El 18 de octubre, un tribunal de Samara verá el caso contra la defensora de los derechos humanos Evdokia Romanova, acusada de difundir “propaganda homosexual”. La jueza ha resuelto que la audiencia se celebre a puerta cerrada. Los procedimientos iniciados contra Evdokia Romanova se deben exclusivamente al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, por lo que deben retirarse

El 26 de julio se iniciaron los procedimientos contra la defensora de los derechos humanos Evdokia Romanova, acusada de “propaganda homosexual”. Al principio, el caso se llevó ante el Tribunal de Distrito de Kirov, en Samara (Rusia central). Sin embargo, en la audiencia del 18 de septiembre, la jueza dictaminó que el caso debía ser examinado por un juez de paz. El 4 de octubre, Evdokia Romanova recibió una carta del juez de paz a quien se le había trasladado su caso, en la que se le notificaba que el caso se iba a devolver al departamento policial que lo había iniciado para que corrigieran algunos errores del expediente. Un error que estaba relacionado con las normas sobre prescripción del “delito” del que se acusaba a Evdokia Romanova, que había prescrito incluso antes de que la policía presentara la acción judicial contra la defensora de los derechos humanos. También se había sido identificado incorrectamente el lugar donde Evdokia Romanova había presuntamente cometido el “delito”. Además, como el actual lugar de residencia de Evdokia está fuera de la jurisdicción del juez de paz, el caso debía trasladarse de nuevo. A última hora de la tarde del 5 de octubre, se informó a su abogado de que la audiencia tendría lugar el 9 de octubre. Evdokia Romanova y su abogado sólo dispusieron del fin de semana para preparar la audiencia.

En la audiencia del 9 de octubre, la jueza resolvió que el juicio debía celebrarse a puerta cerrada para evitar que el caso produjera más “propaganda” y manifestó a Evdokia Romanova su descontento por la atención que había suscitado el caso y las numerosas llamadas telefónicas que estaba recibiendo de periodistas de Moscú. La jueza dijo que no quería que hubiera periodistas en la sala del juicio. La próxima audiencia judicial está prevista para el 18 de octubre.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 A:

EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN VENEZUELA

Excelentísimo Vladimir Zaemskiy

Dirección: Calle Las Lomas, Quinta Soyuz, Urb. Las Mercedes.

Teléfonos: 9934531 / 9934395 / 9939702 / Fax 9936526

Correo: rusembven@gmail.com

FISCAL DE LA REGIÓN DE SAMARA

Estimado Fiscal Konstantin Nikolaevich Bukreev

Ul. Krasnoarmeiskaia, 32

443030, región de Samara

Federación Rusa

Fax: +7 (846) 333-54-28, 332-29-44

Formulario electrónico (en ruso): http://www.samproc.ru/feedback/feedback.php

DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE SAMARA

Alta Comisionada Olga

Dmitrievna Galtsova, Ul. Mayakovskogo,

20 443100 Región de Samara

Federación Rusa

Fax: +7 8463 374983

Correo electrónico: Ombudsman.Samara@yandex.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

El 26 de julio, la defensora de los derechos humanos Evdokia Romanova —miembro activo de la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Samara (Rusia central)— fue citada en la comisaría de policía local para declarar como testigo en otro caso que la policía estaba investigando. Sin embargo, a su llegada fue interrogada y acusada de hacer “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores por medio de Internet” en aplicación del artículo 6.21 (parte 2) del Código de Infracciones Administrativas de Rusia. Su único “delito” fue reproducir, en su página personal de Facebook y en la red social rusa VKontakte, enlaces al sitio web de la coalición juvenil y a materiales publicados en medios de comunicación, entre ellos un artículo de The Guardian relacionado con el referéndum sobre el matrimonio homosexual en Irlanda y otro de Buzzfeed relativo a una exposición en San Petersburgo sobre adolescentes LGBTI rusos. Cuatro de los artículos datan de 2015 y otro es de mayo de 2016. Si es declarada culpable, podría tener que pagar una multa de hasta 100.000 rublos (unos 1.750 dólares estadounidenses).

La Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights, YCSRR) se formó en el Foro Juvenil de La Haya organizado en febrero de 1999 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Fundación para la Población Mundial (World Population Foundation, WPF) y el Consejo Neerlandés sobre Juventud y Población (Dutch Council on Youth and Population). A varios de los jóvenes que participaron en el foro les preocupaba especialmente la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes y jóvenes, y decidieron crear la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos para apoyar y mantener iniciativas de jóvenes dirigidas a realizar sus derechos a la salud sexual y reproductiva.

La ley que prohíbe la “promoción de relaciones sexuales no tradicionales entre menores” —también llamada “ley de propaganda homosexual”—, aprobada en Rusia en junio de 2013, introdujo en el Código de Infracciones Administrativas ruso el artículo 6.21, que prevé la imposición de fuertes multas a quienes “promuevan relaciones sexuales no tradicionales” según el criterio de las autoridades. Amnistía Internacional considera que esta ley vulnera el derecho a la libertad de expresión y ha venido haciendo campaña en favor de su abolición. La ley ha tenido una repercusión especialmente negativa sobre el trabajo de las organizaciones y los activistas LGBTI por igual. Desde su aprobación en 2013, varias personas han sido multadas con arreglo a ella, incluyendo los activistas LGBTI Nikolay Alexeev, Nikolay Baev y Alexey Kiselev. En enero de 2014, estos tres activistas llevaron su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que se habían violado sus derechos humanos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En junio de 2017, el Tribunal falló que Rusia había infringido el artículo 10 (derecho a la libertad de expresión) y el artículo 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio Europeo y que debía pagar indemnizaciones a los activistas. Rusia va a apelar contra la decisión.

El derecho a un juicio público es una garantía esencial de la imparcialidad e independencia del proceso judicial, y una forma de mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Excepto en circunstancias prescritas y claramente definidas, como que haya menores afectados, las audiencias judiciales y las sentencias deben ser públicas en los casos penales. El derecho a un juicio público significa que tienen derecho a estar presentes no sólo las partes que intervienen en el proceso sino también el público en general y los medios de comunicación.

Nombre: Evdokia Romanova

Sexo: Mujer