El 23 de mayo de 2018, Jorman Ortíz se dirigía a pie a una concentración pacífica cuando funcionarios del SEBIN lo detuvieron sin orden judicial y lo introdujeron en un vehículo, sin derecho a hacer una llamada telefónica ni escoger un defensor de su confianza. Casi un mes después sus familiares desconocen sus condiciones de reclusión, así como su estado de salud e integridad física

Jorman Ortíz, joven comunicador social de 23 años de edad, detenido el 23 de mayo de 2018, sin orden judicial, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) mientras estaba caminando a la altura de Sabana Grande hacia una concentración que se llevaría a cabo en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en la ciudad de Caracas. No tuvo derecho a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. Su madre, Jenni Ortíz se vio en la obligación de acudir a los medios de comunicación para hacer pública su desaparición ante la desesperación de no tener noticias de su hijo.

El jueves 24 de mayo, en horas de la noche, Jorman Ortíz fue presentado ante un Tribunal de Caracas, donde le imputaron los delitos de Instigación al Odio, Detentación de Artefacto Explosivo y Agavillamiento, le asignaron un defensor público que, según narran sus familiares, no ejerció los recursos de Ley ante las graves contradicciones existentes en las actuaciones.

Después de transcurrido casi 1 mes, el Estado no ha informado sobre el paradero de Jorman Ortíz a su madre, sólo ha sabido extraoficialmente que se encuentra en la sede del SEBIN ubicada en El Helicoide, donde a su vez le indican que no está. Para ella su hijo sigue desaparecido al no poder constatar que está allí recluido, no lo ha podido ver desde que fue aprehendido y desconoce sus condiciones de reclusión, así como su estado de salud e integridad física.

La señora Jenni Ortíz presentó la denuncia ante el Ministerio Público, por privación ilegítima de libertad, hasta el día de hoy, Amnistía Inernacional no ha podido saber si se ha iniciado investigación penal alguna por esa denuncia.

El Estado sigue siendo responsable de la integridad física y psicológica de los detenidos que estén bajo su custodia y tiene la obligación de investigar exhaustiva e inmediatamente los hechos relacionados a posibles actuaciones arbitrarias por parte de sus funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, así como determinar las responsabilidades correspondientes.