A punto de cumplirse el plazo, el 23 de mayo, concedido a Myanmar para informar de su cumplimiento de la orden de la Corte Internacional de Justicia de tomar “medidas provisionales” para proteger a la población rohinyá, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional, ha afirmado:

“A pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia, nada ha cambiado para las 600.000 personas rohinyás que se calcula que viven en el estado de Rajine en pésimas condiciones, incluidas las alrededor de 126.000 a quienes las autoridades mantienen recluidas indefinidamente en campos.”

A la población rohinyá del estado de Rajine se le siguen negando sus derechos a la nacionalidad, la libertad de circulación y el acceso a los servicios, incluidos los de salud. Está atrapada, además, en medio de un conflicto armado cada vez más intenso entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Ejército de Arakan.

Los bloqueos de Internet siguen privando a la población rohinyá y a otras minorías de los estados de Rajine y Chin de información vital y les impiden vigilar la situación humanitaria sobre el terreno. Este bloqueo informativo hace que la gente corra mayor peligro aún, especialmente en relación con la pandemia de COVID-19.

Aunque las recientes directrices presidenciales dictadas en Myanmar para impedir que el personal público cometa genocidio o destruya pruebas parecen ajustarse a la orden de la Corte Internacional de Justicia, lo cierto es que no se han tomado medidas significativas para poner fin a las atrocidades, incluido el crimen de apartheid.

Una directiva adicional largo tiempo esperada ordena a los funcionarios acabar con el ‘discurso de odio’, pero carece de garantías suficientes que impidan su utilización para restringir todavía más la libertad de expresión. Sin seguimiento y transparencia significativos en el cumplimiento por parte de Myanmar de la orden de la Corte Internacional de Justicia, estas medidas no pueden ser consideradas más que mera fachada.

Hasta que no haya auténtica rendición de cuentas de los responsables de crímenes de derecho internacional, no cabe esperar grandes mejoras en la vida de la población rohinyá y otras minorías étnicas de los Estados de Rajine y Kachin y el norte del Estado de Shan. Estas poblaciones sufren todavía violaciones generalizadas de derechos humanos a manos de las autoridades de Myanmar. Amnistía Internacional reitera su llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que remita con urgencia la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional.”

Información general

El 11 de noviembre de 2019, Gambia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que acusaba a Myanmar de incumplir las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio, de 1948. La demanda incluía la petición urgente de que la Corte ordenara “medidas provisionales” destinadas a prevenir todos los actos que pudieran constituir crimen de genocidio contra la población rohinyá o contribuir a él y proteger a la comunidad frente a nuevos daños mientras se veía el caso.

Las vistas públicas sobre las medidas provisionales se celebraron en La Haya del 10 al 20 de diciembre de 2019. La delegación de Myanmar, encabezada por la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, rechazó las acusaciones de genocidio e instó a la Corte a rechazar el caso y denegar las medidas provisionales.

El 23 de enero de 2020, la Corte accedió a las medidas provisionales y ordenó a Myanmar informar de su implementación dentro de cuatro meses, así como cada seis, posteriormente, hasta que se fallara el caso. En su decisión, la Corte ordenaba a Myanmar tomar todas las medidas que estuvieran en su mano para proteger a la población rohinyá de genocidio, garantizar la protección de las pruebas relativas a denuncias de genocidio e impedir la incitación pública a cometer genocidio.

La orden se dictó sólo unos días después de que la Comisión de Investigación Independiente, establecida por el gobierno, presentara al presidente de Myanmar su informe final sobre el Estado de Rajine. La Comisión concluyó que, aunque las fuerzas de seguridad de Myanmar podrían haber sido responsables de crímenes de guerra y “uso desproporcionado de la fuerza”, no había indicios de intención genocida. El informe completo aún no se ha hecho público.

Desde febrero, los combates entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Ejército de Arakan, grupo armado étnico de Rajine, se han intensificado en este estado y en el vecino estado de Chin, y se han denunciado graves violaciones del derecho internacional y un aumento de las víctimas civiles, entre ellas la muerte de un miembro del personal de la Organización Mundial de la Salud en enfrentamientos ocurridos el 20 de abril. Las fuerzas armadas y el Ejército de Arakan se han culpado mutuamente del ataque.

El alto el fuego unilateral aprobado a raíz de la pandemia de COVID-19 no se aplica en las zonas de donde las fuerzas armadas combaten contra el Ejército de Arakan, al que las autoridades de Myanmar consideran una “organización terrorista”.