Las empresas farmacéuticas y los institutos de investigación desempeñan una función decisiva en lo que respecta a facilitar el disfrute del derecho a la salud. De acuerdo con el derecho internacional, tienen la obligación de respetar los derechos humanos, lo que incluye, entre otras cosas, garantizar que sus vacunas contra la COVID-19 son accesibles y asequibles para el mayor número posible de personas

En respuesta a la noticia de que la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca ha presentado en ensayos clínicos una eficacia del 70%, que podría aumentar al 90% si se modifica la dosificación, Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Oxford y AstraZeneca han prometido ‘acceso amplio y equitativo’ a esta vacuna, lo que da muchas esperanzas a la gente en todo el mundo. El bajo costo de esta vacuna y su fácil almacenamiento hacen posible una distribución justa, y es además la primera que va acompañada de considerables acuerdos de distribución a países de ingresos bajos. No obstante, hay que hacer mucho más aún para que, dondequiera que vivan, las personas puedan acceder a estos productos esenciales, por lo que, si no se toman más medidas, el suministro de la vacuna a países de ingresos bajos seguirá siendo peligrosamente insuficiente.

“Esta es la tercera vacuna que ha dado resultados prometedores en las últimas semanas, y muchos países ricos han comprado ya enormes dosis de estos productos para vacunar a toda su población. Los gobiernos y las empresas tienen que empezar dar prioridad al acceso del resto del mundo, compartiendo ampliamente tecnologías y llegando a acuerdos para garantizar que se dispone de existencias suficientes para proteger a todas las personas que lo necesiten, cualquiera que sea el lugar donde vivan.”

Información complementaria

Oxford/AstraZeneca ha declarado que puede producir 3.000 millones de dosis en 2021, y actualmente es el único creador de vacunas que tiene un acuerdo con la iniciativa global COVAX, de la que dependerán la mayoría de los países de ingresos bajos y medios para recibir gran parte de su suministro de vacunas. En junio, Oxford/AstraZeneca se comprometió a producir 1.000 millones de dosis para países de ingresos bajos y medios por medio de una asociación con el Serum Institute de India. Ha prometido vender la vacuna sin ánimo de lucro –por entre dos y tres dólares estadounidenses por dosis– durante todo el tiempo que dure la pandemia.

Estados Unidos se ha asegurado ya pedidos de más de 1.000 millones de dosis –más de tres dosis por persona– de las tres vacunas sobre las que se han anunciado resultados hasta ahora, mientras que Reino Unido, Canadá y Japón se han asegurado más de dos dosis por persona de las tres vacunas, además de alcanzar acuerdos para otras vacunas aún en desarrollo. Aunque la vacuna de Oxford/AstraZeneca dará un enorme impulso al acceso de varios países, los suministros acordados para la mayoría de los países de ingresos y bajos sólo alcanzan todavía para una pequeña parte de sus poblaciones.

Son muchos los países que han efectuado ya pedidos de dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, entre ellos la UE (400 millones), Estados Unidos (300 millones), China (200 millones) Japón (120 millones), Reino Unido (100 millones) Brasil (100 millones), Indonesia (100 millones), Australia (33,8 millones), Egipto (30 millones), Argentina (22 millones) y Canadá (20 millones). Se ha alcanzado también un acuerdo con México y Argentina para producir vacunas para países de Latinoamérica.

Las empresas farmacéuticas y los institutos de investigación desempeñan una función decisiva en lo que respecta a facilitar el disfrute del derecho a la salud. De acuerdo con el derecho internacional, tienen la obligación de respetar los derechos humanos, lo que incluye, entre otras cosas, garantizar que sus vacunas contra la COVID-19 son accesibles y asequibles para el mayor número posible de personas.

Hace dos semanas, un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU instaron a los gobiernos a poner fin al acaparamiento de suministros de vacunas y pidieron a las empresas farmacéuticas que compartieran sus innovaciones a fin de garantizar que todas las personas pueden tener acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas para la COVID-19.