Amnistía Internacional (AI) participó en las audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer datos que revelan la grave situación de derechos humanos en Venezuela

Belissa Guerrero, encargada de incidencias de la Oficina Regional para las Américas y Vivian Díaz, representante de Amnistía Internacional Venezuela, presentaron este martes 27 de febrero en Bogotá, Colombia, durante la audiencia denominada, “Seguridad Ciudadana e Institucionalidad en Venezuela”, detalles de las medidas arbitrarias llevadas a cabo por parte del Estado venezolano respecto a allanamientos ilegales a residencias, detenciones arbitrarias, uso excesivo e innecesario de la fuerza y uso indebido del sistema de justicia en los últimos cuatro años.

“Queremos resaltar que el objeto de esta audiencia no es una historia nueva. El día de hoy, 27 de febrero, se cumplen 29 años de los eventos comúnmente referidos como El Caracazo, conocidos ampliamente por el Sistema Interamericano, lo que nos recuerda que los abusos respecto de seguridad, uso de la fuerza y represión, se daban en el pasado, y que lamentablemente debido a la impunidad en que se encuentran estos hechos, nos hacen pensar que el Estado venezolano está condenado a repetir sus propios errores”, indicó  Guerrero.

Por su parte, Díaz dio a conocer datos del uso excesivo de la fuerza y ataques a viviendas por parte de los cuerpos de seguridad como prácticas utilizadas para acallar y hostigar las voces críticas a las políticas implementadas por el gobierno venezolano.“Todos los casos que fueron documentados por Amnistía Internacional corroboraron que estas actuaciones afectaron de forma extendida a la población, generando un clima de temor y desconfianza, por lo que existe una consistente y reiterada opinión de las personas afectadas de miedo a acudir a las autoridades para solicitar protección, justicia y reparación”.

Además, aseveró que en un contexto de profunda polarización política y de un marcado deterioro social en los últimos años, la organización ha constatado la existencia de medidas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema de justicia venezolano. Tales medidas, apuntan a entorpecer la libertad de expresión, de asociación y de participación política. Asimismo, afectan los derechos a la libertad, a la integridad personal y al debido proceso como está recopilado en los informes Noches de Terror y Silencio a la fuerza de AI. 

“Hasta la fecha, no conocemos los avances en materia de investigación y sanción a los responsables de dichos ataques, lo cual no sólo demuestra los niveles de impunidad en el país, sino que resulta un indicio a la posible repetición de dichos eventos”.

Testimonios en la CIDH

En la audiencia también estuvo presente José Fernández, padre del preso de conciencia de AI Villca Fernández, quien aseguró en sus declaraciones que su hijo está detenido por motivos políticos y se le ha violado su derecho al debido proceso e incluso el acceso a la atención médica especializada, solicitada en varias oportunidades por presentar un cuadro de salud grave incluyendo hipertensión, bronquitis, dolores de espalda, y problemas gastrointestinales reiteradamente.

“Mi hijo ha sido víctima de tratos crueles e injustos, como ser esposado a la reja de una celda por días, no tomar sol por meses, aislamiento, entre otras cosas. El proceso judicial está lleno de vicios e irregularidades. Lleva 12 audiencias diferidas para la apertura del juicio, las mismas se difieren por no haber audiencia en el tribunal o porque el SEBIN no lo traslada al tribunal, lo cual evidencia retardo procesal, violación del estado de derecho y el debido proceso”.

De igual forma, el familiar expresó que no descansará hasta lograr justicia para su hijo. “No he perdido la fe, hay momentos en el que uno decae, pero nos levantamos con la misma fuerza, el objetivo es luchar y lograr por esa libertad”.

Finalmente, la delegación de Amnistía Internacional solicitó a los representantes a la CIDH cuestionar al Estado venezolano los motivos por los cuales no se cumplen las órdenes de excarcelación, la negativa del SEBIN a trasladar a personas detenidas a centros médicos para garantizar su derecho a la salud; asimismo llamaron al Estado a detener las políticas de represión contra la disidencia. 

Emergencia humanitaria

La primera audiencia trató sobre el derecho a la alimentación y a la salud en Venezuela, donde organizaciones de la sociedad civil expusieron datos referentes al grave problema de escasez y desabastecimiento de medicinas y alimentos que manoscaba los derechos de las y los ciudadanos. 

"Entre 2016 y 2017 perdieron la vida 34 personas con hemofilia por hemorragias, 66 personas mueren a diario por cáncer mama, 4 millones están en riesgo y han fallecido por escasez de medicinas y precarias condiciones de servicio de salud público", dijo Francisco Valencia, director de Codevida y afectado por la emergencia humanitaria, quien además denunció durante la audiencia que lleva seis meses sin recibir los medicamentos necesarios.

La CIDH exigió al Estado de Venezuela permitir el ingreso de ayuda internacional humanitaria al país para superar la crisis que se vive en la nación suramericamna. "La CIDH no solo exhorta, sino exige al Estado de Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que se ofrece porque es claro que por las razones que fuera no puede atender su deber y garantizar la protección de derechos fundamentales", expresó el presidente del organismo internacional, Francisco Eguiguren.