Las autoridades tunecinas deben considerar con urgencia la posibilidad de reducir el número de personas detenidas por incumplir las medidas de emergencia sanitaria para impedir la propagación de la COVID-19, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El 31 de marzo, el presidente Kais Said concedió un indulto especial a 1.420 personas presas en un intento de reducir el riesgo de un brote de contaminación por COVID-19 en las prisiones. Aunque se trata de una medida positiva, queda mucho por hacer para proteger a las personas detenidas en espera de juicio y bajo custodia policial que continúan en situación de riesgo.

Desde que el jefe de gobierno del país, Elyes Fakhfakh, anunció la imposición de un cierre nacional a partir del 22 de marzo, la policía ha arrestado al menos a 1.400 personas por incumplir las medidas relativas al toque de queda o el confinamiento.

“Entendemos que las personas que incumplen las medidas de cierre nacional y distanciamiento social pueden dificultar los esfuerzos del Estado para limitar la propagación de la COVID-19”, ha afirmado Amna Guellali, directora adjunta para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

“Pero detener a más personas, dado el elevado riesgo de transmisión, pone en peligro su salud y sólo puede servir para agravar la crisis de salud en curso.”

Amnistía Internacional ha recomendado que las autoridades tunecinas consideren la adopción de medidas no privativas de libertad para las personas acusadas de violar las medidas de emergencia adoptadas por el Estado para controlar la propagación del virus. Para reducir la exposición de las personas detenidas a la COVID-19, las autoridades deben evitar también el hacinamiento en los centros de detención de la policía o en las celdas de los tribunales.

Los niveles de los servicios de saneamiento y salud en las prisiones y los centros de detención son muy deficientes. “A menudo se recluye a las personas en celdas atestadas donde es prácticamente imposible mantener el distanciamiento físico”, ha afirmado Amna Guellali.

Información complementaria

El hacinamiento grave y generalizado y las deficientes condiciones en las prisiones tunecinas son motivo de máxima preocupación ante el brote de COVID-19. Según datos del gobierno, al final de 2018 las prisiones de Túnez albergaban a 22.600 personas, superando la capacidad máxima de 17.700 personas reclusas. Hasta el 50% de la población penitenciaria está en detención previa al juicio, y hay miles de personas encarceladas por delitos leves no violentos, como el consumo o la posesión de drogas.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las poblaciones reclusas están particularmente expuestas a enfermedades infecciosas como la COVID-19 y las condiciones de detención pueden agravar los riesgos.

El 25 de marzo, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió a los gobiernos de las consecuencias “catastróficas” para las personas detenidas y las comunidades en general si no se abordan el hacinamiento en los centros penitenciarios y las deficientes condiciones de reclusión durante la pandemia de COVID-19.

Según el derecho y las normas internacionales sobre condiciones de detención, las autoridades tunecinas deben garantizar que todos los presos y presas pueden acceder sin demora a la atención médica. Estas personas deben disfrutar plenamente del nivel de atención de la salud disponible en la comunidad, incluso en lo referente a las pruebas de COVID-19 y a su prevención y su tratamiento.