En el interior de Israel, las autoridades deben reconocer los derechos a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas beduinos palestinos del desierto del Néguev/Naqab cuyo pueblo, Al Araqib, ha sido derribado de nuevo la mañana del martes 19 de julio

“Las autoridades israelíes deben paralizar de inmediato el desalojo forzoso de más de 1.000 residentes de Masafer Yatta, comunidad palestina en la Cisjordania ocupada”, ha declarado hoy Amnistía Internacional después de semanas en las que el ejército israelí ha hostigado reiteradamente a la población de esa zona, ha derribado viviendas y ha impuesto restricciones a la libertad de circulación. En el interior de Israel, las autoridades deben reconocer los derechos a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas beduinos palestinos del desierto del Néguev/Naqab cuyo pueblo, Al Araqib, ha sido derribado de nuevo la mañana del martes 19 de julio.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), en las últimas semanas, las comunidades de Masafer Yatta vienen siendo objeto de una oleada tras otra de demoliciones. La campaña de intimidación de las autoridades israelíes trata de crear unas condiciones de vida insoportables que obliguen a sus residentes a marcharse. Además, los controles de carretera y otras restricciones a la circulación impiden a la población residente celebrar la festividad musulmana del Sacrificio (Id al Adha) con sus familias extendidas en la localidad vecina de Yatta. Los días 11 de mayo y 1 de junio, el ejército israelí destruyó las viviendas de decenas de residentes, para algunos de los cuales es la tercera demolición de su hogar que sufren en los últimos 12 meses.

Cada día que se retrasa la rendición de cuentas, más palestinos y palestinas pierden sus hogares, sus medios de subsistencia y la esperanza de una vida digna.

Heba Morayef, Amnistía Internacional

Según la OCAH, actualmente viven en Masafer Yatta alrededor de 1.150 personas palestinas, 569 de ellas menores, en más de 200 viviendas. Las condiciones de vida son terribles y la población residente depende casi por completo de la ayuda humanitaria. Las autoridades israelíes han ordenado demoler o paralizar la construcción de casi todas la viviendas, refugios para animales, cisternas e infraestructuras comunitarias de la zona, alegando que se construyeron sin un permiso que es casi imposible de obtener .

“Más de 1.000 personas palestinas de Masafer Yatta, de las que unas 500 son menores, se preparan para la posible llegada de las excavadoras israelíes que derribarán sus casas, paneles solares y corrales. De llevarse a cabo, esta expulsión a gran escala constituiría un acto de traslado forzoso, que es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, declaró Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El desplazamiento inminente de palestinos y palestinas desde Masafer Yatta es un crudo recordatorio de la despiadada estrategia que utiliza Israel desde hace decenios para mantener su cruel sistema de apartheid sobre la población palestina”.

A Amnistía Internacional le preocupa que no se respeten los derechos a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas beduinos en Israel y que éstos sean discriminados también en relación con otros derechos económicos, sociales y culturales, política concebida para mantener el sistema de opresión y dominación de Israel sobre la población palestina. La población beduina palestina que tiene la ciudadanía israelí sufre la reiterada demolición de sus viviendas como corolario de unas políticas discriminatorias que no reconocen la legalidad de alrededor de 35 pueblos de la región de Néguev/Naqab. Por ejemplo, desde 2010, las autoridades han derribado reiteradamente todas las viviendas del pueblo de Al Araqib, sometiendo a unas 250 personas a desalojos forzosos que las han dejado sin hogar y reubicándose en chozas en otros pueblos o en casas de familiares del vecino municipio beduino. Los planes del gobierno israelí de “regular” las construcciones beduinas en el Néguev/Naqab han provocado el desalojo forzoso de cientos de personas de esta minoría y ponen en situación de riesgo a decenas de miles más.

“En lugar de derribar viviendas, las autoridades israelíes deberían desmantelar las políticas discriminatorias de urbanización y edificación que han colocado a los ciudadanos y ciudadanas beduinos en la absurda situación de ser calificados de intrusos en sus propias tierras”, ha afirmado Heba Morayef.

Una población expulsada de sus tierras ancestrales de Masafer Yatta

El 4 de mayo de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Israel rechazó múltiples peticiones de residentes de ocho pueblos de Masafer Yatta que trataban de paralizar las órdenes de desalojo. Como consecuencia, se están derribando viviendas y refugios de animales, expulsado de sus tierras ancestrales a la población residente para permitir la realización de adiestramiento militar en la zona.

En 1980, el ejército israelí designó la zona de 3.000 hectáreas como “Zona de Tiro 910”, área militar restringida utilizada para ejercicios de adiestramiento. En noviembre de 1999, el ejército expulsó a toda la población residente de Masafer Yatta, aunque una orden provisional dictada por el Tribunal Superior en marzo de 2000 la permitió regresar en espera de una decisión definitiva y con la condición de que no reparasen sus casas. Desde entonces, se deniega a la población permiso incluso para instalar paneles solares o cisternas de agua.

El 16 de junio, el ejército israelí empezó a realizar adiestramiento militar en la zona, actividad que sólo se detuvo temporalmente durante una visita de tres días del presidente estadounidense Joe Biden.

El Tribunal Superior de Justicia basó su decisión en su conclusión errónea de que las órdenes militares israelíes tienen precedencia sobre el derecho internacional, lo que demuestra la necesidad de aplicar mecanismos de justicia internacional.

“La decisión del Tribunal Superior de Justicia de confirmar la expulsión de Masafer Yatta pone de relieve cómo los tribunales nacionales de Israel son cómplices en el mantenimiento del apartheid y la perpetuación de violaciones graves de derechos contra la población palestina que vive bajo la ocupación. Además, muestra la necesidad urgente de que la Corte Penal Internacional investigue crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Cada día que se retrasa la rendición de cuentas, más palestinos y palestinas pierden sus hogares, sus medios de subsistencia y la esperanza de una vida digna”, afirmó Heba Morayef.

Israel designa sistemáticamente grandes áreas de tierras palestinas como zonas militares, tierras estatales, yacimientos arqueológicos o parques nacionales para aumentar al máximo su control sobre las tierras palestinas tanto en Israel como en los TPO. Estas clasificaciones arbitrarias son elementos fundamentales del régimen institucionalizado israelí de opresión y dominación sistemáticas de la población palestina. Por otra parte, una investigación reciente sobre documentos clasificados desde 1979 ha revelado que la creación por Israel de “zonas de tiro” en los TPO, que abarcan aproximadamente el 20% de la Cisjordania ocupada, tenía “el único propósito de entregar en última instancia la tierra a colonos israelíes”.

Información complementaria

Masafer Yatta está integrado por 19 pueblos y aldeas tradicionales, de los que 8 corren riesgo inminente de demolición y desplazamiento. Las localidades están en las colinas del sur de Hebrón, en la Zona C de la Cisjordania ocupada. A pesar de que esta zona representa el 60% de Cisjordania, las autoridades israelíes conservan el control exclusivo del urbanismo y la zonificación de la región.

En Israel y los TPO, las políticas y prácticas discriminatorias sancionadas por el Estado de Israel provocan desde hace decenios el desplazamiento forzoso de comunidades palestinas. Estas políticas están concebidas deliberadamente para reducir al mínimo el acceso de la población palestina a tierras estratégicas y su control sobre ellas, al mismo tiempo que buscan mantener la dominación israelí judía.

Otras comunidades palestinas de la colinas del sur de Hebrón y el valle del Jordán, zona estratégica para la expansión de los asentamientos israelíes y el avance de la anexión, viven asimismo bajo la amenaza de traslado forzoso. En julio del año pasado, las excavadoras israelíes borraron del mapa una de estas comunidades, la aldea de pastores de Khirbet Humsa.

Al otro lado de la línea verde, en Israel, 35 pueblos beduinos palestinos del Néguev/Naqab “no reconocidos” corren también riesgo de ser demolidos por las autoridades israelíes en un ejemplo flagrante de segregación racial. Estos pueblos no figuran en los mapas de zonificación y urbanismo israelíes y, como consecuencia, son considerados ilegales y las autoridades israelíes se niegan a conectarlos a servicios esenciales como la red eléctrica y la de agua. Ras Jrabah es uno de estos pueblos, y sus 500 residentes corren el riesgo de sufrir traslado forzoso debido a los planes israelíes de demolerlo para permitir la expansión de Dimona, localidad habitada en su mayor parte por israelíes judíos.