La pobreza es una forma de violación de la dignidad humana y un obstáculo para el ejercicio de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano e incluso, en ciertas circunstancias, puede convertirse en una verdadera amenaza para el derecho a la vida que incluye a su vez el derecho a llevar una existencia digna.

El Diccionario de la Real Academia Española define la pobreza como la necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida. Sin embargo, para la Organización de Naciones Unidas (ONU, en adelante) no se trata sólo de una cuestión de carácter económico sino de un fenómeno multidimensional que integra la falta tanto de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con dignidad, lo que frena el desarrollo humano y desborda la exclusión social.

Por su parte, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y la legislación venezolana declaran que toda persona debe gozar de la facultad de vivir dignamente en condiciones que le permitan tener un desarrollo físico y mental adecuado a su edad. En ese misma medida, se ha establecido lo imperativo que resulta que los seres humanos se vean liberados de la miseria a través de la creación de entornos que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales, asi como de sus derechos civiles y políticos.

Pero ¿qué sucede cuando no se cuenta con los medios para garantizar lo indispensable para enfrentar la vida cotidiana? En ese punto, la pobreza se convierte en una forma de violación de la dignidad humana y un obstáculo para el ejercicio de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano e incluso, en ciertas circunstancias, puede convertirse en una verdadera amenaza para el derecho a la vida que incluye a su vez el derecho a llevar una existencia digna[1].

Ahora bien, según datos proporcionados por el Banco Mundial, para el año 2012 habría cerca de un mil millón y medio de personas viviendo en la pobreza extrema en el mundo, es decir, subsisten con menos de 1,25 dólares por día, y otros mil millones de pobres cuentan con menos de 2 dólares por día[2], lo que representa casi a la mitad de la humanidad. De modo que para entonces decenas de millones de personas carecían de una vivienda, otras tantas estaban mal alojadas en lugares geográficamente calificados de de alto riesgo y/o por la falta de acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones sanitarias adecuadas, lo que a su vez trajo consigo el repunte de enfermedades que probablemente pudieron ser evitadas.

No obstante, según las proyecciones más recientes del Banco Mundial la pobreza se habría reducido a 702 millones de personas, es decir, el 9,6% de la población mundial para el año 2015 tomando como nueva base de cálculo un ingreso de 1,90 dólares al día[3], lo que significa que podría cumplirse la meta histórica de ponerle fin a más tardar en 2030.

Frente a tales estadísticas no es de extrañar que la lucha contra la pobreza se haya convertido en el tópico más importante de la agenda política internacional dado que es el principal desafío a afrontar por el mundo contemporáneo ya que sus manifestaciones más graves como el hambre, la enfermedad, la escasez de viviendas y el analfabetismo, dificultan el desarrollo de las naciones, incrementan tanto la discriminación como la desigualdad y niegan el goce de los derechos fundamentales a los ciudadanos.

Ahora bien, en el caso particular de Venezuela el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señaló que en el año 2013 la pobreza aumentó significativamente del 21,2% al 27,3%, es decir, había cerca de 10 millones de personas que vivían en ese estado[4] lo que se considera como una regresividad que conduciría a que la realidad de los derechos humanos empeore paulatinamente. Según algunas apreciaciones, en 2014 48,4% de los hogares venezolano vivían en pobreza por ingreso[5] es decir, 3,53 millones de personas de las cuales 33% eran nuevos pobres.

 Por otro lado, datos más recientes señalan que al menos 3,5 millones de venezolanos ingiere dos comidas o menos al día[6], lo que indica un desmejoramiento de las condiciones de vida; ni que decir de la situación actual que atraviesa el país por la escasez pronunciada de productos y el repunte acelerado de la inflación que según el Banco Central de Venezuela se ubicó en 500% en los primeros seis meses de 2016, por lo que para el 80% de la población el salario no resulta suficiente para adquirir los alimentos que necesita para su subsistencia[7]. Vale destacar que no se cuenta con cifras oficiales sobre el índice de pobreza desde 2013.

En virtud de lo expuesto, la pobreza es per se un problema de derechos humanos que amerita de atención urgente por cuanto opera como causa y consecuencia de vulneraciones interconectadas de los mismos a nivel civil, político, económico, social y cultural, ya que quienes la sufren se ven expuestos continuamente a la denegación de su dignidad e igualdad. Corolario de ello resulta que la pobreza es entendida como el fracaso o la imposibilidad de alcanzar niveles aceptables de realización humana, lo que deriva en necesidades o capacidades insuficientemente satisfechas para asegurar el funcionamiento elemental de la vida.

Por consiguiente, es apremiante la consolidación de políticas públicas dirigidas hacia la superación de la pobreza a partir del respeto, protección, promoción y goce de los derechos humanos de las personas que la padecen. No pueden existir de manera alguna, mecanismos que la agraven o que provoquen un efecto perjudicial desproporcionado en quienes viven en ella. En ese orden de ideas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que es imprescindible garantizar que las personas cuenten con una reparación efectiva ante las acciones u omisiones que menoscaben o amenacen sus derechos humanos por medio de procedimientos judiciales, cuasijudiciales, administrativos y políticos, sobre todo en lo referente a su acceso a la prestación de los servicios públicos, los programas de reducción de la pobreza y la asignación de recursos, puesto que es un deber indelegable del Estado garantizar que todo ciudadano viva en condiciones de dignidad e igualdad.

Finalmente, es vital reconocer que la pobreza es una causa de denegación de los derechos fundamentales porque comporta un grave daño a la vida y a la dignidad humana, de allí que sea imperativa su erradicación a los fines de lograr la consolidación de sociedades equitativas, productivas y encaminadas hacia el desarrollo armónico de sus habitantes.