La pandemia de COVID-19 está tensando hasta el punto de ruptura los sistemas de atención médica de todo el mundo. A consecuencia de ello, a muchas personas les está resultando más difícil que nunca acceder al aborto y la contracepción.

Una crisis de salud de esta magnitud obliga a los gobiernos a tomar decisiones difíciles sobre a qué dedicar los limitados recursos médicos. Ahora mismo, en algunos países, como Nepal y Sudáfrica, los proveedores de aborto y contracepción se han visto obligados a reducir sus servicios.

Incluso en los lugares donde los servicios permanecen abiertos, las restricciones de viajar, las medidas de distanciamiento social, la pérdida de empleo y la escasez de medicamentos están creando nuevas barreras al acceso.

He aquí cinco motivos por los que los servicios de salud sexual y reproductiva deben seguir estando disponibles y siendo accesibles durante la pandemia y después de ella.

Uno de cada cuatro embarazos en el mundo termina en aborto. Sin embargo, las leyes restrictivas significan que no todo el mundo puede acceder a este procedimiento de manera segura. Se calcula que, cada año, 22.000 mujeres mueren por abortos inseguros.

Los datos indican que, cuando existen obstáculos al acceso a la contracepción y el aborto seguro, los índices de mortalidad materna aumentan. Estos índices incluyen la muerte durante el parto y la muerte tras someterse a abortos inseguros.

Marie Stopes International (MSI), una ONG que proporciona servicios de contracepción y aborto en 37 países del mundo, ha advertido de que la COVID-19 podría tener un efecto devastador en la salud materna.

La organización calcula que, en los 37 países en los que trabaja, las alteraciones causadas por la COVID-19 podrían dar lugar a 3 millones más de embarazos involuntarios, 2,7 millones más de abortos inseguros y 11.000 muertes más relacionadas con el embarazo.

En pandemias anteriores, se han desviado de forma desproporcionada recursos de los programas de salud reproductiva, lo que ha provocado un aumento considerable de la mortalidad materna.

Por ejemplo, durante la crisis del ébola en África occidental, la investigación demuestra que los progresos en materia de mortalidad materna retrocedieron hasta el punto de 15 o 20 años atrás en algunos países.

En Sierra Leona, se calcula que la reducción del acceso a atención de la salud reproductiva ha causado al menos tantas muertes como el propio ébola. No es sólo que las mujeres y las niñas no pudieran acceder a servicios para salvar su vida, sino que los necesitaban más que nunca. Durante la crisis del ébola hubo un fuerte aumento de la violencia sexual, mientras que los cierres de las escuelas contribuyeron a un aumento del embarazo de adolescentes.

Es probable que estas tendencias se repitan durante la pandemia de COVID-19. El aislamiento forzado en casa puede incrementar la incidencia de la violencia sexual; además, hay más personas que podrían optar por interrumpir su embarazo a causa de motivos económicos, y la demanda de contracepción puede aumentar mientras la gente pospone los planes de tener hijos.

Un modelo económico estima que cada dólar gastado en impedir los embarazos involuntarios reduce en 2,20 dólares el coste de la atención relacionada con el embarazo. Mientras tanto, la OMS calcula que el coste anual de tratar complicaciones graves de abortos inseguros es de 553 millones de dólares estadounidenses.

La salud no es lo único que sufre cuando el aborto y la contracepción se restringen o quedan fuera del alcance.

Si las mujeres y las niñas no pueden elegir cuándo tienen hijos, a menudo no pueden acceder a la educación o tener una carrera, y pueden tener que luchar para mantener a familias numerosas.

La contracepción cambia vidas al empoderarnos para tomar decisiones sobre nuestro futuro. El empoderamiento impulsa el desarrollo social y económico, lo que ayuda a la gente a acceder a sus derechos y reduce la carga sobre los sistemas de salud.

Entre 2000 y 2017, el índice de mortalidad materna se redujo aproximadamente en un 38% en el mundo. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto y a la atención posterior al aborto, reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Es fundamental que este virus no eche por tierra estos progresos.

También existe el riesgo de que los legisladores contrarios al derecho a decidir aprovechen la pandemia como excusa para dar marcha atrás a los duramente ganados derechos reproductivos. Esto ya lo hemos visto en los estados estadounidenses de Texas y Ohio, y hemos presenciado intentos similares en Polonia.

El aborto y la contracepción son problemas con un plazo estricto de tiempo de actuación. Por eso es tan importante que los gobiernos actúen ya para apoyar este tipo de atención médica.

Desde permitir el acceso al aborto y la contracepción mediante la telemedicina, hasta permitir que las farmacias vendan anticonceptivos de emergencia sin receta, pasando por eliminar los tiempos de espera innecesarios y los requisitos de contar con la autorización de varios médicos, hay muchas maneras en que los gobiernos pueden proteger esta atención médica esencial y hacerla accesible a la gente que la necesita.

Cuanto antes actúen, más vidas se salvarán.