Éste que ha de ser el verdadero Siglo de las Luces, que en potencia puede convertirse en el siglo en el cual la humanidad se da por enterada de su deber irrestricto para hacer y exigir el bien, se ve ensombrecido por incontables intentos de someter a las masas al miedo constante, en aras de que unos pocos mantengan el poder sobre muchos. Los ideales de igualdad, de democracia, de libertad, son hoy banderas que ondeamos con orgullo por ser conquistas de la moderna y contemporánea humanidad, sin embargo aún quedan lamentables casos en los que los flagelos de la guerra, la esclavitud, la ambición de poder desmedido de unos pocos sobre muchos, las violaciones flagrantes a las libertades de la gente, ponen en riesgo aquello que se ha logrado erigir como nuestro mayor éxito: un mundo para todos por igual.

Así pues, no es de extrañar que con tal panorama se intente mermar la cantidad de voces dispuestas a alzarse por el bien de otros y no solo el propio. Para tal fin son grandes los esfuerzos y los métodos empleados para acallar a quienes son verdaderos defensores de la razón y de los Derechos Humanos en general, pero nos ocupa uno de estos en general: hablamos de la práctica de desaparecer de forma forzosa a las personas.

De la libertad se puede hablar hasta el cansancio y mucho más. Lo cierto es que esta es una palabra que ha despertado en la humanidad grandes ansias y esperanzas. Antaño, este era un derecho concedido a unos pocos, reservado para quienes nacieran bajo cierta clase o casta, incluso debería hablarse del sexo, por cuanto la mujer en algunas sociedades, como la Roma antigua, se encontraba sometida al yugo absoluto del marido una vez casado con él, o en otros casos bajo el yugo de su padre.

Hoy día la libertad es, junto con la vida -al menos en mi opinión-, el derecho básico de todo ser, el cual otorga al individuo el gobierno de sí mismo, sin transgredir los límites que concede la sociedad y el Derecho en razón del bienestar colectivo. La vida es, más allá de la biología o de apreciaciones espirituales, la esperanza de toda persona de sostenerse, de perdurar aunque sea por un tiempo más o menos largo, para poder experimentar por sí mismo lo que el porvenir pueda depararle, así como a sus semejantes, participando de la experiencia en el ejercicio del propio gobierno.

La vida y la libertad son derechos de los cuales muchos otros se desprenden y, según ésta creciente era de globalización en la que imperan una serie de garantistas dispositivos jurídicos en materia de Derechos Humanos que tienen, por cierto, un ámbito de aplicación global, son numerosas las responsabilidades que los Estados deben asumir para proteger a la su población de prácticas que menoscaben sus derechos, aún cuando estas sean realizadas por agentes pertenecientes al gobierno de turno. Es así que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se tiene como referencia al establecer en su artículo 3 que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Si corre riesgo la libertad de alguien ¿Qué tan improbable es que también peligre su vida y su integridad? Eso ha de ocurrir en los casos en los de desapariciones forzosas y preocupa sobremanera cuando la maquinaria del Estado no se aboca a dar pronta solución al problema, o peor aún, que sea la propia maquinaria del Estado la que haya movilizado para llevar a efecto tal arbitrariedad.

Esto ha ocurrido dentro y fuera de Venezuela, y aún cuando tenemos diversos mecanismos legales con los cuales nuestros legisladores han intentado perfeccionar el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3, menciónense los artículos 44 y 45 de la Constitución concatenados con el artículo 30 de la misma, los cuales versan sobre la libertad personal como derecho y las situaciones en las que no puede ser violada, la prohibición de practicar o tolerar la desaparición forzada de personas, y el derecho a indemnización a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos respectivamente, es un flagelo que sigue amenazando la consagración de una sociedad plenamente segura.

No es y nunca será suficiente la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos que consagren los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado. No basta con que nuestro Código Penal en su artículo 180-A establezca penas desde 15 hasta 25 años de presidio para tales casos. La ley nunca basta si no es cumplida por la sociedad, y por consiguiente no es inteligente alegar que puede significar alguna alegría el ver plasmado un derecho en una hoja de papel si nadie está dispuesto a garantizarlo.

Incertidumbre, miedo, desasosiego, la incapacidad de reaccionar y de actuar, así como desproveer a las personas de la esperanza y el poder de ser y hacer aquello que su moral y conciencia les dicten como correcto o relativo al bien común. Este es el norte de toda violación a los Derechos Humanos y el intentar desaparecer a alguien es un método tanto eficaz como terrible.

Dicho acto implica que la persona que es desaparecida se encuentra en un estado de incomunicación casi total respecto de los suyos, una angustia y una zozobra para todo allegado, y un latente peligro para la sociedad, pues se ha visto en gran cantidad de oportunidades que en la mira principal de los corruptos, los déspotas, los dictadores, los hambrientos de poder estarán aquellos que constantemente han alzado su voz movidos por el imperante deseo y la necesidad de contar lo que hay que escuchar, de mostrar lo que hay que ver, de hacer lo que hay que hacer.

Serán blanco de los peores impulsos de los poderosos aquellos que luchen por otros, puesto que irán siempre contracorriente para cambiar aquello que está mal y que no encaja, pero muy a pesar de eso han de seguir, deben seguir, no sea que encuentren los arbitrarios y los delincuentes, incluso vestidos de traje y corbata, holgura suficiente para moverse a sus anchas y hacer los desmanes y maldades que les plazca.

El Estado ha de ser el responsable de la protección de todos sus habitantes, y ha de procurar que sus instituciones y sus funcionarios no perviertan su misión y poder. Pero la puerta de tal horror está abierta y, mientras exista, también habrá otros que de forma valiente fomentarán la consciencia y defenderán lo que muchos otros habrán dado por perdido.

Es preciso que el individuo, especialmente las personas jóvenes, se entrenen en la defensa de sus convicciones y derechos, las maneras y los interesados en hacerlo están de sobra, pero hay que precisar que la tarea es difícil.

La esperanza para alcanzar un mundo de igualdad, libertad y humanidad reside en la exigencia de la ciudadanía de justicia para todos, pero qué importante es mencionar que sean los jóvenes los que luchen y exijan la libertad y el ejercicio correcto del Derecho por parte de quienes detentan el poder. Sin ver a izquierdas o derechas, sin tener el ímpetu enfocado en algo más que lograr la justicia y, en caso particular de este artículo, la libertad, es como cada joven puede cambiar su realidad.

Por Marco Aurelio, activista de la Red de jóvenes en la Red Monagas de Amnistía Venezuela.