El gobierno de Venezuela debe firmar el Tratado de Escazú, un instrumento de protección de derechos humanos que obliga a los Estado a garantizar derechos como el acceso de la ciudadanía a la información, la participación pública y la justicia ambiental, así como establece la protección de las y los defensores del medioambiente que representan un grupo de activistas en riesgo a nivel global.

Este 27 de septiembre 2018 los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar y ratificar un nuevo instrumento para la protección del ambiente: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú).

 El gobierno de Venezuela debe  firmar, pues además de que el país está en la lista de los lugares con mayor diversidad biológica aportando el 9% de la biodiversidad del planeta, tiene como mandato constitucional la protección del ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.

 

El Tratado es de carácter vinculante, lo que supone que si el Estado firma adquiere una obligación legal con los postulados acordados y se  establecerían como derechos el acceso de la ciudadanía a la información, la participación pública y la justicia ambiental. También el acuerdo reconoce la necesidad de protección de las y los defensores del medioambiente, quienes son un grupo en riesgo a nivel global. Esta es una inclusión novedosa, y por muchos años exigida por el movimiento ambientalista e indígena, en la historia de los acuerdos de derechos humanos y medioambiente. 

El  Acuerdo establece una serie de responsabilidades de los Estados para la generación de un entorno seguro para que las personas, pueblos indígenas y la sociedad civil puedan seguir haciendo su trabajo en la defensa del medioambiente, sin coacciones, agresiones o violencias territoriales.

También, este instrumento es una herramienta muy importante para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan el medioambiente, esto significa que las personas podrían incidir con mayor contundencia en el desarrollo de proyectos  con impactos socio-ambientales, sean de carácter nacional o que vinculen a la región.

Precisamente, al ser el Acuerdo de Escazú una medida regional, implica la creación de políticas mancomunadas para los sujetos colectivos que se mueven por la justicia  humana y de los demás seres que habitan el planeta.

Grupos como los pueblos indígenas, históricamente discriminados de la toma de decisiones en asuntos medioambientales, tienen en el Acuerdo de Escazú un lugar de importancia, resaltando como personas de especial atención por su estrecha dependencia de la preservación del equilibrio ecológico para la (re)producción de la vida según sus usos y costumbres. Los pueblos indígenas pueden beneficiarse del acuerdo, ya que además de reforzar el derecho a la participación y consulta, instaría al gobierno venezolano a cumplir de manera efectiva sus derechos colectivos.

Si bien, el acuerdo ahonda las obligaciones de los Estados con los derechos humanos –en especial con la protección de defensoras y defensores, el acceso a la información, la participación y el medio ambiente sano-  potencia un  anhelado compromiso regional por el ambiente, siendo un  gran paso y precedente hacia un pacto global por el ambiente. 

Venezuela, junto a 189 países, se comprometió en el año 2000 a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen la necesidad de generar modelos de desarrollo sustentable y respetuosos con la naturaleza.  Empero, esa meta estuvo muy lejos de ser alcanzada, siendo Escazú una nueva oportunidad  para que el movimiento indígena y ambientalista -así como la ciudadanía en general- se empodere con herramientas vinculantes que obliguen al Estado venezolano, independientemente del gobierno de turno, a saldar las deudas pendientes con el desarrollo sustentable.

Ya que somos los seres humanos los sujetos centrales del desarrollo sostenible, y responsables de asumir los pasivos ambientales que ha dejado el maldesarrollo en nuestro planeta, luchar por la firma del Acuerdo de Escazú es comprometerse con la protección de la vida, humana y de los demás seres no humanos, con quienes tenemos la obligación de coexistir en armonía.

Esta es una oportunidad histórica para para el movimiento ambientalista e indígena en aras, no sólo de presionar al Estado para  adherirse con este compromiso global por los derechos humanos y de la naturaleza, sino fortalecer ambos movimientos adormecidos por la polarización política y la complejidad de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

Honrando el compromiso con la defensa del ambiente, una coalición de organizaciones de la sociedad civil venezolana entre las que se cuenta Coalición Clima 21,  Plataforma contra el Arco Minero,  Observatorio de Ecología Política, Espacio Público, Centro Gumilla, Sociedad Venezolana de Ecología, Sur del Orinoco y Acción Campesina del Grupo Social CESAP, en alianza con organizaciones del movimiento indígena como Wainjirawa, Kuyujani del Caura y la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru se han unido a Amnistía Internacional para llamar al gobierno nacional a firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018.

Es el momento de dar pasos concretos hacia la democracia ambiental participativa, inclusiva y comprometida con  el valor de la vida