Son varias las familias que pasan por esta situación precaria en Venezuela y que no cuentan con el dinero suficiente para ayudar a padres, abuelos o seres queridos que regresaron a sus países de origen

Vicente Álvarez Pérez nació en la Isla de La Palma España en el año 1936 pero llegó a Venezuela cuando solo tenía 17 años para quedarse la mayor parte de su vida trabajando en Industrias El Canario, panadería ubicada en la parroquia San Agustín en el norte de Caracas. A mediados de 2003 regresó a su país de origen para vivir la más terrible pesadilla de desamparo y es que, desde hace más de un año, diversas fuentes denuncian en los medios de comunicación que son muchos los adultos mayores venezolanos y nacionalizados quienes se encuentran prácticamente desamparados.

La Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (Fapejuves) ha registrado más de 9 mil pensionados que desde finales del año 2015 no reciben el pago que les corresponde por derecho luego de haber trabajado una vida en Venezuela, de acuerdo al Convenio Binacional en Materia de Seguridad Social que fue firmado entre España y Venezuela en el año 1998.

En el caso de Álvarez Pérez, logró cobrar su beneficio durante los dos primeros años de haber llegado a su país, posteriormente pudo optar a la pensión no contributiva española hasta que los trámites de traslado de la pensión venezolana se hicieran efectivos. Sin embargo, fue hasta 2008 cuando se le trasladó la pensión de Venezuela y como el monto al cambio en euros no cubría el mínimo en España lo complementaba con la prestación no contributiva compensatoria, cobrándola junto a la venezolana en el año 2014.

“En 2015 comenzó el descontrol y los pagos llegaban, pero con retraso. En lo que va de 2017 no se le ha adeudado en su totalidad el dinero correspondiente a 2016, lamentablemente solicitar información también es un inconveniente ya que sobre estos pagos pendientes no hay quien responda en los consulados, la embajada, el IVSS y el BCV. No saben absolutamente nada, están totalmente desamparados”. Aseveró la hija del señor Vicente.

El Estado venezolano viola los derechos humanos en otros países

Es notable que la crisis humanitaria que vive Venezuela ha traspasado las fronteras y ha alcanzado a estas personas de edad avanzada que viven en el exterior.  “Mi padre desde el año 2009 hasta febrero del 2016 vivía en una residencia para ancianos, llamada apartamentos Covadonga en Oviedo, el cual podía pagar junto con sus gastos personales y médicos con su pensión venezolana. En vista de la falta del pago de la pensión tuvimos que sacarlo de la residencia ya que no tenía dinero con que abonar la estadía”. Afirmó la hija de la víctima.

Pero, esta situación también ocurre en Italia, en donde el convenio binacional está vigente desde 1988. Lo mismo pasa en el resto de Europa, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, México, o en cualquier país en donde resida un pensionado venezolano. Un problema que afecta a más de 12 mil personas que viven en constante situación de vulnerabilidad ya que la mayoría de personas de avanzada edad padecen de alguna patología que afecta su salud, dependen de ese dinero solo para comer o para pagar su vida diaria o simplemente es lo único que tiene para sobrevivir.

El problema parece ser más complejo ya que los Estados responden que el gobierno venezolano no paga desde hace más de 15 meses y, en los casos de un beneficiario que tiene doble nacionalidad, la persona muchas veces no puede optar a otras ayudas de su país de origen.

Existe el caso de una señora de 63 años quien se fue a su país de origen en Europa, y no sólo dejó de recibir su pensión venezolana a finales del año 2015, sino que ese estado le quitó el dinero que había ahorrado de su pensión en bolívares y que mantenía en su cuenta bancaria, por no encontrarse en el país. La señora vive aterrada porque está delicada de salud y sus hijas que residen en Venezuela han tenido que enviarle dinero para que se realice algunos exámenes de salud. 

El señor Álvarez Pérez, fue diagnosticado con Alzheimer por el equipo de neurología del hospital universitario central de Asturias. (HUCA) desde el año 2011 y cuatro años más tarde se le fue concedido el 75% de discapacidad, por el centro de valoración de personas con discapacidad de Oviedo. En abril del año 2016 fue aprobada la Ley de Dependencia con el grado I, por lo que percibe una prestación económica mensual de 110,64€, siendo ese su único ingreso. Finalmente, Vicente Álvarez en febrero de 2017 fue diagnosticado un cáncer de vejiga en fase terminal, con metástasis en pulmones y huesos, por su edad y el avanzado estado del mismo el equipo médico de internistas y oncólogos no recomendaron tratamiento por ser abrasivo y porque tendría poca efectividad. Desde esa fecha es atendido por el equipo médico de cuidados paliativos en casa los cuales le ayudan controlándole los dolores y demás molestias de la enfermedad. Todavía, esta familia espera que se solucione este problema con el gobierno venezolano porque para ellos es sumamente preocupante lo que vive su padre en total indefensión.

Son varias las familias que pasan por esta situación precaria en Venezuela y que no cuentan con el dinero suficiente para ayudar a padres, abuelos o seres queridos que regresaron a sus países de origen. Las autoridades venezolanas continúan en silencio frente a este tema entre ellas el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que no emite comunicado alguno que explique el porqué del incumplimiento de este derecho dando continuidad a la falta de alternativas que lleven a las personas de edad avanzada a vivir de cerca la crisis humanitaria así no esté físicamente en Venezuela.

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Foto por Kristo-Gothard Hunor / Shutterstock.com