La principal consecuencia de esta violencia son los homicidios de civiles, que en muchos casos nada tienen que ver con los grupos armados estatales y no estatales que se enfrentan. Estos eventos también dejan una larga estela de víctimas colaterales, como niñas, niños y adolescentes huérfanos, y familias que pierden el sostén económico del hogar

Equipo Monitor de Víctimas

Las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones de crimen organizado se combinaron en 2021 y mantuvieron bajo fuego a los ciudadanos de varios estados en Venezuela. 

Monitor de Víctimas reportó 787 homicidios ocurridos en Caracas, Lara y Táchira. El equipo de investigadores visitó diariamente las morgues de estos estados para contabilizar los casos y registrar características de las muertes. Entrevistó a familiares de víctimas y a testigos de los crímenes, además de verificar con fuentes policiales algunos detalles de los hechos. 

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La principal consecuencia de esta violencia son los homicidios de civiles, que en muchos casos nada tienen que ver con los grupos armados estatales y no estatales que se enfrentan. Estos eventos también dejan una larga estela de víctimas colaterales, como niñas, niños y adolescentes huérfanos, y familias que pierden el sostén económico del hogar. Además, las secuelas psicológicas y emocionales de vivir expuestos a la violencia armada y a constantes violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, por estas situaciones no se puede decir que Venezuela vive un conflicto armado no internacional, según la definición del Derecho Internacional Humanitario. “Los convenios de Ginebra establecen que se requiere que los grupos insurrectos ‘bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas’ para poder considerarse como un conflicto armado no internacional”, dice una publicación de ACNUR.

Lo que ocurre en Venezuela se inserta más en otras manifestaciones de violencia de menor magnitud. “Se puede hablar de conflicto armado de baja intensidad. Pero el mayor conflicto es entre grupos armados estatales y no estatales”, asegura el sociólogo y experto en temas de violencia Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). 

La información recabada por Monitor de Víctimas arrojó algunos hallazgos que justamente coinciden con estas dinámicas de violencia y crimen en los tres estados estudiados para este informe, en los que destaca el impacto de estos enfrentamientos armados. Aunque los datos muestran una reducción general en los homicidios, la letalidad policial aún es excesiva.

Entre la masacre de La Vega y los tiroteos en la Cota 905

Los cuerpos de seguridad del Estado son otra vez los principales responsables de los homicidios en Lara y Caracas, donde se les atribuye la responsabilidad en 46 % y 34 % de los casos. Lo que resulta preocupante y escandaloso, pues la mayoría de estos son el resultado de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

En Caracas, hubo dos incidentes que marcaron un repunte significativo en los homicidios: la masacre de La Vega (enero de 2021) y la intervención policial en la Cota 905 (julio de 2021). Ambos hechos fueron protagonizados por las fuerzas de seguridad. Familiares de las víctimas y habitantes de las comunidades denunciaron ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales. 

En La Vega, el equipo de Monitor de Víctimas logró establecer la identidad de 15 personas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad. La finalidad del procedimiento policial era supuestamente evitar la expansión de la megabanda de “el Koki”, un grupo armado que controla desde 2014, por lo menos, 4 parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Valle, Coche y El Paraíso. 

El operativo del mes de julio en la Cota 905 también estaba orientado a la captura de los miembros de la megabanda de “el Koki”, luego de que se rompiera un supuesto pacto que tenían con funcionarios del gobierno desde 2017, para reducir los secuestros y controlar la criminalidad en los territorios bajo su control. 

Varios miembros de la organización criminal murieron en los enfrentamientos, mientras que los líderes lograron huir. La intervención policial se prolongó por tres días, afectó siete parroquias de Caracas y dejó 37 personas muertas. 

Los proyectiles de los tiroteos llegaron a tres kilómetros de distancia de la Cota 905, y las balas perdidas alcanzaron a personas que regresaban a sus hogares en unidades de transporte público, a amas de casa que estaban en sus viviendas, a transeúntes y vendedores informales. 

La falta de información oficial clara, precisa y transparente fue una característica común en los dos hechos que se registraron en Caracas. Sobre la masacre de La Vega no hubo pronunciamiento y se desconoce si existe alguna investigación sobre las muertes, que en su mayoría fueron denunciadas como presuntas ejecuciones extrajudiciales. 

En el caso de los tiroteos en la Cota 905, la entonces ministra de Relaciones Interiores Justicia y Paz, almiranta Carmen Meléndez, informó de manera general e imprecisa sobre la operación policial y ofreció resultados parciales. No se dio a conocer la identidad de las víctimas ni las causas de muerte.

Es importante resaltar que este hecho se registró cuatro meses antes de las elecciones a gobernadores y alcaldes, en las que Meléndez se presentó como candidata y resultó elegida alcaldesa de Caracas. (Puede leer el informe completo aquí)  

La policía sigue como principal victimario: el CICPC retoma su lugar

En el estado Lara, la policía volvió a ser el principal victimario y su accionar estuvo principalmente orientado a la persecución de la banda de “Santanita”. Aunque el número de homicidios cometidos por la fuerza pública se redujo en 16 %, estas muertes representan 46 % de los casos de homicidios en esa entidad, lo que resulta alarmante.  

Un dato llamativo fue la figuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) entre los dos primeros cuerpos de seguridad con más casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales, en Lara y Caracas.

El ELN, también mata en Venezuela

El grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que viene operando en Venezuela desde hace más de 20 años, es el principal victimario en el estado Táchira.  Se le atribuyen 24,6 % de los homicidios. 

Aunque resulta extraño que una organización criminal de otro país sea el grupo armado que más mata en una parte del territorio venezolano, familiares y allegados de las personas asesinadas en Táchira aseguraron a las investigadoras de Monitor de Víctimas que los victimarios son miembros del ELN. Los reconocen e identifican por la forma de someter y matar, y porque ejercen un fuerte control en los municipios o localidades donde ocurrieron los crímenes, en los que imponen una gobernanza criminal. 

Como en los casos de La Vega y la Cota 905, en Táchira tampoco hay información oficial sobre estos homicidios presuntamente cometidos por el ELN. No se conoce de investigaciones sobre estos crímenes, no se sabe nada sobre detenidos y las autoridades no ofrecen detalles sobre los presuntos responsables.

Otra particularidad es que en 25 de los homicidios ocurridos en el estado fronterizo se desconoce el tipo de victimario. La razón pareciera estar vinculada con que en la mayoría de estos casos, el victimario también es el ELN, pero los parientes de las víctimas prefieren no revelar esa información por temor a represalias.

Tampoco hay certeza sobre la cantidad de homicidios cometidos por el ELN y otros grupos en Táchira, pues desde hace algunos años se viene denunciando que los cadáveres de personas asesinadas en territorio venezolanos son lanzados al otro lado de la frontera, en territorio colombiano.

Por otra parte, la presencia de esta guerrilla y sus movimientos en territorio venezolano tiene características mucho más complejas. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch, y habitantes de los estados Apure, Bolívar y Táchira han denunciado que esta guerrilla tendría vínculos con funcionarios e instituciones del Estado venezolano. Por lo que no sería extraño que en ocasiones el grupo armado ejerza funciones de seguridad ciudadana o actúen junto a los cuerpos policiales, como lo han hecho los colectivos. 

En Táchira y Caracas, muchas de las muertes ocasionadas por balas pérdidas o en las que el responsable no está identificado, también podrían ser atribuidas a los dos principales victimarios en esos estados: el ELN y la policía. Esto se desprende de la descripción de los hechos y el trabajo de campo realizado por los investigadores de Monitor de Víctimas.

De esta manera, en los tres estados analizados para este informe (Lara, Caracas y Táchira) los principales responsables de la violencia homicida son cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados no estatales, que presuntamente tienen o han tenido alianzas con funcionarios del Gobierno, como el ELN y la megabanda de “el Koki”.

Para Briceño León: “El Gobierno está intentando imponer su dominio y superioridad armada, con sus grupos formales y sus alianzas con el ELN. Ya lo hizo antes con otras alianzas que luego quebró”.

En medio de este fuego cruzado, están los venezolanos de a pie: mujeres, amas de casa, niños y niñas, hombres jóvenes de los barrios, habitantes de los estados fronterizos y cualquiera que pase por una autopista cuando inicie un tiroteo.

En 2021, también se reportaron 23 femicidios en los tres estados analizados para este informe, mientras que 49 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidios.

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