y la imposibilidad del ejercicio de los derechos políticos en el país

En la audiencia “Venezuela: Derechos políticos y detención arbitraria”, celebrada en Washington, Estados Unidos, ONG locales presentaron denuncias de violaciones relacionadas con los derechos políticos y las detenciones arbitrarias en el contexto a la crisis de derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil Sinergia, Provea, Transparencia Venezuela, Movimiento Ciudadano Dale Letra, Acceso a la Justicia, Cepaz, Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Médicos Unidos de Venezuela destacaron como la crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha tenido un contenido político deliberado para la vida de los venezolanos.

Durante la presentación, los representantes de las ONG venezolanas instaron al Estado a responder por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La presidenta de la red de organizaciones de la sociedad civil Sinergia, Deborah Van Berkel destacó la detención del líder sindical Rubén González, quien fue procesado por un tribunal militar, para colocar en contexto a los representantes de la instancia internacional y dar a conocer las violaciones de derechos humanos contra activistas sociales, sindicalistas y defensores.

Por su parte, Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indicó que la pluralidad política en Venezuela no está siendo garantizada, ya que a juicio de la organización, el Estado ha atentado con el derecho a la asociación política en el país.  

“A través de acciones sistemáticas ha existido un proceso continuado de debilitamiento y extinción de los partidos de oposición. El sistema político perdió casi 90% de sus partidos en los últimos doce años”, dijo la defensora.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, durante la sesión, detalló que en el país se registra un sistemático y permanente ataque contra la Asamblea Nacional y sus diputados, prueba de ello es la arbitraria detención del parlamentario Juan Requesens.

“Desde 2015 hemos registrado ataques sistemáticos contra la Asamblea Nacional y sus diputados. Venezuela requiere urgente respeto al Parlamento”, señaló.  

Referente a las denuncias de detenciones arbitrarias Luis Betancourt, abogado del Foro Penal, informó ante la CIDH que desde el 2014 hasta la fecha la ONG que representa ha registrado 12.480 arrestos arbitrarios en todo el país, mencionando el caso de 59 ciudadanos colombianos detenidos desde septiembre 2016. Además el defensor dijo que han contabilizado 1.551 personas que se han convertido en presos políticos.

Génesis Ávila, representante de Defiende Venezuela, explicó que durante las manifestaciones de abril a julio 2017 se reveló la existencia de un patrón de privaciones arbitrarias de libertad, ya que el Estado iniciaba reprimiendo las protestas, luego detenía de  forma arbitraria y seguidamente aplicaba torturas y malos tratos a los detenidos.  

“Las víctimas que fueron entrevistadas, todas alegaron que no han denunciado estos hechos por temor a represalias de autoridades superiores. Hasta ahora, el Estado no reconoce la naturaleza de los mismos”, indicó la activista.

Sin Mordaza, representada por su presidente Rodrigo Diamanti relató la denuncia de un joven detenido en 2017 que aseguró que durante su detención le rociaron gasolina, y simulaban que lo iban a incendiar.

“También les lanzaron su propio excremento y hasta el momento el Estado no ha dado respuesta a denuncias como estas”, dijo el defensor.

Relato de víctima

Durante la audiencia ante la CIDH, se pudo escuchar el testimonio Meudy Osío, esposa del concejal fallecido Fernando Albán quien exigió conocer la verdad y solicitó a la CIDH que inste al Estado venezolano a iniciar una investigación objetiva en cuanto a las extrañas circunstancias en las que murió su esposo el 8 de octubre mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

“Luego de dos meses sin respuesta concreta con respecto a los sucesos que conllevaron a la muerte de Fernando, solicito ante esta comisión que inste al estado venezolano a que traslade el cuerpo de mi esposo para darle sepultura aquí en EEUU, donde está su familia”. La víctima, también pidió la creación de una comisión independiente que investigue la verdad del caso.

CIDH solicitó visita a Venezuela

En las intervenciones de los representantes del organismo internacional, se solicitó la visita a Venezuela para constatar las denuncias de las organizaciones.

El relator, Edison Lanza indicó que el Estado venezolano solo ha mencionado una parte de los fallecidos en el marco de las protestas de 2017, mientras que en las manifestaciones hubo alrededor de 324 fallecidos.

“Sería bueno saber las circunstancias de estas muertes, información que no tenemos y es muy grave", aseveró.

Además el comisionado, Joel Hernández preguntó por los mecanismos para recepción de casos de tortura por parte de los privados de libertad y sus familiares y solicitó al Estado permitir la visita a Venezuela. También se sumó a la petición de la esposa del concejal Fernándo a Albán en cuanto a la necesidad de esclarecer el hecho que dio origen esta muerte.

Por su parte, la comisionada Flávia Piovesan instó al Estado venezolano a responder en el marco de la pluralidad política, ¿cómo se justifica la reducción del 90% de partidos políticos, los ataques al Parlamentos y las sentencias que anulan las funciones del Parlamento?.

Respuesta del Estado

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, Larry Lavoe representó al Estado venezolano y respondió en la audiencia que la oposición utiliza la violencia para atacar la democracia.

“Ustedes catalogan de presos políticos a quienes atentan contra particulares y funcionarios. Presentan supuestas listas de presos políticos pero cuando estas se revisan se encuentran personas condenadas por haber puesto una bomba y por atentar contra particulares y contra funcionarios”, dijo el representante venezolano.

Lavoe indicó además que gracias a la puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad, instancia de la Asamblea Constituyente quedaron en libertad varios presos políticos como Daniel Ceballos, Renzo Prieto o Villca Fernández en el primer semestre de este año.

"Venezuela debe estar entre los países con mayor cumplimiento de las medidas cautelares este año", dijo el funcionario venezolano, mientras presentaba un vídeo del diputado Requesen para desmentir que este se encontrara en condiciones inhumanas o estuviera siendo coaccionado por los funcionarios que lo custodian.

Referente a la crisis social y económica que atraviesa Venezuela aseveró que han mostrado evidencias concretas de como el bloqueo financiero realizado por EEUU ha tenido consecuencias en los derechos humanos en el país.

“Las dificultades económicas de los venezolanos son causados por estas medidas".

Finalmente, Lavoe se comprometió a llevar las solicitudes de la instancia internacional al gobierno venezolano y los representantes de las ONG locales solicitaron la derogación de la ley contra el odio, el cese de la justicia militar a civiles, elecciones con garantías y enjuiciamiento a quienes violen derechos humanos.