Es alarmante la concentración extrema del control de la información que la gente ve en Internet en manos de un puñado de empresas y por la enorme asimetría de poder entre las personas y las empresas y gobiernos que controlan enormes cantidades de datos

Hoy, muchos de nuestros espacios públicos más importantes están en Internet, donde las herramientas para hacer frente a las dificultades que surgen han resultado a veces totalmente insuficientes. La avalancha de abusos cometidos en Internet, sobre todo contra las mujeres, y la incitación al odio a las minorías, recibieron respuestas deficientes y desiguales de las empresas de redes sociales y escasas medidas de los gobiernos. De esta forma lo reseña el Informe de Amnistía Internacional de 2017/2018.

Durante 2017 se habló mucho del impacto de las “noticias falsas” como herramienta para manipular a la opinión pública. Es probable que la capacidad tecnológica de difuminar la distinción entre realidad y ficción no haga más que aumentar en el futuro, planteando importantes cuestiones sobre el acceso de las personas a la información. Estos motivos de preocupación se ven agravados por la concentración extrema del control de la información que la gente ve en Internet en manos de un puñado de empresas y por la enorme asimetría de poder entre las personas y las empresas y gobiernos que controlan enormes cantidades de datos.

América

En México, los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas, ataques y homicidios, y los ataques y la vigilancia digitales eran especialmente frecuentes. Una de las víctimas fue el galardonado periodista Javier Valdez, asesinado en mayo cerca de las oficinas del periódico Ríodoce, que él mismo había fundado. Quedó claro que había una red de personas que empleaba Internet para hostigar y amenazar a periodistas en todo México. También aparecieron indicios de que se sometía a vigilancia a periodistas y personas que defendían los derechos humanos; para dicha vigilancia se había utilizado un programa informático que se sabía que había sido adquirido por el gobierno.

Tras décadas de censura tradicional, no relacionada con Internet, se impusieron restricciones indebidas al acceso a la información y la libertad de expresión en línea, lo que debilitaba los avances de Cuba en materia de educación. Entre mayo y mediados de junio, el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red llevó a cabo pruebas en una muestra de sitios web en Cuba y halló 41 bloqueados por las autoridades. Todos los sitios bloqueados expresaban críticas al gobierno cubano, informaban sobre cuestiones de derechos humanos o abordaban técnicas para esquivar la censura. Aunque el gobierno seguía ampliando el acceso a Internet, priorizaba el acceso a la intranet nacional, muy censurada y controlada por las autoridades. El coste del acceso a una Internet global seguía siendo prohibitivo para la mayoría de la población cubana.

En Guatemala, tanto las víctimas como los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron intimidación y acoso dentro y fuera del juzgado, así como en Internet. En Venezuela, unas personas no identificadas amenazaron a periodistas del portal de noticias y periodismo de investigación en Internet Armando.Info por sus investigaciones sobre casos de corrupción administrativa.

Europa

En Francia, España y Reino Unido, entre otros países, se utilizaron leyes de ambigua definición que penalizaban el “enaltecimiento” o la “apología” del terrorismo para procesar a activistas y grupos de la sociedad civil por opiniones expresadas en Internet y en redes sociales.

En España decenas de personas fueron procesadas por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en redes sociales.  En marzo se declaró a Cassandra Vera culpable de “humillación a las víctimas de terrorismo” y se le impuso una condena de un año de prisión cuya ejecución se suspendió. Había publicado en Twitter unos chistes sobre el homicidio en 1973 de Carrero Blanco, presidente del gobierno de Franco.

Reino Unido propuso penalizar con hasta 15 años de prisión el acto de ver repetidamente contenido “relacionado con terrorismo” en Internet.

Asia y África  

En China, miles de páginas web y redes sociales seguían bloqueadas, entre ellas Facebook, Instagram y Twitter. El 1 de junio entró en vigor la Ley de Seguridad en Internet, que obligaba a las empresas de Internet que operaban en China a censurar los contenidos de los usuarios. En agosto, la Administración del Ciberespacio de China y la Administración Provincial del Ciberespacio de Guangdong iniciaron una investigación sobre los proveedores de servicios de Internet WeChat de Tencent, Sina Weibo y Tieba de Baidu, porque sus plataformas contenían cuentas de usuarios que “difundían información que ponía en peligro la seguridad nacional, la seguridad pública y el orden social, como violencia y terror, información falsa, rumores y pornografía”.

En septiembre, el principal servicio de mensajería instantánea de China, WeChat, introdujo nuevos términos de servicio para recopilar una amplia variedad de información personal y puso a disposición del gobierno los datos de 900 millones de personas. Huang Qi, cofundador de 64tianwang.com, un sitio web que documentaba las protestas en China e informaba sobre ellas, fue acusado de “filtrar secretos de Estado”. Al terminar el año estaban encarcelados un total de 10 periodistas de 64tianwang.com. En agosto, Lu Yuyu, que había documentado protestas en China en Twitter y en un blog, fue declarado culpable de “provocar peleas y crear problemas” y condenado a cuatro años de prisión. En septiembre, Zhen Jianghua, director ejecutivo de la plataforma de Internet Human Rights Campaign in China (Campaña de derechos humanos en China), fue detenido penalmente como sospechoso de “incitar a la subversión del poder del Estado” y puesto posteriormente bajo vigilancia domiciliaria en un lugar designado. La policía confiscó numerosos documentos relacionados con su sitio web, que contenía informes de activistas de base.

A excepción de unas pocas personas pertenecientes a la élite gobernante, la población de Corea del Norte carecía de acceso a Internet y a servicios de telefonía móvil internacional. Lee Jin-young, propietario de la biblioteca en línea Labour Books, fue llevado ante los tribunales por presunta violación de la Ley de Seguridad Nacional tras distribuir materiales por Internet.

En Rusia, un total de 14 personas empleadas y voluntarias de la Fundación Anticorrupción fueron detenidas arbitrariamente en la oficina de la Fundación en Moscú, la capital, por difundir en directo por Internet las protestas en una retransmisión que vio un público muy numeroso. En India, las autoridades cerraban con frecuencia servicios de Internet, alegando motivos de orden público.

Las autoridades de Tailandia presionaron a Facebook, Google y YouTube para que retiraran contenidos de Internet, incluidos contenidos que se consideraban críticos con la monarquía. Además, amenazaron con llevar a juicio a los proveedores de servicios de Internet que no eliminaran contenidos, y a las personas que se comunicaran con detractores del gobierno en el exilio o compartieran sus publicaciones. Así, detuvieron a seis hombres por haber compartido publicaciones de Facebook sobre la retirada de una placa conmemorativa de los acontecimientos de 1932 que pusieron fin a la monarquía absoluta. Al concluir el año, los seis seguían en la cárcel y se enfrentaban a múltiples cargos por violación del artículo 112. Las autoridades propusieron leyes y medidas de seguridad cibernética que permitirían reforzar la vigilancia y la censura en Internet sin autorización judicial previa.

Entre abril y septiembre, las fuerzas de seguridad de Egipto detuvieron al menos a 240 activistas políticos y manifestantes por cargos relacionados con publicaciones en Internet que las autoridades consideraron “insultantes” para el presidente o por participar en protestas no autorizadas.

Además del gobierno de Egipto, hubo otros que también trataron de aumentar su control sobre la expresión en Internet. El Estado de Palestina adoptó en julio la Ley de Delitos Electrónicos, que permitía la detención arbitraria de periodistas, denunciantes de irregularidades y otras personas que criticaran a las autoridades en Internet. La ley preveía penas de prisión y de hasta 25 años de trabajos forzados para cualquier persona considerada culpable de haber alterado el “orden público”, la “unidad nacional” o la “paz social”. Se iniciaron varios juicios contra periodistas y defensores de los derechos humanos palestinos en aplicación de ella. Jordania continuó bloqueando el acceso a ciertos sitios web, incluidos foros online. En Omán se bloqueó la publicación en Internet del periódico Mowaten y siguió sintiéndose el efecto disuasorio de los juicios iniciados contra el diario Azamn y algunos de sus periodistas a raíz de que en 2016 sacaran a la luz denuncias de corrupción en el gobierno y la judicatura. En Irán, las autoridades judiciales intentaron bloquear la popular aplicación de mensajería Telegram, aunque no lo lograron debido a la oposición del gobierno; otros sitios web de redes sociales populares, como Facebook, Twitter y YouTube, seguían bloqueados.

A principios de enero, el ingeniero informático y activista de derechos humanos Essam Koshak fue citado para ser interrogado por las autoridades de Arabia Saudí; le preguntaron de forma insistente sobre su cuenta de Twitter. Su juicio ante el Tribunal Penal Especializado comenzó el 21 de agosto. Se enfrentaba a 88 Informe 2017/18 Amnistía Internacional varios cargos relacionados con su activismo en Internet.

Camerún y Togo bloquearon el acceso a Internet para obstaculizar la labor periodística y cerraron medios de comunicación. En Afganistán, donde la penetración de Internet era una de las más bajas de la región de Asia y Oceanía, se aprobó una nueva Ley de Delitos Informáticos que criminalizaba la libertad de expresión

En Pakistán se sometió a desaparición forzada a cinco blogueros críticos con el gobierno y se detuvo a otros por haber hecho comentarios críticos con el ejército o haber expresado ideas consideradas “contrarias al islam”. Asimismo, se abrieron causas penales por críticas al gobierno del país o a la familia de la primera ministra, y el gobierno propuso una nueva Ley de Seguridad Digital que limitaría aún más el derecho a la libertad de expresión en Internet e impondría sanciones más duras.

Las autoridades de Kazajistán que ya habían conseguido asfixiar a los medios de comunicación independientes, emplearon métodos cada vez más sofisticados y agresivos para erradicar las voces disidentes en Internet y las redes sociales. En Azerbaiyán se puso en marcha una cibercampaña específica contra las voces críticas.