Viernes, 14 de febrero, 2020
“Las fuerzas armadas nigerianas han incendiado y causado el desplazamiento forzoso de aldeas enteras como respuesta a una reciente escalada de los ataques del grupo armado Boko Haram”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, basándose en entrevistas con personas afectadas del estado de Borno y en análisis de datos satelitales.
Además, los militares detuvieron arbitrariamente a seis hombres de las aldeas desplazadas, continuando una constante de violaciones de derechos que Amnistía Internacional ha documentado en los diez años de conflicto armado en el nordeste del país. Los hombres estuvieron incomunicados casi un mes y fueron sometidos a malos tratos antes de ser liberados el 30 de enero de 2020.
“Estos flagrantes actos en los que se han arrasado aldeas enteras, se han destruido deliberadamente viviendas civiles y se ha desplazado por la fuerza a sus habitantes sin que hubiera razones militares imperativas deben ser investigados como posibles crímenes de guerra”, dijo Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.
“Vimos nuestras casas incendiarse”, recordó una mujer de unos 70 años de Bukarti. “Todos nos echamos a llorar”.
Después, los camiones se llevaron a más de 400 mujeres, hombres, niños y niñas desde Bukarti y Matiri hasta un campo para personas desplazadas cerca de Maiduguri.
Según tres residentes de Ngariri, al día siguiente, 4 de enero, los soldados fueron a Ngariri, una aldea situada enfrente de Bukarti, al otro lado de la carretera principal. Los soldados reunieron sobre todo a las mujeres y hombres de más edad, pues las personas adultas jóvenes ya habían huido a las tierras de cultivo de alrededor, y las obligaron a subir a un camión que las condujo a Maiduguri. Después arrasaron Ngariri.
Algunas personas que regresaron para comprobar cómo estaban Bukarti y Ngariri dijeron a Amnistía Internacional que habían quemado todo. Las imágenes satelitales corroboran que ambas aldeas fueron incendiadas a principios de enero.
Testigos entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que no pudieron llevarse consigo sus pertenencias, por lo que lo habían perdido todo: sus casas, sus joyas, su ropa y, lo más devastador, las cosechas que habían guardado tras la recolección.
“Todo lo que cosechamos quedó destruido y algunos de nuestros animales murieron”, dijo un agricultor de unos 60 años. “Tenía un año [de cosecha] almacenado; es lo que habría vendido para comprar ropa y otras cosas para mi familia”.
“Quemaron todo, incluso nuestra comida; podía haber servido para alimentar [a mi familia] dos años”, dijo otro hombre de unos 30 años, que volvió semanas después para ver la destrucción. “Nuestra ropa, nuestra comida, nuestras cosechas, nuestros hervidores. Hasta la carretilla que usábamos para traer agua. Solo quedan los platos de metal, todo lo demás está quemado”.
Ordenar el desplazamiento de los habitantes de estas aldeas cuando no había motivos de seguridad o razones militares imperativas constituye un crimen de guerra. El incendio posterior de sus casas podría constituir también un crimen de guerra.
“No teníamos comida”, dijo un exdetenido. “La gente allí tiene hambre. Era horrible”.
“Dicen que nos salvaron de Boko Haram, pero es mentira”.
“El gobierno nigeriano no debe barrer estas violaciones de derechos bajo la alfombra. Deben ser investigadas, y los presuntos perpetradores deben ser enjuiciados. Además, deben tomar las medidas necesarias para garantizar que las operaciones militares no provocan el desplazamiento forzoso de la población civil”, concluyó Osai Ojigho.